A RIO REVUELTO GANANCIA DE LAS TRASNACIONALES

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 13 de diciembre de 2013)

El gobierno nacional ha anunciado como una gran cosota el acuerdo reciente con las trasnacionales LG y Chery – sudcoreana la primera, china la segunda- para producir en Venezuela electrodomésticos y motores de carros, respectivamente.

Obviamente se trata de montar en el país armadurías de ese tipo de bienes, por la vía de traer desde los países de origen las partes y piezas que correspondan. Para esos efectos tienen que asegurarles a estas empresas transnacionales los dólares suficientes para traer los insumos necesarios para armar en el país las cantidades de los producto0s finales que hayan sido convenidas con el Gobierno. Si se les va a imponer la larga y tortuosa permisología para poder optar a los dólares oficiales que se les impone a las empresas nacionales, ni los chinos, armados de su proverbial paciencia, se habrían metido en este lio. Es dable suponer, por lo tanto, que el convenio establece formas particulares de acceso a las divisas necesarias para comprar las partes y piezas que serian armadas en el país.  ¿O los sudcoreanos y los chinos traerán esas mercancías sin tener un mecanismo claro y seguro de pago? ¿Serán así de ingenuos y de simpáticos? ¿O les pagarán con petróleo, como las otras deudas que ya se han ido acumulando con los chinos? No hay respuestas seguras a estos interrogantes, pues los convenios no se conocen en su integridad.

Los bienes finales producidos por esta vía, lo más probable es que sean  vendidos directamente al Gobierno, o a empresas señaladas por éste, para que por esa vía lleguen directamente al público, al precio que el gobierno quiera. Las empresas LG y Chery tienen que asegurar su ganancia en ese primer eslabón de la cadena de comercialización: la venta de la mercancía al Gobierno. Lo que pase de allí en adelante ya no les compete ni les interesa. Lo que si les interesa y muchísimo es tener claro que pasará con los bolívares que obtendrán en ese negocio. Si no les autorizan a convertir rápidamente esos bolívares en dólares, el negocio se cae, a menos que les paguen directamente en dólares. Tiene que haberse convenido un mecanismo claro y expedito para remesar utilidades al país de origen. Si no, ni los chinos ni los sudcoreanos se habrían metido en este asunto. Ellos saben tan bien como todo el mundo que los inversionistas extranjeros en este país pasan meses y años sin que les autoricen la remesa de utilidades. Si ellos se metieron en este negocio - de armar lavadoras y motores en el país - es dable suponer que es porque les dieron seguridades de que no los iban a hacer pasar por ese vía crucis. Tampoco se habrían metido en este negocio si el precio de compra de las lavadoras y de los motores por parte del Gobierno va a quedar  sujeto a fijaciones arbitrarias de precios o si se van a producir requisas arbitrarias a sus bodegas por concepto de acaparamiento. Todo parece indicar, por lo tanto, que se está en presencia de tratos discriminatorios en contra de los empresarios nacionales - y también en contra de generaciones anteriores de inversionistas extranjeros - para efectos de favorecer a ciertas empresas transnacionales. 

Mientras no se conozca la letra chica, es difícil suponer que la cantidad de valor agregado nacional de las mercancías armadas en el país sea lo suficientemente alto como para pasar las vallas establecidas en esta materia en el  Mercosur. Serán, probablemente consideradas internacionalmente como productos chinos o sudcoreanos armados en Venezuela, pero no como productos venezolanos que puedan ser exportados a los países socios de la región. Serán productos, por lo tanto, solo para el mercado nacional.

Todo esto no hay dudas de que será muy provechoso y seguro para las empresas transnacionales LG y Chery - y para otras que sigan su ejemplo - que tendrán un mercado cautivo sin pasar por grandes complejidades de competencia ni de marketing. Será también relativamente ventajoso para el Gobierno que tendrá a su disposición bienes para repartir al precio que se le de la gana, sin preocuparse del incomodo cálculo capitalista de ingresos, costos y ganancias. Además, el Gobierno se saca de encima la presión de los empresarios nacionales para tener acceso a las divisas con las cuales se podría hacer lo mismo, pero un poco más barato. Al público consumidor, a su vez, se le podrá vender la idea de que todo esto lo beneficia, pues los bienes llegarán a sus manos  baratos o regalados, pero en el fondo lo que el público no paga directamente de su bolsillo, lo termina pagando de las arcas del Fisco, que también en última instancia es plata de los ciudadanos nacionales. El único que pierde es el país, que malgasta sus divisas en una operación que destruye un pedazo importante de la industria nacional. 

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NO ES POSIBLE CONTROLARLO TODO

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 6 de Diciembre de 2013)

En su afán de controlarlo todo al Gobierno se le están escapando las compras y ventas  realizadas en varios importantes mercados del país.

En el campo del internet, por ejemplo, Gobierno ha respetado, por ahora, la medida dictada por ellos mismos en el sentido de que los venezolanos pueden realizar compras de bienes y servicios en el exterior, vía internet, hasta por un  monto de 400 dólares anuales. En este campo les  ha preocupado más la cantidad bruta que el detalle de cada operación.

Pero dentro del país hay un campo grande y creciente de compras y ventas que se realizan por la vía electrónica, en las cuales la intervención del Gobierno se muestra un tanto retardada. En ese mercado, se ubican grandes vendedores y miles de compradores, que no están obligados por nadie a realizar con los primeros operaciones de compra y venta, pero que las realizan libre y soberanamente por considerar que eso les conviene de alguna forma. Pero es altamente probable que las empresas vendedores, aun cuando tengan que pagar los costos de despacho, obtengan una ganancia que supere el 30% - que es la tasa limite que alguien en las  alturas del poder inventó, aun cuando no está todavía claro si se trata de una tasa anual, mensual o semanal – pues no tiene que pagar locales de venta y  exhibición. Habría que analizar esa situación y caerles encima con todo el peso de la ley si es que se descubre algún nivel de ciberestafa al usuario oculto en estas redes tan poco transparentes.

También en ese mercado electrónico hay miles de  vendedores de ocasión que se encuentran con otros tantos miles de compradores de ocasión y deciden realizar un cambio de propiedad sobre ciertas mercancías claramente identificadas. El precio que impera en estas transacciones está hasta ahora, dado por la oferta y la demanda. Seguramente muchos ofertan, a un precio determinado, productos que han comprado en algún momento del pasado, a precios más bajos. Están obteniendo, por lo tanto, una tasa de ganancia. Incluso es posible que esa tasa de ganancia sea superior al 30%, con lo cual se ubicarían claramente en el campo de los burgueses usureros, vendepatrias y parasitarios.  No hay razón alguna para que el Gobierno no intervenga rápidamente para poner fin a esta insólita situación. Y la solución es bastante fácil. Bastaría con imponer que cada una de las mercancías que allí se transan sea previamente tasada por un funcionario gubernamental para establecer que se está vendiendo a un precio justo, previa presentación, desde luego, de los papeles de compra y de los demás recaudos que den cuenta de los costos en que el vendedor ha incurrido durante la tenencia en su poder de esa mercancía.

Hay otros mercados que se creen intocables y que no deberían escapar a la acción redentora del Gobierno. La confección de tortas, por ejemplo, por parte de algunas señoras, para venderlas en su propio barrio, a 200 metros a la redonda de su propia casa – para amenizar cumpleaños y celebraciones - pero sin factura, sin permiso sanitario, sin un control de precios que asegure un precio justo e incluso usando para tales fines harina importada con dólares oficiales.  

También llama poderosamente la atención la cría doméstica de gallinas por parte de algunos pequeños campesinos, que han sido sorprendidos en algunas ferias, sobre todo en el interior del país, vendiendo sus gallos y gallinas, todavía vivos, sin respeto alguno a las tasas de ganancia permitidas. 

Cabe mencionar, además, que en muchas de las ferias de hortalizas que se desarrollan semanalmente en muchos puntos de la propia ciudad de Caracas hay quienes han sido sorprendidos in fraganti vendiendo las zanahorias al mismo precio que las lechugas, aun cuando los costos de producción no son exactamente iguales, razón por la cual alguno de los dos productores está obteniendo una ganancia extraordinaria que no hay razón alguna para que sea permitida.

Todos estos casos están en etapa de estudio por parte de comisiones especialmente constituidas para tales efectos, las cuales entregarán prontamente sus conclusiones a las autoridades correspondientes. Dios nos pille confesados cuando eso suceda..

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PRECIO DE COSTO Y PRECIO DE REPOSICION

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 22 de Noviembre de 2013)

Es una verdad de Perogrullo que cuando se cabalga sobre una inflación cercana o superior al 50% anual, el precio de todos los bienes y servicios aumentan en forma sistemática a lo largo de un tiempo relativamente corto. Cinco o más por ciento al mes - como fue el nivel del IPC del mes de octubre recién pasado - implica un incremento de precios superior al 1 % semanal. Ese incremento de precios afecta no solo a los bienes y servicios finales - que van a ser adquiridos por los consumidores - sino que afecta también a los insumos y materias primas que van a ser adquiridos por los empresarios para producir las mercancías que finalmente van a satisfacer las necesidades de los consumidores.

Si un empresario  compró materias primas, insumos y trabajo humano por un valor total de 100, para producir bienes que se venden en 110, se puede decir - con algunos supuestos simplificadores -  que sus costos son 100 y que obtiene una ganancia de 10. Este hipotético empresario puede, en circunstancias normales, carentes de inflación, quedarse con los 10 - destinarlos a su propio consumo y el de su familia - y destinar los otros 100 que obtuvo de la venta de sus mercancías a reiniciar el proceso productivo. Puede volver a comprar materias primas, insumos y trabajo por valor de 100, y volver a producir mercancías  que se pueden vender en el mercado por un precio de 110. Pero si todo esto sucede en tiempos de inflación - por ejemplo, si estamos frente a una inflación de 10 % - el empresario que vende en 110, no puede quedarse con 10 de ganancia y volver a adquirir todo lo que necesita para producir con los 100 restantes.  Mientas él producía y vendía, los precios de las materias primas, insumos y del propio trabajo, subió a 110. Con los 110 que obtuvo no le alcanza para reeditar su proceso productivo en las mismas condiciones que antes. Si quiere seguir consumiendo- él y su familia - por valor de 10 - tiene que destinar solo 100 a la reproducción de su actividad productiva. Con esos 100 solo puede producir aproximadamente el 90 % de lo que producía anteriormente. La inflación, en este eventual escenario, no solo  genera baja de la producción, sino que genera una manifiesta descapitalización del empresario y, posiblemente, un despido de algunos de sus operarios.  

Una posibilidad distinta es que este hipotético empresario - aun cuando no tenga una bola de cristal - visualice lo que sucederá con los precios en el futuro cercano, y para poder seguir en el negocio en que ha estado siempre, decida vender en 120 los primeros bienes y servicios producidos, no ya en 110. Con 120 puede volver a  comprar los mismos insumos que antes, que tendrán ahora un costo en el mercado de 110, y puede seguir produciendo y vendiendo la misma cantidad de mercancías. Pero esto implica que no vende de acuerdo a sus costos históricos, sino que vende de acuerdo al eventual costo de reposición, con lo cual la inflación se generaliza y se acelera, dando  un brinco superior al inicial. Además, contablemente, este empresario aparecerá obteniendo una ganancia de 20 %, pues tiene costos de 100 y vende en 120, lo cual parece altamente especulativo. Si la expectativa de inflación fuera mayor que la mencionada, el incremento de los precios en función del costo de reposición sería mayor aun. Es decir, la expectativa respecto a  los precios futuros determina o condiciona los precios presentes.

 Otro escenario posible es que el gobierno les asegure a los empresarios que sus costos seguirán en 100, o subirán levemente, con lo cual no habría razón alguna como para que nadie suba sus precios a  120, a menos, claro está, que nadie le crea al gobierno sus promesas o sus planes. Si el gobierno diera señales claras, sensatas y creíbles, avaladas por medidas coherentes y sistémicas de política económica, podría generar una matriz de opinión en el sentido de que los precios no subirán, y eso podría ser un elemento poderoso para lograr que efectivamente no suban. Pero si la liquidez monetaria crece en más del 50% anual y las devaluaciones del bolivar se suceden una a otra en forma encubierta o disfrazada, y si el déficit fiscal crece en forma sostenida, sobre todo en época electoral, y el presupuesto fiscal es un juego de política ficción, es posible que cunda la incertidumbre y la desconfianza y más de alguien piense que los precios van a seguir subiendo.

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FIJAR LA TASA DE GANANCIA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 18 de Noviembre de 2013.)

Supongamos que la ganancia de una empresa está constituida por  todo el ingreso que ésta obtiene por concepto de ventas, menos todos los costos en que incurrió para producir las mercancías. Supongamos además, que la tasa de ganancia es la relación entre esa ganancia, así definida, y el total de los costos.

Dos productos exactamente iguales -por ejemplo, dos canillas de pan tal como las que se venden en el común de las panaderías del país – producidas por dos panaderías diferentes, no tienen exactamente los mismos costos. Si seguimos con este ejemplo del pan, los locales en que se producen y se venden esos panes no tienen el mismo costo por concepto de alquiler. Eso depende de la zona de la ciudad donde se ubique cada panadería y del estado del edificio. Además, si una panadería vende 1.000 canillas al día y la otra vende 2.000 canillas al día, el costo de cada canilla no es el mismo en cada panadería, pues en la medida en que la cantidad producida aumenta, el costo del producto suele disminuir. Es lo que los economistas llaman las economías de escala. A mayor escala de producción  menores costos unitarios, pues los costos fijos se reparten entre una cantidad mayor de unidades producidas. A todo eso se puede agregar el hecho de que la maquinaria y equipo que emplea una y otra panadería pueden haber sido comprados en momentos diferentes del tiempo, con costos diferentes, con calidades y productividades diferentes, con vida útil diferente y por lo tanto, con montos de depreciación anual diferentes.

Todo eso lleva a que producir una canilla en dos panaderías diferentes de Caracas puede tener costos diferentes. Si a ese costo, en cada panadería, se le agrega una determinada tasa de ganancia - por ejemplo de 20 % en cada caso - se tiene que llegar necesariamente, a precios de venta diferentes. Cada canilla tendría que venderse a un precio diferente en cada panadería de Caracas, para lograr que la tasa de ganancia sea la misma en todas ellas. Los cálculos que habría que hacer para calcular los costos en cada panadería serían largos y complicados, sobre todo teniendo en cuenta que las panaderías en Caracas deben ser varios cientos. Controlar, después, que cada panadería venda efectivamente su respectiva canilla al precio que resulte de ese cálculo de los costos más la tasa de ganancia fijada por igual para todas, sería igualmente una tarea bastante complicada. Se necesitaría un funcionario de Indepabis, por lo menos en cada panadería.

Eso sucedería así con cada mercancía para la cual hay más de una empresa en el país.  Si las empresas productoras de un bien  son, por decir algo, tres o cuatro, es casi seguro que entre ellas habrán diferencias de costos, aun cuando el producto generado sea casi exactamente igual de una empresa a otra.  Imponerles una tasa igual de ganancia a todas ellas implicaría que productos muy parecidos, casi iguales, se vendan por precios diferentes dependiendo de quién los produjo. Sucedería así con los zapatos, con el trigo, con la mantequilla, con el arroz, etc. 

Ahora, si entre las mercancías que son producidas por varias empresas al mismo tiempo– parecidas entre si pero no exactamente iguales- hay manifiestas diferencias de calidad, además de las diferencias de costos, entonces imponerles  a todos los productos la misma tasa de ganancia implica darles una clara señal a todos los empresarios en el sentido de que la mayor calidad no es una situación que reciba premios en el mercado, y que es mucho mejor -  y mucho menos complicado - homologarse todos por abajo, con la empresa menos productiva, de mayores costos y de menores calidades, pues de todas maneras, todos obtendrán la misma tasa de ganancia, e incluso puede que la ganancia bruta aumente, si es que los costos aumentan y la tasa de ganancia se mantiene.

Sería interesante preguntarse si todo este tremendo enredo y la consiguiente burocracia y corrupción que se generaría ayudaría en algo al sufrido pueblo consumidor del pan nuestro de cada día. 

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EL SICAD NO SIRVE PERO ENTRETIENE.

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 12 de Noviembre de 2013.)

El SICAD es el reino de la incertidumbre. Es incierto el monto de los dólares a los cuales se puede acceder por este mecanismo. Es incierto el momento en que podrás disponer de los dólares que te asignen. Es incierto el precio de los dólares que recibas, y es incierto el mecanismo mismo, pues nunca se sabe si el sorteo te beneficiará o no. En esas condiciones no sirve de mucho para llevar adelante una planificación ordenada del proceso ni de importaciones ni de exportaciones.

Los importadores no pueden comprar mercancías en el exterior y decirle al proveedor que le pagarán siempre y cuando salgan sorteados en la próxima subasta del Sicad y siempre y cuando la cantidad asignada se corresponda con la deuda que se acumule.  Casi nadie puede en el mercado internacional comprar o vender nada si no tiene alguna seguridad respecto al monto y al momento en que recibirán el pago correspondiente. Si la compra ha sido aceptada por Cadivi, los dólares que se logren por la vía del SICAD pueden compensar en algo la deuda acumulada, pero sería un verdadero milagro que la asignación  por vía del SICAD se corresponda plenamente con la deuda de CADIVI. Sin embargo, entre concursar a los fondos SICAD y no concursar, más vale concursar. Nunca están de más esos dólares asignados, pero nadie puede pensar que se puede a partir de esas asignaciones planificar las importaciones  normales y fluidas que el país necesita realizar. En otras palabras, el SICAD no es ni puede ser la columna vertebral del acceso a las divisas para efectos de financiar las importaciones venezolanas.

La gran empresa venezolana que es parte de una gran empresa trasnacional puede resistir esta situación en mejor forma que las empresas medianas o pequeñas. Tienen más músculo financiero como para acumular deudas en algún punto de la cadena de producción o de comercialización y tiene mayor control del mercado como para compensarse vía precios una vez que los dólares fluyan.  Pero la empresa importadora, mediana o pequeña, con proveedores independientes, no tiene la misma capacidad de resistencia. En otras palabras, la actual política de comercio exterior y de acceso a las divisas, es una política que beneficia a la gran empresa y que fomenta la concentración del poder económico.

En materia de exportaciones no petroleras la situación es similar. No hay ningún producto manufacturero – y ni siquiera agrícola o minero- que no tenga algún componente importado. Si no hay un acceso seguro, fluido y transparente a las divisas necesarias para importar esos insumos o materias primas, no hay producción, y si no hay producción no hay exportación. Nadie puede salir al mercado internacional a ofrecer una mercancía que será producida siempre y cuando la empresa salga sorteada en una próxima subasta del SICAD y pueda por lo tanto adquirir los insumos importados que necesita. Nadie puede vender en esa forma. El comprador internacional necesita seguridad en las cantidades disponibles y en las fechas de entrega. Solo puede exportar el que tiene un volumen muy grande de materias primas o insumos en bodega, o el que tiene la suerte de que Cadivi le apruebe con regularidad las peticiones que se le formulan. Los demás, en el mejor de los casos, pueden exportar a borbotones, en la medida en que vayan accediendo a las divisas, lo cual es una forma de insertarse en los circuitos del comercio internacional contemporáneo que no asegura éxito alguno.  

La incertidumbre o el azar - o el dejar el acceso a las divisas sujeto a la suerte del acreedor en subastas  o loterías administrativas - no es un mecanismo con el cual se pueda operar en serio en el campo del comercio internacional.   

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EL DOLAR TURISTA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 8 de Noviembre de 2013.)

El último invento de este Gobierno en materia de política cambiaria es el dólar-turista. En pocas palabras, se trata de autorizar a los turistas extranjeros a que cambien una determinada cantidad de dólares a un precio un poco más elevado que el tipo de cambio oficial actual, y en una cantidad mayor de puntos de venta disponibles en lugares de fácil acceso por parte del visitante internacional, como aeropuertos y hoteles.

Se trata, sin lugar a dudas, de una medida bastante desesperada para poder captar los pocos dólares que traen los turistas y que actualmente terminan quedando en manos de cambistas particulares. Con esta medida, es dable esperar, por lo menos, que  los turistas cambien en el aeropuerto lo necesario para el taxi - sin temor a ser apresados por estar violando la ley - hasta que no se pongan en contacto con sus amigos o compañeros de trabajo. No será mucho, por lo tanto, lo que recaudará por esta vía. No hay que hacerse muchas ilusiones. Además, la cantidad de turistas de verdad-verdad que llegan a Venezuela son cada vez menos, aun cuando las cifras estén aumentadas por el turismo político, compuesto por ciudadanos muy desconocidos en sus países de origen que viajan invitados por Venezuela a todo tipo de eventos, seminarios y celebraciones. Esos no solo no dejan nada, sino que salen bastante caros. Son parte de los costos que hay que pagar por mantener buenas relaciones públicas.

Una cosa que no se entiende, en todo caso, es la cuota que le han puesto a cada turista, que se supone es de 10 mil dólares. Si este quiere gastar durante su estadía una cantidad mayor, no puede hacer el cambio correspondiente en las oficinas de cambio que le ofrecerá el Estado venezolano, sino que tiene que entenderse con los cambistas particulares, o tiene que limitar sus ansias consumistas, pues puede generar una mala imagen en el público local.   

Estas medidas no significarán nada muy importante en términos de mayores  dólares para las escuálidas arcas del Banco Central, ni atraerán más turistas a las costas de Venezuela. El turismo no consiste en vender naturaleza, sino en vender servicios para que el turista pueda disfrutar de la naturaleza. Y vender servicios exige infraestructura hotelera; seguridad personal; buena locomoción; carreteras transitables; aviones con horarios que se respeten; tipo de cambio conveniente y competitivo con las múltiples ofertas que existen del mismo servicio en el Caribe y en el mundo; agua potable; playas no contaminadas; luz eléctrica las 24 horas del día; acceso a los bienes esenciales; trato amable en los aeropuertos, etc.

Y aun cuando logren recaudar unos cuantos dólares más - ya sea por mayor cantidad de turistas, o por mayores operaciones de cambio de dólares de los mismos - eso no significará nada en términos de los problemas actuales de Venezuela en materia de disponibilidad de dólares y de financiamiento de su comercio exterior. Se trata, en última instancia de medidas puramente efectistas. Los problemas de fondo en materia de comercio exterior dicen relación con el deterioro y falta de productividad de la industria petrolera, con la ausencia de una política de promoción de las exportaciones no petroleras, con el nivel elevadísimo de la tasa riesgo país y, por lo tanto, del elevado costo del endeudamiento externo, con la subvención estatal al turismo externo, con la fuga astronómica de capitales, con la ineficiencia estatal en los procesos de compra y procura internacional, y con la corrupción en la compra de bienes y servicios en el exterior. Nada de eso parece estar en vías de solución.

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PARAGUAY NO ESTA QUIETO EN EL MERCOSUR

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 1 de Noviembre 2013.)

Acaba de suceder algo muy extraño en la diplomacia regional: en declaraciones realizadas en el contexto de la visita del Presidente Cartes, de Paraguay, a Montevideo - y de sus entrevistas con el Presidente Mujica, de Uruguay - se supo que Paraguay representará al Mercosur en las negociaciones con la Unión Europea.

Esta situación es doblemente extraña. Por un lado, por el hecho de que Venezuela - que tiene la Presidencia pro tempore de ese bloque sub regional latinoamericano -  no sea quien encabece esa negociación. La dejaron por fuera. En segundo lugar, ni siquiera tuvo Venezuela el honor de actuar como vocero del grupo, para dar a conocer la noticia de que se había nombrado a otro país para ese objetivo concreto. La noticia la dieron Mujica y Cartes. El pequeño Paraguay - que le infringió a Venezuela una de las humillaciones diplomáticas más grandes que se conozcan en la diplomacia regional, vetando durante años su ingreso al Mercosur - sigue en alguna medida, en la actualidad, causándole problemas a una Venezuela que tiene hoy en día menos peso continental que antaño.

 Como en la diplomacia las cosas no se hacen al azar, cualquiera está autorizado a reflexionar sobre cual es el significado exacto de los hechos que relatamos.

Una hipótesis interpretativa es que los países del Mercosur están deseosos de darle a Paraguay algún tipo de satisfacción por la expulsión de que fue objeto tiempo atrás.  Para darle algún tipo de compensación frente a las ofensas e injusticias pasadas, y para que vuelva en gloria y majestad al seno del Mercosur, se le da esa responsabilidad de encabezar la negociación con Europa.

La otra interpretación posible es que los países del Mercosur saben que Venezuela no tiene ningún interés en suscribir- ni individual ni colectivamente -un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y no pueden por lo tanto ponerla a encabezar esas negociaciones, pues sería apostar claramente por su fracaso.

Una tercera línea interpretativa es que Mercosur - ya conseguido el acceso privilegiado al mercado venezolano - se enfrenta cara a cara a sus viejos problemas de aislamiento internacional y les busca solución por las únicas vías posibles, sin prestar mucha atención al ideologismo con que Venezuela lleva adelante su política comercial internacional.

Pero independientemente de estos aspectos diplomáticos, cabe también preguntarse, al calor de estos acontecimientos, cual es la real posibilidad de que el conjunto del Mercosur termine firmando un TLC con la Unión Europea. Todo parece indicar  que como grupo es casi imposible que todos firmen un acuerdo que establezca, para todos por igual, nuevos deberes y derechos comerciales. La tozudez de algunos imposibilitaría una figura de esa naturaleza. Pero se abre la posibilidad más realista, de que un TLC entre Mercosur y la UE establezca ritmos y velocidades distintas en el proceso de integración para cada uno de los países firmantes, desde una velocidad cercana a cero para Venezuela, hasta velocidades más alta para el resto de los países. Esa parece ser una alternativa que permitiría alcanzar objetivos concretos y satisfactorios para todos y cada uno en ese proceso de negociación. Pero aun aceptando esta posibilidad formal sigue abierta la duda sobre si es posible que Mercosur y la UE avancen hacia una situación de libre comercio. Una vez más, el problema central para un acuerdo de esa naturaleza son los productos agropecuarios. Europa, acostumbrada durante años a subsidiar bajo diferentes mecanismos a su producción agropecuaria, no ve con buenos ojos abrir sus mercados a los cereales, los lácteos y las carnes provenientes de esta parte del planeta.

La Unión Europea se encuentra en estos momentos inserta en tres procesos de negociación comercial de gran trascendencia internacional. Por un lado negocia con Estados Unidos, lo que se ha denominado el Pacto Transatlántico, el cual generaría un  área de libre comercio entre esas dos gigantescas zonas geográficas, económicas y demográficas del planeta, con inmensa significación política y económica. Pero negocia también con Japón e intenta negociar con el Mercosur, pues el eventual acuerdo con Estados Unidos no implica que la vieja Europa vaya a dejar de competir comercialmente con USA en cada rincón del planeta donde pueda hacerlo. Frente a esos inmensos reacomodos de la geografía económica mundial que están en curso, Mercosur no quiere quedarse fuera. Solo Venezuela hace doctrina de su aislamiento. 

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RIESGO PAIS DE VENEZUELA CON INDICE 1.044

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 25 de Octubre del 2013.)

Venezuela tiene, en estos momentos, el nivel de riesgo país más elevado de toda la América del Sur. Durante algún tiempo Venezuela disputó con Argentina este triste papel, pero hoy en día Venezuela exhibe cómodamente un nivel de riesgo país bastante superior al que presenta Argentina. Según los datos del EMBI (Emerging Markets Bonds Index), que es el índice más corrientemente utilizado en esta materia a nivel internacional, nuestro país tiene un índice de riesgo de 1044, mientras que Argentina llega solo a 904, al igual que  Brasil. Los que presentan menores índices de riesgo país en América del Sur son Colombia, con 167, Perú con 171 y Chile con 173.  

El índice EMBI es elaborado por el JP Morgan Chase, y se viene  construyendo y publicando desde hace varias décadas. Mide la diferencia entre la cotización de los bonos del Tesoro norteamericano y los bonos soberanos de un determinado país. En otras palabras, mide el diferencial entre las tasas de interés que acepta el que compra uno u otro de los papeles mencionados. Si, por ejemplo, un comprador de bonos del Tesoro norteamericano acepta una tasa de interés de 2 % al adquirir ese papel, y solo acepta una tasa de 12 % como para adquirir el bono de un país X, entonces podemos decir que ese diferencial de 10% constituye el índice de riesgo país de dicho país. Obviamente, un eventual comprador aspira a una tasa de interés más elevada si es que el papel que está comprando es más riesgoso, es decir, si la posibilidad de no pago es más elevada.

El índice de riesgo país no es lo mismo que la tasa de rentabilidad esperada de los bonos de un país determinado, aun cuando ambos conceptos están íntimamente relacionados. Tampoco es la  misma cosa que las calificaciones que las empresas especializadas hacen de la calidad de  los bonos de los diferentes países. Estos conceptos son, por lo general una proyección o una visión del futuro, y puede, por lo tanto, tener una carga inescapable de subjetividad,  mientras que el índice riesgo país es una medición  de lo que el mercado ha mostrado, en el pasado reciente, en materia de valoración de los bonos del país que se analiza   

El índice riesgo país mide tres aspectos: el riesgo soberano - que dice relación con  la decisión que puede tomar el país emisor de no honrar los bonos que ha emitido -, del riesgo de transferencia - que es el riesgo de que el país carezca de los dólares suficiente como para pagar el capital y los intereses de los papeles - y del riesgo genérico, que engloba los riesgos políticos, empresariales y otros.

En síntesis, un país con elevado riesgo país, debe ofrecer en el mercado financiero una tasa de interés más elevada para convencer a los inversionistas de que compren ese papel. El país debe pagar más por obtener crédito internacional.

¿Por qué el mercado castiga en esta forma los bonos soberanos emitidos por Venezuela? Una respuesta simple y boba sería decir que eso obedece a una maniobra del imperialismo para desprestigiar y para crearle problemas a la revolución bolivariana. Otra respuesta, pariente de la anterior, consiste en decir que los mercados financieros internacionales se han hecho eco de la campaña alarmista y provocadora, pero sin base alguna, que han llevado adelante los líderes de la oposición venezolana.

Una respuesta alternativa, mucho más sensata, sería decir que los  mercados financieros internacionales conocen bastante bien lo que sucede al interior de Venezuela - en su economía, en su gobierno y en su política - y que ven que los riesgos de invertir en sus papeles es bastante más alta que la de invertir en los bonos de otros países. A pesar de que Venezuela nunca ha dejado de honrar sus deudas externas, sus dificultades para hacerlo son cada vez mayores. A pesar de que el petróleo le proporciona a Venezuela un flujo importante de petrodólares, las reservas del Banco Central están cada vez más bajas, y las dificultades de las empresas y de las personas para poder acceder a los dólares son cada vez mayores.  A pesar de que los productos importados siguen presentes en el consumo de los venezolanos, la dificultad para adquirirlos es cada vez mayor. A pesar de que el Gobierno trata de hacer ver que aquí no hay problema alguno, eso ya no se lo cree nadie, ni dentro ni fuera del país.

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EXPORTACIONES Y PRODUCCIÓN SUFICIENTE

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 23 de Octubre 2013.)

Para exportar hay que contar hoy en día, con un documento emitido por las autoridades gubernamentales en que se haga constar que el mercado nacional está suficientemente abastecido del producto que se pretende exportar, y que, por lo tanto, la exportación  no generará desabastecimiento interno. La idea de fondo que subyace en ese tipo de requisito es que las exportaciones están constituidas por los excedentes que quedan después de que se ha abastecido adecuadamente el mercado nacional. Desgraciadamente, las cosas no funcionan en esa forma en el mercado internacional contemporáneo.

Por un lado, la eventual exportación de excedentes conduce a tratar de enviar al mercado internacional el producto que no se pudo vender en el mercado nacional.  En otras palabras, el repele, o el producto de menor calidad, y en una cuantía y en un  momento incierto. En esa forma, con esa filosofía, es muy difícil conquistar y mantener mercados externos.

Las más de las veces los mercados de otros países requieren que el producto sufra algún grado de adaptación a las condiciones del país receptor. A veces ese proceso de adaptación se refiere a tomar en cuenta las costumbres y los gustos del país donde la mercancía va a ser finalmente consumida – fundamentalmente si se trata de alimentos - y eso pasa por que en el proceso productivo mismo se incorporen los elementos que satisfagan esas consideraciones.  En otras ocasiones la adaptación se refiere a disposiciones legales del país que compra, tales como requisitos técnicos o sanitarios, que implican en última instancia la generación de un producto que tiene determinadas características que lo convierten en un producto sumamente específico. Hay veces también en que el proceso de adaptación al mercado final pasa por cuestiones muy formales, pero no por ello menos importantes, tales como la etiqueta o el empaque, que tienen que ir en idiomas diferentes al del país de origen, o incorporar detalles legales – en algunos casos el nombre o razón social del importador- todo lo cual lleva a que la mercancía que se produce con un destino nacional, no pueda ser enviada posteriormente a un país diferente.  En síntesis, no es posible enviar al exterior aquello que el mercado nacional no fue capaz de absorber. Hay que enviar al exterior aquello que fue expresamente producido para ser vendido en un mercado determinado. Cada envío tiene que ser una suerte de traje a la medida del comprador. Hasta en la venta de productos altamente genéricos, tales como el petróleo, se tiene hoy en día que generar un producto que satisfaga exactamente las condiciones, los requisitos y las calidades impuestos por el importador. No se puede, por  lo tanto, vender excedentes. Hay que exportar el resultado de líneas especializadas en el abastecimiento de determinados mercados objetivos.

Además de lo anterior, las empresas o los países importadores necesitan programar sus compras y necesitan, por lo tanto, que el exportador les asegure determinadas cantidades en determinados  momentos no sólo del corto, sino del mediano plazo. Nadie puede salir al mercado internacional a vender una cantidad imprecisa de mercancías que quizás queden disponibles después de abastecer el mercado interno. Hay que asegurar  y respetar  rigurosamente los montos a ser vendidos y los plazos en que esas mercancías van a ser entregadas. La venta de excedentes, si bien es un fenómeno que tiene presencia en el mercado internacional, es un hecho eventual, que llena determinados nichos tan casuales como la propia oferta, que no obtiene los mejores precios, y que no genera una situación de mercado posible de sostenerse en el tiempo. Nadie puede proyectar su presencia o su inserción en los  mercados internacionales contemporáneos por la vía de la venta eventual de los  excedentes que le permita el mercado interno. Por lo menos, nadie que quiera que esa inserción sea exitosa y permanente.

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BURGUESIA PARASITARIA Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS.

(Articulo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 18 de Octubre 2013.)

Un ministro del Gobierno actual se sintió recientemente en la necesidad de repetir - e incluso tratar de profundizar  - en lo que había dicho poco antes el Sr. Presidente de la República, en el sentido de que la burguesía nacional no solo era parasitaria - puesto que no había producido un  solo dólar en los últimos 14 años - sino que no contribuía en absoluto al desarrollo de la fuerzas productivas.

Hay que decir, al respecto, que  el carácter de parasitario y/o de contribuyente o no al desarrollo de las fuerzas productivas no se mide única y exclusivamente por la producción de dólares.  Existen una serie de actividades productivas en todo país que generan bienes y servicios que se comercializan en el mercado interno. No producen, por lo tanto, un solo dólar, pero son actividades productivas sumamente necesarias e imprescindibles. Nadie puede decir que el que produce tomates para el mercado interno, o el que produce pan, textiles, cerveza o carne, para nombrar una mínima cantidad de actividades productivas que no están, hoy en día, en Venezuela, orientadas al mercado externo, son una tropa de parásitos, flojos e improductivos.  Es altamente probable que todas o varias de esas actividades que producen para el mercado interno necesiten insumos, repuestos o bienes de capital importados. Es decir, necesitan dólares para llevar adelante sus particulares procesos productivos. Necesitan dólares pero no los producen. ¿Son por ello, una cuerda de flojos, parásitos e improductivos que no merecen que se les asigne ni un solo dólar?

Si solo el que produce dólares deja de ser un parasito improductivo, entonces casi el 99 % de los trabajadores de este país son flojos, parásitos e improductivos, pues el 95% de los dólares los producen en Venezuela solo esos 100 mil trabajadores que laboran en PDVSA.  Los demás producen servicios, trabajan en la administración pública y/ o trabajan en empresas que producen para el mercado interno. Habría que tener en cuenta, en todo caso, como una excepción a lo anterior, al pequeño grupo de empresas privadas que, con grandes sacrificios, exportan bienes y servicios y generan una cierta cantidad de dólares, de los cuales pasa a disponer rápidamente la voracidad y la burocracia estatal. Esos empresarios, según la teoría que comentamos, dejarían de ser considerados flojos y parasitarios, y pasarían a  constituir la elite productiva del país, mereciendo por ello todo tipo de consideraciones. 

De acuerdo a esa concepción, si solo los que producen dólares tienen derecho a ellos, entonces el 99% de los habitantes de este país, incluida toda la administración pública, no tendrían derecho a disponer de dólares para ningún motivo, pues ellos no los producen. Los trabajadores de PDVSA serian los únicos que tendrían derecho a viajar al extranjero, de vez en cuando, y a recibir para ello alguna cuota de dólares por parte de Cadivi. Todos los demás solo tendrían derecho a  unos pocos dólares si es que la generosidad del Gobierno así lo permite, pues derecho a los dólares - lo que se llama un derecho ciudadano - no lo tendría casi nadie, según la moderna teoría que comienza a desarrollarse en el seno del Gobierno.

Lo del desarrollo de las  fuerzas productivas – que ya hemos dicho que no tiene que ver directamente con la producción o no de dólares- dice relación con la productividad de las empresas, concepto altamente despreciado por la actual elite gobernante. Es decir, con la capacidad de incrementar la producción  de bienes y servicios - por unidad de trabajo empleada -  por medio de la ciencia y la técnica y por medio las adecuadas relaciones sociales de producción. Desgraciadamente es bien difícil que el actual gobierno pueda decir, sin sonrojarse, que las empresas que han sido expropiadas, o las que desde hace años pertenecen al Estado,  han dado un salto adelante en materia de desarrollo de las fuerzas productivas gracias a la capacidad y el aporte de sus nuevos gerentes y directores. Eso es casi imposible de decir y, más aun, de creer. Pero además, las relaciones sociales de producción - que no se circunscriben a lo que sucede al interior de las empresas, sino que incluyen también las condiciones relativas a la circulación y distribución de las mercancías - y que son en alta medida responsabilidad del Gobierno, no han contribuido para nada a que aumente la productividad del trabajo humano, ni en la empresas públicas ni en las privadas.   

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EN LO PEOR DE AMBOS MUNDOS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 11 de Octubre de 2013.)

El comercio internacional es hoy en día un área de interrelaciones económicas que está extraordinariamente normada. Mucho más normada, en todo caso,  que lo que está el comercio interno, dentro de cualquier país, donde la capacidad de hacer cosas “por la libre” es mucho mayor. En el ámbito internacional hay normas respecto a las calidades que deben tener las mercancías que allí se transan, así como sobre sus condiciones técnicas y sanitarias, sobre la forma como deben ir embaladas o etiquetadas, e incluso sobre los precios que se pueden cobrar por ellas, pues no se permite cobrar menos que el precio de costo, pues eso entra dentro de lo que se denomina dumping, que es una práctica de comercio desleal y prohibida. También hay normas sobre los procesos productivos del cual se derivan los productos intercambiados y sobre la política económica que lleva adelante el gobierno respectivo en ese campo de la economía nacional. Se puede mencionar también que hay normas sobe la propiedad intelectual, que protege las marcas y derechos de autor. La Organización Mundial de Comercio, OMC, es la instancia donde los países negocian y acuerdan ese tipo de normativa.  

Sin embargo, ese conjunto de normas deja amplios espacios para que los ofertantes y demandantes, acatando y respetando la normativa internacional, puedan vender y comprar libremente. En otras palabras, cada demandante puede elegir entre varios proveedores posibles, entre varios países productores, entre varias calidades para un mismo producto y entre varios precios alternativos. Cada ofertante puede también decidir a quién vende y a qué precio entrega sus mercancías. Eso no significa ni remotamente que ese mercado, así caracterizado, sea un mercado donde impera la competencia perfecta y cada agente productivo obtiene el máximo de beneficio y de remuneración. La presencia de monopolios y oligopolios es una característica del mercado internacional contemporáneo, y eso, para los economistas, es señal inequívoca de que estanos en presencia de fallas e ineficiencias de dicho mercado.  

ENTRE GOBIERNOS

El Gobierno venezolano – al actual y el inmediatamente anterior- ha señalado en varias oportunidades que no le gustan de las norma que presiden hoy en día el comercio internacional, lo cual es una postura totalmente lícita, pues estas normas son buenas pero son enteramente mejorables. Sin embargo, todo parece indicar que lo que a los  gobernantes venezolanos no les gusta de la actual normativa comercial internacional es el hecho de que deja demasiado espacio como para que los agentes económicos privados puedan comprar y vender libremente. Para nuestros gobernantes  lo  ideal parece ser que todas las compras y las ventas internacionales se decidan a nivel de negociaciones entre gobiernos - y no de empresas ni de personas – y en base a criterios esencialmente políticos. Una estatización completa del comercio exterior pareciera ser el modelo ideal hacia donde se debe caminar. No se trata, por lo tanto, de hacer del comercio internacional un espacio económico más democratizado, más participativo y más  incluyente, sino todo lo contrario.

Ya hoy en día un porcentaje cercano al 96 % de las exportaciones son exportaciones gubernamentales, y en materia de importaciones, por lo menos las de tipo alimenticio, el porcentaje ronda el 50 %. Y no hay dudas de que ese 4% restante de las exportaciones y  ese 50 % de las importaciones, le molesta bastante a ciertos sectores del equipo gobernante.

Cuando los privados exportan, suelen hacerlo al precio de mercado, o en caso contrario, al mejor precio que puedan conseguir. No suelen actuar en ese campo con el propósito de hacer política, ni caridad, ni solidaridad.  El gobierno, en cambio,  si suele hacerlo. ¿Que consigue a cambio? Ciertos grados de amistad y de lealtad política, que salen bastante caros. Pero, en el campo estrictamente comercial, sus socios no parecen actuar con criterio de reciprocidad: los beneficiarios de la solidaridad comercial venezolana no responden ni entregando productos que Venezuela necesite importar con precios y condiciones de pago similares a las que proporciona Venezuela, ni comprando otros productos que Venezuela esté en condiciones de vender para retribuir la generosidad petrolera de nuestro país. Muy por el contrario, venden y compran a precio de mercado y al mejor postor.

SIN BENEFICIOS

Es decir, Venezuela hace todo lo posible por no participar en el mercado real y concreto, donde se actúa en función de los intereses empresariales y nacionales, y no logra tampoco obtener reciprocidad en ese mercado - más virtual que real  - donde se supone se actuaría en función de los altos intereses de la amistad y la solidaridad. Es decir, Venezuela paga, en todos los frentes,  todos los costos, sin sacar ningún beneficio de su peculiar concepción del comercio internacional. Entre el mundo real y concreto, y el mundo que Venezuela cree haber inventado, el comercio exterior de Venezuela se ubica en lo peor de ambos mundos.

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NADIE QUIERE EXPORTAR IMPUESTOS

(Articulo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el dia 4 de Octubre de 2013)

Es un principio universalmente aceptado el que las mercancías tienen que ser vendidas internacionalmente por sus costos, incluidos en este concepto la remuneración a todos los factures productivos que participan en la actividad que da origen a la mercancía.  En otras palabras, se incluyen en los costos - o en el valor agregado - las remuneraciones al factor trabajo, los intereses al capital bancario, la depreciación del capital físico, la remuneración a los dueños del capital accionario, el pago a la propiedad intelectual utilizada, etc.

De acuerdo  al Organización Mundial de Comercio, OMC, cuyos tratados y acuerdos están hoy en día suscritos por159 países - incluida Venezuela - no es posible subvencionar o subsidiar el valor de los bienes manufacturados, pues eso se asume como una práctica desleal de comercio, que hace que las mercancías no compitan en el mercado internacional de acuerdo a  sus productividades relativas, sino a las capacidades financieras de los respectivos gobiernos, lo cual cambia totalmente las reglas del juego del comercio internacional. 

Con los bienes agrícolas y pecuarios la situación es diferente. No se ha logrado un consenso internacional en aras de abolir la práctica de las subvenciones agrícolas, que es una política económica ampliamente utilizada en Estados Unidos y en Europa, y en menor medida en muchos otros países del mundo.

Pero así como no se puede bajar artificialmente el precio de venta de una mercancía por la vía de una subvención o subsidio gubernamental, tampoco es licito encarecer artificialmente los bienes destinados a la exportación, o potencialmente exportables, por la vía de impuestos de beneficio fiscal que obliguen a elevar el precio de venta final en los mercados internacionales. La única diferencia desde el punto vista de los compromisos internacionales es que el subsidio está claramente prohibido - para que nadie se tiente de caminar por esa vía - pero los impuestos encarecedores  no los prohíbe nadie, pues se asume que nadie caminará por esa vía, que solo perjudicará a aquel país que se lo impone a sus propias mercancías, con lo cual les resta competitividad internacional.

Los aranceles - es decir los impuestos que se cobran en aduana a los productos importados-  es uno de esos impuestos que encarecen los bienes posteriormente exportados que utilizan los bienes de capital, los repuestos o los insumos importados. De allí que todos los países consideren lícito devolver a los exportadores el pago que éstos hayan realizado por concepto de esos impuestos de importación presentes en los costos de los productos de exportación.   Esa devolución de impuestos de importación es lo que se conoce internacionalmente con el nombre de draw back, y es una práctica internacionalmente permitida, no considerada como una subvención, y una práctica utilizada intensamente por la mayoría de los países interesados en promover sus exportaciones.

NO DEVUELVEN EL ARANCEL

Menos, desgraciadamente,  por Venezuela. En este país, el draw back  - devolución de los aranceles implícitos en los costos de las exportaciones realizadas- está claramente presente como una figura a la cual pueden  apelar los exportadores. Pero el Gobierno dejó de pagar los montos correspondientes desde aproximadamente el año 2005. Las solicitudes de devolución de esos impuestos - basadas en la legislación vigente - sencillamente no las responde nadie, al punto que muchos exportadores han optado por no darse el trabajo de estar haciendo solicitudes, que aun cuando sean un derecho, se entiende que es un derecho que ha sido abolido –de hecho, aun cuando no de derecho- por el presente gobierno y por el anterior.

Como la inmensa mayoría de los países practica y respeta el draw back, las mercancías venezolanas salen al mercado internacional con plomo en el ala: tienen que incluir en sus costos el pago de ese impuesto sobre sus importaciones – y no hay exportación en los tiempos modernos que no tenga algún grado de componente importado – con lo cual su competitividad se reduce en forma  sustantiva. Si el gobierno actual tiene real interés en potenciar las exportaciones no petroleras, debe reponer el draw back en las prácticas tributarias venezolanas, hacer las devoluciones correspondientes en forma rápida - no mayor a treinta días después de formalizada la exportación- y en moneda de libre circulación. En estricta justicia, debería también  honrar las devoluciones pendientes desde hace ya varios años, debidamente actualizadas al valor presente. En definitiva, reponer plenamente en la economía venezolana la idea y la práctica de que las exportaciones no  petroleras son posibles, deseables y necesarias para Venezuela y que ellas necesitan de políticas expresas para hacerse realidad.

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LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS

(Articulo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el dÍa Jueves 2 de Octubre 20013)

Las exportaciones no petroleras de Venezuela presentaron en el 2012 - último año sobre el cual el Instituto Nacional de Estadísticas publica antecedentes – niveles que corresponden a menos de la mitad de los valores que ese indicador económico presentó en el año 2005, que fue el mejor año en esta materia, a lo largo del presente siglo.

En el año 2012 las exportaciones no petroleras – que no son una y la misma cosa que las llamadas exportaciones no tradicionales – alcanzaron a 2.566 millones de  dólares. En el año 2005 habían alcanzado un valor de 7.200 millones de dólares. Los niveles del 2012 corresponden a un 36 % de lo que se exportaba en estos rubros en el año 2005.

Las exportaciones no petroleras incluyen las exportaciones de hierro y acero (capítulo 72 del arancel) así como las exportaciones de aluminio y sus manufacturas (capítulo 76 del arancel) que son exportaciones que ya relativamente tradicionales en Venezuela. Si restamos estas dos cantidades del total de exportaciones del año 2005 – 2.285 millones de dólares y 1.088 millones de dólares, respectivamente -   queda un restante de 3.827 millones de dólares.

Si restamos lo exportado en esos mismos rubros de las exportaciones del año 2012 – 687 millones de dólares y 138 millones de dólares, respectivamente-  quedan 1.741millones de dólares.

En esa modesta cantidad de exportaciones no petroleras y no hierro ni aluminio, se incluyen las exportaciones de algunos rubros derivados de la industria petrolera, pero que no son exactamente petróleo, tales como el gasoil, los fertilizantes y una buena cantidad de petroquímicos de diferente naturaleza. Esos rubros se incluyen fundamentalmente en los capítulos 27 y 28 del arancel. Si restamos todas las exportaciones que corresponden a esos capítulos – 250 millones de dólares en conjunto -de la cantidad a la cual habíamos llegado anteriormente, quedan para el año 2012 solo 1.491 millones de dólares. Las empresas que están detrás de esos rubros de exportación son los verdaderos héroes del comercio exterior venezolano. Han logrado mantener una presencia comercial - aun cuando modesta y decreciente - en ciertos mercados externos, luchando contra todas las condiciones adversas. Casi se podría decir que luchando contra una política económica que pretendía derechamente hacerlos desaparecer. Luchando, por ejemplo, contra una tasa de cambio obligatoria que implica una clara y sistemática revaluación de la moneda nacional, lo cual deriva del hecho de que los costos crecen aceleradamente en bolívares, como producto de la inflación interna, mientras que las divisas que se obtienen de las ventas externas tienen que liquidarse a una tasa de cambio oficial artificialmente congelada. Tampoco hay devolución de impuestos por concepto de los productos exportados, ni apoyo del aparato de relaciones exteriores, ni agilización de trámites aduaneros, ni agilización de la permisología, ni nada.

Esta situación no es obra de la naturaleza, ni es un castigo de los dioses. Es la consecuencia inevitable de la ausencia de políticas de promoción de exportaciones. Es la consecuencia de pensar que con el petróleo basta y sobra para mantener a flote al país y para enriquecer a unos cuantos de sus dirigentes y amigos. También, de pensar que el petróleo basta y sobra para ser considerado un país importante – económica y políticamente- a nivel internacional. Es la consecuencia de pensar que la preocupación por la competitividad y la productividad- y por la innovación tecnológica que está directamente relacionada con estas variables - son cosas de los burgueses y los capitalistas, pero que no deben preocupar a los revolucionarios que tienen otras cosas más importantes en las cuales pensar.

No solo la entrada al Mercosur, sino todo el fluir de la economía y del comercio internacional contemporáneo obligan a  modificar esa concepción. Los datos del año 2005 muestran que Venezuela puede vender el doble de  mercancías no petroleras en los diferentes mercados internacionales. Los datos del año 2012 muestran que a pesar de las dificultades se han logrado conservar ventas de muchos productos en muchos mercados, todos los cuales se  podrían potenciar y aumentar, si hubiesen los estímulos y las políticas correspondientes. Es enteramente posible. Es absolutamente necesario.

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LA CAPACIDAD NEGOCIADORA DEL MERCOSUR

(Articulo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día jueves 26 de Septiembre 2013.)

La capacidad negociadora del Mercosur se ha demostrado escasa en los últimos años, pues no ha logrado cerrar acuerdos comerciales suficientemente amplios con los principales actores del comercio internacional contemporáneo, especialmente con la Unión Europea – con quien lo ha intentado – y mucho menos con Estados Unidos, con quien hace mucho rato que no hay negociaciones de ese tipo.

Si esto es así, no se debe a que el Mercosur no sea un socio atrayente para varios de los bloques en que es posible dividir hoy en día la geografía comercial internacional, sino fundamentalmente a que las divergencias internas del propio Mercosur le impiden tomar decisiones en este campo. Más aun, con el ingreso de Venezuela a este bloque sub regional la situación se complica cada vez más, por un lado, porque nuestro país ha dejado claro, cada vez que ha podido, que no le interesan los tratados de libre comercio con nadie, y por otro, por cuanto la situación irregular en que Venezuela entró al grupo genera un cuadro en el cual los interlocutores a nombre del Mercosur no quedan claros para ningún actor serio del mundo contemporáneo.

El Mercosur, a lo pocos años de haberse creado, hizo dos negociaciones comerciales relevantes: por un lado negocio un TLC con Chile, que ha implicado que, en la práctica, hay libre comercio, sin mayores problemas,  entre este país y los cuatro socios originarios del Mercosur. Por otro lado, el Mercosur realizó una interesante negociación con los países de la Comunidad Andina – el Acuerdo de Complementación Económica número 59 – mediante el cual se camina hacia el libre comercio entre los países firmantes, pero con velocidades diferentes para cada par de países de entre los dos bloques regionales.

ACUERDOS SUBREGIONALES

Ese acuerdo, aun cuando todavía no ha culminado - en términos de que el proceso de desgravación está en pleno desarrollo - funciona normalmente y avanza en forma  inexorable hacia una situación en que no habrán aranceles en la abrumadora mayoría de los intercambios entre ambos bloque sub regionales. En la práctica, toda la América del Sur, excepto Guyana y Surinam, quedarán sin aranceles recíprocos a fines de la presente década.

Sin embargo, esa apertura hacia el libre comercio regional no es suficiente para un país como Brasil, que quiere y puede ser un actor de las grandes ligas del comercio internacional contemporáneo. En otras palabras, Brasil aspira a establecer acuerdos comerciales que permitan a  sus mercancías gozar de preferencias arancelarias en los grandes mercados mundiales, y abrir su propio mercado a la competencia correspondiente. Pero no puede hoy en día establecer negociaciones por separado, pues los acuerdos intra Mercosur se lo impiden. En esa medida, el Mercosur se convierte, cada día más, en una piedra ataca al cuello de Brasil, que le impide nadar con soltura en las aguas de la economía y del comercio mundial.

Las soluciones que se presentan frente a esta situación son varias, pero hay dos que parecen ser las más relevantes. Por un lado, la posibilidad que el Mercosur actúe como lo ha hecho la Comunidad Andina, en que cada país ha sido autorizado a negociar por su cuenta tratados de libre comercio con terceros países. Eso es lo que le ha permitido a países como Perú y Colombia, negociar bilateralmente con China, con Estados Unidos o con Europa, con independencia de lo que piense Ecuador o Bolivia al respecto.

ACE 59

La otra posibilidad es que se tome como modelo el ACE 59, y se camine hacia una negociación aparentemente global, pero que en el fondo implique que cada país negocie una velocidad distinta en su proceso de apertura hacia los países europeos. Unos podrían así negociar a una velocidad elevada, que sea verdaderamente significativa, y otros podrían negociar una velocidad tan lenta que casi parezca que están detenidos. Eso permitiría salvar al  Mercosur y salvar al mismo tiempo a Brasil, para quien el mero ámbito regional no parece ser el espacio suficiente para su desarrollo como potencia en el siglo XXI.

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L A COMPETITIVIDAD DE VENEZUELA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 20 de Septiembre de 2013.)

Ya se ha publicitado bastante el informe reciente sobre Competitividad,  realizado por el Foro Económico Mundial, donde Venezuela sale bastante mal parada. Vale la pena, sin embargo, gastar algunas líneas adicionales para aclarar que es eso de competitividad.

 Aun cuando parezca obvio, la competitividad es la capacidad de competir. Y competir es un acto en la cual varios actores tratan de conseguir un mismo objetivo, pero no todos pueden conseguirlo con el mismo éxito. Algunos lo hacen mejor que otros, Unos salen vencedores y otros salen vencidos. De eso se trata la competencia. La competitividad es, por lo tanto, una cualidad que solo pueden exhibir los países en la medida en que se midan o se comparen con otros países. Nunca un país es - medido o examinado en forma aislada -  competitivo  o poco competitivo. Un país solo puede ser más competitivo o menos competitivo que otros. Se eso se trata el ranking que tanto se ha comentado en las semanas recientes.

Y como en los tiempos actuales los países no viven aislados - ni nadie hace doctrina de la posibilidad de desarrollarse por la vía de encerrarse en sus propias fronteras económicas y políticas - la competitividad es una cosa importante. Para poder crecer y desarrollarse - y poder darle a la población de un país los niveles de bienestar que son propios del mundo contemporáneo - es necesario vender y comprar bienes en el mercado internacional. Para bien o para mal son esos relacionamientos internacionales los que definen hoy en día la capacidad económica- y por ende política- de un país.

La competitividad mide, por lo tanto, la capacidad de relacionarse con éxito en los mercados internacionales, la capacidad de asimilar y utilizar productivamente la tecnología de punta imperante en los diversos sectores productivos y la capacidad del entorno fisco e institucional de un país para potenciar esos relacionamientos.

La competitividad del país es obviamente un indicador de las condiciones medias que imperan en ese territorio, sin perjuicio de las condiciones particulares que puedan exhibir algunas empresas que se alcen por sobre la situación de su entorno.

EL PAPEL DEL GOBIERNO

La competitividad del país no depende solo de lo que pase al interior de las empresas. La competitividad de las empresas puede ser alta, pues están bien gerenciadas, tienen buena tecnología, buenas relaciones laborales, buen clima empresarial, elaboran un producto de calidad  y su costo de producción no es mayor que el de la competencia.  Puede que la competitividad de las empresas sea baja, y allí el problema nace mal desde la raíz. Pero aun suponiendo que la situación en las empresas sea buena- lo cual es un supuesto y no necesariamente una constatación de la realidad- esa competitividad puede perderse por las circunstancias del entorno que rodea a la empresa.

Si el gobierno cobra impuestos excesivos, o si la corrupción imperante obliga a incurrir en costos ajenos al proceso de producción, o si los caminos y carreteras están en mal estado o no gozan de seguridad, o si en los puertos hay que hacer largas esperas antes de poder embarcar las mercancías, entonces todas las condiciones favorables logradas al interior de la empresas pueden esfumarse antes de que las mercancías salgan de territorio nacional.

De allí entonces que la competitividad del país esté en función, entre otras cosas, de los factores institucionales; de la política económica; de la dotación y el estado de la infraestructura eléctrica, caminera, portuaria, etc.; del nivel de educación media de la población; del grado de preparación tecnológica  de sus profesionales y técnicos; de los incentivos a la innovación que existan en ese país y de muchos otros factores sociales, institucionales y políticos que caractericen a un país y que afecten su relacionamiento con el exterior.

LA INSEGURIDAD

Si un país tiene altas tasas de delincuencia pura y simple, o si presenta altos grados de corrupción administrativa, o si la burocracia estatal impone un sinnúmero de trámites para poder importar o exportar mercancías, o si las leyes laborales encarecen casi innecesariamente los costos de la mano de obra, o si la electricidad se va por períodos largos en múltiples ocasiones a lo largo del año, o si a un  turista holandés que ha recorrido 56 países lo matan en su velero al llegar a Margarita, o si las universidades no tienen dinero para contratar con sueldos dignos a los profesores de jornada exclusiva que necesitan, entonces nadie puede extrañarse de que nuestra capacidad de competir sea tan baja. Y el no tener competitividad es una y la misma cosa que tener en la frente un sello de perdedor neto en el contexto de la economía y de la política mundial.

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ECUADOR QUIERE CAMBIAR DE ARBITRO

(Articulo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 16 de Septiembre de 2013)

El Presidente de Ecuador ha asumido como unas de sus banderas predilectas en el seno de la comunidad latinoamericana el ataque en contra de Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI,  organismo de arbitraje internacional que se ubica dentro de la institucionalidad del Banco Mundial.

Según se entiende de las argumentaciones del Presidente Correa ese organismo actúa en forma permanentemente sesgada a favor de las empresas trasnacionales y en contra de los países en desarrollado. 

Ya en años recientes tanto Ecuador como Bolivia y Venezuela denunciaros su participación  en ese organismo y en el tratado correspondiente, poniendo fin a su membrecía en el mismo. 

La idea de fondo que pregona Ecuador sería generar a nivel internacional – si es posible a nivel del ALBA o de UNASUR-  un organismo alternativo, que sea más ecuánime o menos sesgado en contra de los intereses de los países en desarrollo.

El CIADI es un mecanismo de arbitraje, que analiza casos en los cuales hay controversia o conflicto entre las empresas trasnacionales que realizan inversiones en un país determinado, y el Gobierno de ese país. El CIADI recibe la potestad como para arbitrar en estos casos única y exclusivamente por el hecho de que los países directamente involucrados han decidido que así sea. El CIADI no puede por sí solo atribuirse el rol de árbitro en ninguna controversia internacional. Se recurre al CIADI cuando dos países – el país donde se realiza la inversión y el país de origen de la misma - deciden, antes de que exista controversia  alguna, que ese será el organismo que arbitrará en el caso hipotético de que se desarrolle un conflicto entre ellos. No todos los países latinoamericanos son miembros de CIADI. Brasil no lo es, y tampoco México, que son los dos países latinoamericanos que más inversiones extranjeras reciben cada año. Tampoco Canadá es miembro del CIADI, ni la República Dominicana.

El CIADI no es el único organismo de arbitraje en materia de inversiones que existe a nivel internacional. También existe la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, o la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional.

En el comercio, las inversiones y las  finanzas internacionales es bueno tener reglas claras, conocidas y consensuadas, y mecanismos de solución de conflictos que actúen aplicando esas normas, que pasan a constituir Derecho Internacional.  La ausencia de normas de esa naturaleza genera caos o inestabilidad, o lo que es peor, el imperio de la ley de los más fuertes, que no siempre son los países en desarrollo.

Pero nada de lo anterior obliga a que el mecanismo de arbitraje tenga que ser el CIADI o el Banco Mundial, que es un organismo financiero internacional donde imperan los criterios y/o los intereses de sus mayores accionistas o suscriptores de capital, que son precisamente los países de origen de los principales flujos mundiales de  inversión extranjera, es decir, Estados Unidos y Europa.

Pero tampoco tiene sentido que varios países en desarrollo se pongan de acuerdo para contar con un árbitro que se suponga desde la partida que es un árbitro que responde a los intereses de los gobiernos de los países en desarrollo. No tiene sentido reemplazar a un árbitro al que se le acusa de sesgado, por un árbitro tan sesgado como el anterior, pero para la otra de las partes en conflicto.  Con ello, lo único que se lograría es desincentivar a los eventuales inversionistas extranjeros que es precisamente lo que sucede hoy en día con Ecuador, Venezuela y Bolivia, que no por casualidad son los países que menos inversión extranjera reciben en toda la región.

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