(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y
NEGOCIOS el día 6 de agosto de 2017)
En América Latina
hay dos países productores de petróleo que pertenecen a la OPEP. Ellos son
Venezuela y Ecuador. El uno, un productor importante, y el otro un productor de
los más pequeños dentro de dicha organización. Ambos, en todo caso, atados a la
decisión tomada en el seno de ese cartel internacional en el sentido de bajar
los niveles de producción para efectos de produciir un efecto alcista sobre el
precio internacional de los hidrocarburos.
Además, hay
dos productores importantes que no pertenecen a la OPEP. Ellos son México y Brasil.
México, aun cuando no es miembro de la organización, ha participado de la
decisión mencionada y ha respetado hasta ahora la restricción de producción que
se le ha acordado.
Ecuador ha
hecho pública recientemente su decisión de no cumplir plenamente con la
reducción de producción a la cual se había comprometido en el seno de la OPEP.
Las dificultades fiscales por las cuales atraviesa ese país lo llevan a
potenciar tanto como puedan su producción de petróleo para incrementar sus ingresos
fiscales. Obviamente ese anuncio no conlleva amenazas de expulsión ni de
castigo de ninguna naturaleza. Eso por cuanto Ecuador es un país cuya modesta producción
de petróleo no hace alterar mayormente los equilibrios que se dan en el mercado
petrolero internacional y, además, por cuanto la OPEP no tiene capacidad alguna
de imponer una férrea disciplina entre sus países miembros.
Venezuela en
cambio se mantiene atada a la decisión OPEP, a pesar de que su economía se cae
a pedazos y a pesar de que la mencionada decisión de la OPEP no ha producido en
el mercado petrolero las consecuencias esperadas sobre el precio.
Todo esto
debe traer a colación el debate siempre abierto sobre si a Venezuela le conviene
o no seguir como miembro de la OPEP. Fue
una decisión no solo sensata sino que incluso valiente por parte de Venezuela
impulsar la creación de dicha organización de países productores de petróleo,
pues significó que los países productores pasaron a tener real capacidad de
incidencia sobre los precios de su principal producto de exportación, lo cual
fue indudablemente un ejercicio de soberanía y de cambio de las relaciones de poder
en el seno de la política y de la economía mundial. Pero hoy en día las condiciones
han cambiado. Ya la OPEP no controla un porcentaje relevante del mercado
mundial del petróleo y las decisiones en su seno obedecen en alta medida a los
intereses económicos y políticos de los grandes productores árabes.
La soberanía
se pone en juego efectivamente cuando el interés nacional debe ser defendido
por sobre las presiones y decisiones de otros países. Ecuador da pasos en defensa
de sus intereses nacionales y de su soberanía política. Venezuela, que ha dado
pasos que se creían imposibles para arruinar su industria petrolera, debe indudablemente
recuperar primero su alicaída capacidad de producción, para decidir después si
produce tanto como pueda, o si se limita su producción a las decisiones OPEP.
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