IMPUESTO AL CONSUMO DE ALIMENTOS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 21 de Octubre de 2015)

El Gobierno acaba de imponer un impuesto al consumo de alimentos, bajo la forma de un pago  por las guías de movilización. Para poder transportar alimentos desde un punto a otro del territorio nacional hay que contar con una guía de movilización, que permite al gobierno saber – si es que tuviera toda aquella información suficientemente ordenada y digitalizada- desde donde y hacia donde se mueve cada tomate que se produce en el país, lo cual se supone que es una información  sumamente importante. Como la inmensa mayoría de los productores de alimentos – agricultores, ganaderos, agroindustriales - producen a cierta distancia de los centros consumidores, entonces en la práctica, todos los alimentos deben contar en algún punto de su carrera hacia el consumidor al menos con una de estas mencionadas guías de movilización. 

Cuando las mercancías se mueven desde una finca a una empresa manufacturera, y desde allí posteriormente a las empresas propiamente comercializadoras – supermercados, abastos, etc.-  el alimento debe contar con dos o más de esas guías antes de llegar al consumidor final. Obtener esas guías hace perder tiempo a los productores. Pero ahora se suma una nueva circunstancia: hay que pagar una unidad tributaria para obtener cada una de esas guías. Eso encarece los costos de los alimentos antes de llegar a manos del comerciante minorista y a manos del consumidor. Se trata, desde todo punto de vista de un impuesto a los alimentos. En la jerga de los economistas se habla de los impuestos directos, que gravan la producción, y de los impuestos indirectos, que gravan el consumo. En este caso se trata de un impuesto indirecto, que grava el consumo de los alimentos.

Las consecuencias previsibles de este impuesto al consumo es que se encarecerán los alimentos en su precio final al consumidor. Ese impuesto no lo pagan los oligarcas agrícolas ni la plutocracia financiera o manufacturera ligada a las agroindustrias – para hablar en la terminología oficial - sino que se traslada integro al consumidor. Y lo más probable es que el mayor precio se corresponda, al menos parcialmente, con un menor consumo. Si es que los precios se mantuvieran congelados o controlados y no se permitiera el traslado al precio final de los mayores costos, la medida se traduciría rápidamente en una menor producción, pues habrían productores pequeños que tendrían que salir del mercado ante la clara reducción de sus beneficios.

Esta medida no cuadra con el populismo tradicional del gobierno, ni con la existencia de una tecnocracia medianamente lucida, ni con una respuesta a la guerra económica, ni con nada. En un país que enfrenta una inflación cercana al 200% anual, se toman medidas que encarecen los alimentos, que son precisamente los rubros cuyos precios habría que tratar de bajar pues tienen mayor incidencia en el cálculo de la inflación, y tienen  mayor incidencia en la pérdida de poder adquisitivo por parte de los sectores de menores ingresos.

En un país que enfrenta una clara regresión en materia de índices de pobreza y de extrema pobreza - circunstancias que están en alta medida relacionadas con la capacidad de adquirir una cesta básica de sobrevivencia, compuesta básicamente por alimentos - esta medida hace más inaccesible los alimentos básicos para los sectores de más bajos ingresos, sumiendo a más ciudadanos en el negro pozo de la pobreza y de la extrema pobreza. 

En un país que presenta un elevado porcentaje de importación de alimentos, habría que tratar por todos los medios de incentivar la producción nacional. Pero el impuesto a la movilización interna de alimentos que estamos comentando juega el efecto absolutamente contrario: desincentiva el consumo y la producción nacional. Además, la importación de alimentos se lleva adelante con un grado alto de subsidio, pues se trata de compras en el exterior llevadas adelante con un dólar barato, a 6.30 o a 12.0 bolívares por dólar. Subsidiar el producto importado mientras se elevan los impuestos al producto nacional es  desde todo punto de vista una política que carece de racionalidad.

Los subsidios no siempre son bien vistos por ciertas corrientes económicas. Pero son herramientas que se usan universalmente para intentar por esa vía incentivar la producción y favorecer el consumo. No sería insensato estudiar en Venezuela los mecanismos posibles para subsidiar la producción nacional de alimentos, o subsidiar su consumo. También se podría avanzar mucho en abaratar la comercialización de alimentos – y no en encarecer dicha comercialización-  si se arreglan las carreteras y autopistas, si se arreglan prontamente sus huecos, si se eliminan los cientos de policías acostados, si se eliminan alcabalas absolutamente inútiles, si  se dota a las carreteras y autopistas de luz y seguridad, si se arreglan las vías de penetración  agrícola, y si se elimina al menos el costo, sino el documento mismo, de las guías de movilización y si se venden insumos agropecuarios valorados con el mismo dólar con que se valora actualmente el producto importado.

Tradicionalmente la actividad agropecuaria en Venezuela ha estado exenta del pago de impuestos sobre la renta, lo cual responde a la misma matriz conceptual que los subsidios. Con ello se ha pretendido incentivar la producción y abaratar los precios al consumidor final. El colocar impuestos a la movilización de los productos agrícolas juega totalmente en contra de los objetivos de este gobierno - y de varios  gobiernos anteriores - que se habían manejado con una cierta consistencia en materia de tributación agropecuaria.

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