(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en TAL CUAL el día 13 de diciembre de 2013)
El gobierno
nacional ha anunciado como una gran cosota el acuerdo reciente con las
trasnacionales LG y Chery – sudcoreana la primera, china la segunda- para
producir en Venezuela electrodomésticos y motores de carros, respectivamente.
Obviamente
se trata de montar en el país armadurías de ese tipo de bienes, por la vía de traer
desde los países de origen las partes y piezas que correspondan. Para esos
efectos tienen que asegurarles a estas empresas transnacionales los dólares
suficientes para traer los insumos necesarios para armar en el país las
cantidades de los producto0s finales que hayan sido convenidas con el Gobierno.
Si se les va a imponer la larga y tortuosa permisología para poder optar a los
dólares oficiales que se les impone a las empresas nacionales, ni los chinos,
armados de su proverbial paciencia, se habrían metido en este lio. Es dable suponer,
por lo tanto, que el convenio establece formas particulares de acceso a las divisas
necesarias para comprar las partes y piezas que serian armadas en el país. ¿O los sudcoreanos y los chinos traerán esas
mercancías sin tener un mecanismo claro y seguro de pago? ¿Serán así de
ingenuos y de simpáticos? ¿O les pagarán con petróleo, como las otras deudas
que ya se han ido acumulando con los chinos? No hay respuestas seguras a estos
interrogantes, pues los convenios no se conocen en su integridad.
Los bienes
finales producidos por esta vía, lo más probable es que sean vendidos directamente al Gobierno, o a
empresas señaladas por éste, para que por esa vía lleguen directamente al público,
al precio que el gobierno quiera. Las empresas LG y Chery tienen que asegurar
su ganancia en ese primer eslabón de la cadena de comercialización: la venta de
la mercancía al Gobierno. Lo que pase de allí en adelante ya no les compete ni
les interesa. Lo que si les interesa y muchísimo es tener claro que pasará con
los bolívares que obtendrán en ese negocio. Si no les autorizan a convertir rápidamente
esos bolívares en dólares, el negocio se cae, a menos que les paguen
directamente en dólares. Tiene que haberse convenido un mecanismo claro y
expedito para remesar utilidades al país de origen. Si no, ni los chinos ni los
sudcoreanos se habrían metido en este asunto. Ellos saben tan bien como todo el
mundo que los inversionistas extranjeros en este país pasan meses y años sin que
les autoricen la remesa de utilidades. Si ellos se metieron en este negocio -
de armar lavadoras y motores en el país - es dable suponer que es porque les
dieron seguridades de que no los iban a hacer pasar por ese vía crucis. Tampoco
se habrían metido en este negocio si el precio de compra de las lavadoras y de
los motores por parte del Gobierno va a quedar sujeto a fijaciones arbitrarias de precios o si
se van a producir requisas arbitrarias a sus bodegas por concepto de acaparamiento.
Todo parece indicar, por lo tanto, que se está en presencia de tratos
discriminatorios en contra de los empresarios nacionales - y también en contra
de generaciones anteriores de inversionistas extranjeros - para efectos de
favorecer a ciertas empresas transnacionales.
Mientras no
se conozca la letra chica, es difícil suponer que la cantidad de valor agregado
nacional de las mercancías armadas en el país sea lo suficientemente alto como
para pasar las vallas establecidas en esta materia en el Mercosur. Serán, probablemente consideradas
internacionalmente como productos chinos o sudcoreanos armados en Venezuela,
pero no como productos venezolanos que puedan ser exportados a los países
socios de la región. Serán productos, por lo tanto, solo para el mercado
nacional.
Todo esto no
hay dudas de que será muy provechoso y seguro para las empresas transnacionales
LG y Chery - y para otras que sigan su ejemplo - que tendrán un mercado cautivo
sin pasar por grandes complejidades de competencia ni de marketing. Será
también relativamente ventajoso para el Gobierno que tendrá a su disposición
bienes para repartir al precio que se le de la gana, sin preocuparse del
incomodo cálculo capitalista de ingresos, costos y ganancias. Además, el Gobierno
se saca de encima la presión de los empresarios nacionales para tener acceso a
las divisas con las cuales se podría hacer lo mismo, pero un poco más barato. Al
público consumidor, a su vez, se le podrá vender la idea de que todo esto lo
beneficia, pues los bienes llegarán a sus manos baratos o regalados, pero en el fondo lo que el
público no paga directamente de su bolsillo, lo termina pagando de las arcas
del Fisco, que también en última instancia es plata de los ciudadanos
nacionales. El único que pierde es el país, que malgasta sus divisas en una
operación que destruye un pedazo importante de la industria nacional.
sergio-arancibia.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario