RCIONALIDAD FRONTERIZA ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 29 de Octubre.)

En la ciudad de Ipiales - frontera sur de Colombia - tienen lugar situaciones comerciales que son comunes a muchas ciudades fronterizas de América, incluidas las situadas en las fronteras entre Colombia y Venezuela. En la ciudad de Ipiales las mercancías de todo tipo son sustantivamente más baratas que en el lado ecuatoriano. Ello es así por la dolarización que impera en Ecuador y por la depreciación de la moneda nacional que ha tenido lugar en Colombia, a lo largo del presente año. Miles de ecuatorianos viajan cotidianamente a Ipiales, desde la ciudad ecuatoriana de Tulcán, para abastecerse de mercancías de uso cotidiano o familiar, como alimentos, o para comprar bienes de consumo durable como televisores o electrodomésticos de todo tipo.

Para los comerciantes colombianos esta situación es sumamente favorable, pues les permite tener una clientela masiva y bien provista de dólares. Para los consumidores ecuatorianos también la situación es favorable, pues les permite adquirir mercancías más baratas que en Ecuador, lo cual les permite un mayor ahorro familiar y/o les abre la posibilidad de la reventa, con buen margen de ganancia. Los grandes perjudicados  son los comerciantes del lado ecuatoriano que no pueden competir con la mercancía proveniente  de Colombia. El gobierno ecuatoriano se encuentra también entre los perjudicados: una masa de varios millones de dólares se van de Ecuador por esa vía comercial, lo cual  no le hace bien a la situación macroeconómica del país. Para paliar esta situación el gobierno de Ecuador ha implementado medidas de carácter arancelario y fronterizo que son enteramente compatibles con los derechos humanos y con las prácticas comerciales internacionales. No ha cerrado las fronteras, ni ha sacado a nadie a patadas de su casa, ni ha solicitado a  Colombia que cambie su política económica.

Las medidas tomadas por Ecuador son básicamente las  siguientes: por un lado, todo tráfico de mercancías desde Colombia hacia Ecuador que supere los 2 mil dólares de valor, debe ser considerada una importación formal y requiere los servicios de un agente de aduanas, y debe pagar no solo los aranceles normales, sino tasas extraordinarias que se han establecido para estos efectos. Las mercancías que  no sobrepasen el valor de 2 mil dólares, y que sean consideradas objetos de uso personal, pasan libres de arancel. Esas mercancías consideradas de uso personal son las que entran dentro de un listado de 17 tipos de bienes que el gobierno ecuatoriano ha elaborado con ese fin. Todas las mercancías, cualquiera que sea su valor, si no están consideradas en el listado de 17 tipos de productos, deben pagar aranceles en aduana, incluidas en algunos casos las sobretasas correspondientes.

Todo esto está dentro de la más irrestricta legalidad comercial internacional. Todo dentro del respeto a los derechos de todos. Con este tipo de medidas se perjudican los comerciantes colombianos de Ipiales, que pierden parte de su clientela, o parte de las ventas que hacían a la misma. Se beneficia a los comerciantes ecuatorianos, que recuperan a su clientela nacional, pues sus precios vuelven a ser competitivos. Se respetan los derechos de muchos consumidores, cuyos bienes de consumo habitual pueden seguir adquiriéndose en Ipiales, y se castiga a los revendedores y contrabandistas que lucraban con toda la situación anterior.

Es muy pronto todavía para cantar victoria en lo que respecta a los objetivos estrictamente comerciales. Todavía los funcionarios de aduanas no tienen la  pericia como para detectar la presencia de mercancías sin libre paso en los equipajes de los ecuatorianos que regresan desde Ipiales. Además, se ha potenciado la creatividad de estos últimos para transitar por pasos no controlados o para ocultar en las aduanas formales  los bienes comprados.

Pero las medidas tomadas son desde ya un éxito de la sensatez, del respeto a las prácticas comerciales internacionales y del derecho de cada país a tomar las medidas económicas que estime conveniente. Son, en ese sentido, un ejemplo que debería tenerse en cuenta en otras fronteras igualmente complicadas, pero dónde no ha imperado una cuota tan alta de racionalidad.

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MITOS Y REALIDADES SOBRE EL FMI

Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÏA Y NEGOCIOS el día 28 de Octubre de 2015.

El Fondo Monetario Internacional es un organismo financiero internacional que se conformó en la Conferencia de Bretton Wood -realizada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial - con el objeto de que los países aliados se pusieran de acuerdo respecto a cómo organizar el sistema de pagos a nivel internacional una vez que cesaran de hablar los cañones, situación esta última que ya se visualizaba como cercana. En esa Conferencia se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son dos organismos hermanos, pero que tienen funciones y estructuras diferentes.

El Fondo Monetario Internacional tiene como una de sus funciones fundamentales el otorgar créditos a los países miembros para efectos de cubrir déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El monto de los créditos que puede solicitar cada país miembro está en correspondencia con el porcentaje del capital de FMI que cada país posee. También las políticas del FMI y cada crédito que se otorga, se corresponden con la cantidad de votos y de capital que cada país tiene suscrito en dicho organismo. En ese sentido, la dirección del  FMI se asemeja a los directorios del común de las sociedades anónimas, donde la cantidad de acciones determina la cantidad de votos que cada uno tiene en el directorio. Hay otros organismos internacionales donde cada país tiene un voto, pero no es el caso del FMI, ni tampoco del Banco Mundial. Así entonces, los países chicos, que solo tienen suscrito un porcentaje muy pequeño del capital del FMI tienen acceso a créditos muy pequeños y una capacidad decisoria muy pequeña en las políticas generales de la institución.

El FMI no otorga créditos a personas ni a empresas ni públicas ni privadas. Los únicos que pueden solicitar créditos ante el FMI son los gobiernos, por lo general teniendo para ello como interlocutor al Ministro de Hacienda y/o al Presidente del Banco Central correspondiente. Por lo tanto no se puede acusar a nadie individualmente considerado de que ha entrado en tratativas con el FMI para solicitar un monto determinado de créditos. Es absolutamente inconcebible que una persona o empresa o grupo político se acerque al FMI a solicitar  crédito. Quien se presentara con esas intenciones ante el FMI sería tomado inmediatamente por un loco y no sería recibido por ningún funcionario ni directivo de ese organismo. Distinto, desde luego, es lo que pueda conversar, a título personal,  un funcionario del FMI, en un coctel  o en un seminario, con cualquier académico, funcionario internacional, empresario  o diplomático.  Eso es parte de la libertad de pensamiento y de expresión, pero no compromete a nadie.

Además, el FMI no presta para cualquier cosa ni en cualquier circunstancia. Presta para atender dificultades de balanza de pagos, es decir, para intentar que un país pueda seguir funcionando cuando se le han acabado sus reservas internacionales, cuando la capacidad crediticia es cercana a cero y cuando no hay perspectivas cercanas de que sus exportaciones repunten.

Como cualquier prestamista, el FMI solo presta cuando recibe ciertas seguridades de que los créditos serán pagados, y que las circunstancias que obligaron a un país a golpear las puertas del FMI no se repetirán en un futuro cercano. En otras palabras, el FMI pone condiciones para prestar. Solo presta una vez que ha recibido seguridad de que el país llevará adelante una determinada política económica, que según los funcionarios del FMI -  o según los países que tienen mayoría en su directorio -  es la política económica que más le conviene al propio país y a la salud del conjunto del sistema financiero internacional. En eso consiste la famosa y muy criticada condicionalidad del FMI. En realidad todos los organismos, bancos, instituciones financieras o gobiernos que prestan plata en el mundo contemporáneo ponen algún tipo de condicionalidad al prestatario, por lo menos alguna que les permita recuperar lo prestado. Las condiciones del FMI son duras para cualquier país, y más aun para un país que tiene dificultades de balanza de pagos y que en función de ello ha tenido precisamente que acercarse a pedir créditos al FMI. Cada país tiene que decidir por vía del análisis de comparar costos y beneficios, si es mejor o peor aceptar las condiciones del FMI, tocar otras puertas que de hecho existen en el sistema financiero internacional – pero que tampoco están conformadas por ángeles, arcángeles o querubines – o  enfrentar en solitario las condiciones que emanan de la carencia de capacidad de compra internacional.  

Nadie está obligado a pedir créditos en el FMI ni a aceptar las condiciones del FMI, pero existe una cierta solidaridad de facto de parte de los integrantes más conspicuos del sistema financiero internacional de modo tal que el no entenderse con el FMI hace que a dicho país se le cierren las puertas de muchos otros organismos financieros.

Venezuela es miembro del FMI pero hace bastante tiempo que no solicita créditos en dicho organismo, y que no entra por lo tanto en negociación alguna conducente a tal objetivo. Hace pocos meses atrás Venezuela retiró del FMI parte de sus activos, lo cual técnicamente no es un crédito sino el ejercicio de un derecho no sujeto a condicionalidad alguna. Como todo país miembro, Venezuela es libre de solicitar el apoyo crediticio del FMI cuando lo estime conveniente – a través de los representantes autorizados del gobierno-  y de aceptar o no las condiciones que en ese momento se le pongan.

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REPARTIR CUANDO NO HAY CON QUE

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 23 de Octubre de 2015.)

El  Presidente Chávez no inventó el gasto social, ni los hospitales y las escuelas públicas, ni los alimentos subsidiados, ni el seguro social, ni el salario mínimo, ni la educación gratuita, ni las becas de alimentación. Todo eso estaba presente en la geografía política y social de Venezuela en los años y las décadas previas a la irrupción del Presidente Chávez. Pero los elevados precios del petróleo volcaron sobre Venezuela una riqueza como nunca antes se había conocido en la historia del país. Hubo, por lo tanto, más plata para todo. Más plata para lo bueno y para lo malo. Más plata para el derroche y para la acumulación. Más plata para dejar tranquila y contenta a la nueva clase política y más plata para el gasto social. Más plata para apoyar a una nueva casta de nuevos ricos, ligados a las compras y los contratos públicos, y más plata para los nuevos y los viejos líderes políticos que constelaban alrededor del nuevo caudillo militar. Más plata para importar bienes de consumo y más plata para engrosar las cuentas en dólares en el exterior de la nueva clase política y económica. Más plata para satisfacer justas demandas sociales y más plata para comprar apoyos políticos de los caros y  de los baratos.

Como consecuencia de una política social basada casi exclusivamente en el reparto, la pobreza y la extrema pobreza disminuyeron en el país. No disminuyeron como consecuencia de la creación de nuevas empresas, ni de un aumento de la productividad, ni por una mayor capacitación,  ni por un apoyo a los emprendedores,  ni por un salto adelante en los patrones tecnológicos. La pobreza disminuyó desde 37.9 %  en 2005 a 21.2 % en el año 2012. La extrema pobreza disminuyó también desde 15.3 %  a 6.0 % en los mismos años mencionados. Todo ello según las cifras del INE, que no son totalmente exentas de sospechas. 

Pero como no se llevó adelante ninguna política de carácter estructural para reducir la pobreza, cuando disminuyeron los recursos factibles de ser repartidos - porque bajó el precio del petróleo y porque hubo que pagar las deudas que se habían contraído – estos indicadores comenzaron nuevamente a subir. La pobreza aumento a 27.3 %  % en el año 2013 y la extrema pobreza a 8.8 %. Para el año 2014 y para lo que va corrido del 2015, no hay datos oficiales, pues se  dejaron de publicar las cifras sobre esta materia, pero todo indica que la pobreza y la extrema pobreza han vuelto a crecer. Precisamente por ello el INE ha dejado de publicar los datos correspondientes.

El Presidente Maduro enfrenta, por lo tanto, una ecuación totalmente diferente a la que enfrentó el Presidente Chávez.  Ya no hay tanto real como para repartir en la misma forma que antes y la única forma de mantener la apariencia de que la repartidera sigue como en  sus mejores días, es repartir bolívares, aun cuando esos billetes emitidos generosamente por el BCV,  ya no tienen el mismo valor. Los bolívares que se reparten hoy en día son papeles que sirven para comprar menos bienes, menos servicios, menos dólares y menos apoyos políticos.  

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IMPUESTO AL CONSUMO DE ALIMENTOS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 21 de Octubre de 2015)

El Gobierno acaba de imponer un impuesto al consumo de alimentos, bajo la forma de un pago  por las guías de movilización. Para poder transportar alimentos desde un punto a otro del territorio nacional hay que contar con una guía de movilización, que permite al gobierno saber – si es que tuviera toda aquella información suficientemente ordenada y digitalizada- desde donde y hacia donde se mueve cada tomate que se produce en el país, lo cual se supone que es una información  sumamente importante. Como la inmensa mayoría de los productores de alimentos – agricultores, ganaderos, agroindustriales - producen a cierta distancia de los centros consumidores, entonces en la práctica, todos los alimentos deben contar en algún punto de su carrera hacia el consumidor al menos con una de estas mencionadas guías de movilización. 

Cuando las mercancías se mueven desde una finca a una empresa manufacturera, y desde allí posteriormente a las empresas propiamente comercializadoras – supermercados, abastos, etc.-  el alimento debe contar con dos o más de esas guías antes de llegar al consumidor final. Obtener esas guías hace perder tiempo a los productores. Pero ahora se suma una nueva circunstancia: hay que pagar una unidad tributaria para obtener cada una de esas guías. Eso encarece los costos de los alimentos antes de llegar a manos del comerciante minorista y a manos del consumidor. Se trata, desde todo punto de vista de un impuesto a los alimentos. En la jerga de los economistas se habla de los impuestos directos, que gravan la producción, y de los impuestos indirectos, que gravan el consumo. En este caso se trata de un impuesto indirecto, que grava el consumo de los alimentos.

Las consecuencias previsibles de este impuesto al consumo es que se encarecerán los alimentos en su precio final al consumidor. Ese impuesto no lo pagan los oligarcas agrícolas ni la plutocracia financiera o manufacturera ligada a las agroindustrias – para hablar en la terminología oficial - sino que se traslada integro al consumidor. Y lo más probable es que el mayor precio se corresponda, al menos parcialmente, con un menor consumo. Si es que los precios se mantuvieran congelados o controlados y no se permitiera el traslado al precio final de los mayores costos, la medida se traduciría rápidamente en una menor producción, pues habrían productores pequeños que tendrían que salir del mercado ante la clara reducción de sus beneficios.

Esta medida no cuadra con el populismo tradicional del gobierno, ni con la existencia de una tecnocracia medianamente lucida, ni con una respuesta a la guerra económica, ni con nada. En un país que enfrenta una inflación cercana al 200% anual, se toman medidas que encarecen los alimentos, que son precisamente los rubros cuyos precios habría que tratar de bajar pues tienen mayor incidencia en el cálculo de la inflación, y tienen  mayor incidencia en la pérdida de poder adquisitivo por parte de los sectores de menores ingresos.

En un país que enfrenta una clara regresión en materia de índices de pobreza y de extrema pobreza - circunstancias que están en alta medida relacionadas con la capacidad de adquirir una cesta básica de sobrevivencia, compuesta básicamente por alimentos - esta medida hace más inaccesible los alimentos básicos para los sectores de más bajos ingresos, sumiendo a más ciudadanos en el negro pozo de la pobreza y de la extrema pobreza. 

En un país que presenta un elevado porcentaje de importación de alimentos, habría que tratar por todos los medios de incentivar la producción nacional. Pero el impuesto a la movilización interna de alimentos que estamos comentando juega el efecto absolutamente contrario: desincentiva el consumo y la producción nacional. Además, la importación de alimentos se lleva adelante con un grado alto de subsidio, pues se trata de compras en el exterior llevadas adelante con un dólar barato, a 6.30 o a 12.0 bolívares por dólar. Subsidiar el producto importado mientras se elevan los impuestos al producto nacional es  desde todo punto de vista una política que carece de racionalidad.

Los subsidios no siempre son bien vistos por ciertas corrientes económicas. Pero son herramientas que se usan universalmente para intentar por esa vía incentivar la producción y favorecer el consumo. No sería insensato estudiar en Venezuela los mecanismos posibles para subsidiar la producción nacional de alimentos, o subsidiar su consumo. También se podría avanzar mucho en abaratar la comercialización de alimentos – y no en encarecer dicha comercialización-  si se arreglan las carreteras y autopistas, si se arreglan prontamente sus huecos, si se eliminan los cientos de policías acostados, si se eliminan alcabalas absolutamente inútiles, si  se dota a las carreteras y autopistas de luz y seguridad, si se arreglan las vías de penetración  agrícola, y si se elimina al menos el costo, sino el documento mismo, de las guías de movilización y si se venden insumos agropecuarios valorados con el mismo dólar con que se valora actualmente el producto importado.

Tradicionalmente la actividad agropecuaria en Venezuela ha estado exenta del pago de impuestos sobre la renta, lo cual responde a la misma matriz conceptual que los subsidios. Con ello se ha pretendido incentivar la producción y abaratar los precios al consumidor final. El colocar impuestos a la movilización de los productos agrícolas juega totalmente en contra de los objetivos de este gobierno - y de varios  gobiernos anteriores - que se habían manejado con una cierta consistencia en materia de tributación agropecuaria.

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LAS CADENAS PRODUCTIVAS INTERNACIONALES

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 14 de Octubre de 2015)

En la mayoría de los convenios de libre comercio que se firman en el ámbito latinoamericano y mundial se establecen lo que se llaman las “normas de origen”, las cuales permiten determinan con la mayor precisión posible que requisitos debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de un determinado país. Si la mercancía cumple con los requisitos que se establecen para ser considerada originaria de un determinado país, puede gozar de los privilegios o beneficios que ese país ha pactado con otros países para efectos de que sus mercancías no paguen aranceles en el país de destino. Así por ejemplo, si una mercancía se produce a partir  de insumos importados, pero tiene un valor agregado local superior al 60%, entonces lo más probable es que todas las normas de origen más convencionales lo reconozcan como originario del país donde se le agregó ese 60% de valor a ciertos insumos o partes importadas. Pero si la  mercancía tuviese solo un 10 % de valor agregado nacional - y el 90 % restante fueran materias primas importadas - estaríamos en presencia de un mero proceso de armado, de empaque, o de retoque que no le concede el status de bien originario del país. No gozaría, por lo tanto, en el país de destino de los beneficios arancelarios que se hayan concertado. Se trataría de un mero proceso de “maquila”que por lo general queda fuera de los convenios o tratados de libre comercio.

Sin embargo, en la mayoría de los tratados o convenios de libre comercio se establece también que los insumos importados de alguno de los países parte se considerarán como si fueran insumos locales, para efectos de determinar si se cumple o no con  las normas de origen. Si para producir una mercancía se importan partes, piezas y materias primas que suman el 70 % del valor de dicha mercancía, pero esas importaciones se realizan desde países que son parte de un cierto tratado de libre comercio, esas mercancías importadas se asumen como si fueran producidas localmente, y el bien así producido puede ser exportado a otro país parte como si fuera un bien originario. En otras palabras, se sustituye el concepto de origen meramente  nacional de una mercancía, por un concepto de origen regional u origen dentro de los países signatarios del tratado de libre comercio.

Esta última figura permite que un bien sea producido en un país A, con materias primas procedentes de los países B y C, y que finalmente se exporte al país D – gozando en ese país de destino de privilegios arancelarios como si hubiera sido íntegramente  producido en A-  siempre y cuando A, B, C y D sean partes de ese tratado o convenio de libre comercio que permite ese tipo de figura.

Este tipo de clausula permite procesos de integración productiva sumamente interesantes y prometedores, en la medida que posibilita aprovechar más a fondo las ventajas competitivas de cada país. Se puede por ejemplo, llevar cierta materia prima desde el país A al país B, para  aprovechar la competitividad de A en dicha materia prima, pero  aprovechar al mismo tiempo, en B, la baratura de la mano de obra, y exportar el producto resultante al país C, como si fuera originario de A o de B. Obviamente, mientras mayor sea la cantidad de países que son miembros o signatarios de un determinado convenio o tratado de libre comercio, mayor es la posibilidad de utilizar estas competitividades de uno o más países miembros para producir bienes que son posteriormente destinados a  terceros o cuartos países miembros.

Este tipo de figura es más prometedora incluso que la mera rebaja de aranceles, que ya es una herramienta que rinde pocos frutos en el campo de la competitividad y la integración internacional. Se trata, en lo sustantivo, de integrarse a las cadenas productivas internacionales que es un importante objetivo de los procesos de integración contemporáneos.

En Paraguay, país miembro del Mercosur, se han comenzado a establecer en forma bastante masiva empresas brasileñas que intentar aprovechar la baratura de la mano de obra, de los impuestos y de la electricidad allí existente para producir – con insumos brasileños - bienes que después serán reexportados a Brasil o a Argentina, gozando en el viaje de ida o de vuelta de todas las rebajas arancelarias  que convenidas entre países miembros del Mercosur. Es enteramente posible que esta situación se repita con empresas argentinas que también vean como conveniente establecerse en Paraguay, aprovechar las condiciones locales allí existentes, y vender posteriormente lo producido en el mercado argentino o brasileño.  En la frontera mexicana con Estados Unidos se han establecido cientos de empresas maquileras que reciben en México la parte final del proceso de producción o de empaque y que son reexportadas posteriormente a Estados Unidos. Ese se puede hacer por cuanto ambos países son miembros del NAFTA. Bolivia - aun sin concretar el ingreso pleno al Mercosur - puede aprovechar también situaciones de esta naturaleza en sus intercambios con Argentina y con Brasil, pues eso está ya contemplado en los acuerdos de complementación económica firmados y vigentes en el seno de Aladi.  En todo caso, para que todo este tipo de situaciones se haga posible, se necesitan en el país sede normas claras y permanentes relativas al tratamiento de la inversión extranjera, que es una cuestión en la cual Venezuela se encuentra en una situación manifiestamente deficitaria.      

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GRAVES DISCREPANCIAS ENTRE CEPAL Y EL FMI

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 15 de Octubre de 2015.)

La Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, CEPAL, y el Fondo Monetario Internacional, FMI - que son organismos internacionales  que tienen una cierta tradición y prestigio en lo que se refiere a la emisión de estadísticas y pronósticos sobre la economía mundial y/o de determinados países  - han emitido recientemente pronósticos bastante diferentes sobre lo que es dable esperar en relación a la economía venezolana durante este año y el próximo. Para la Cepal, el PIB de Venezuela caerá durante el año 2015 en un 6.7 % con relación al nivel alcanzado en el año inmediatamente anterior, en el cual también se había ya presentado una baja con respecto al 2013. Para el año 2016 el pronóstico de la Cepal es que la caída de la economía de Venezuela continuará, presentando en ese año un bajón de 7.0 %. Tres años seguidos de retroceso  económico.  Año tras año, el ingreso de Venezuela y de los venezolanos en menor.

Pero para el FMI las cifras son diferentes. En la reunión anual que acaba de realizarse en Lima este organismo dio a conocer sus proyecciones y manifestó que espera para el año 2015 una caída de 10 % en el PIB de Venezuela. Para el próximo año la caída esperada será de 6 %.

Como se puede ver - a pesar de las discrepancias - hay coincidencias  importantes: todos pronostican que Venezuela va mal y que seguirá mal. Las diferencias se ubican en el campo de las cifras precisas que son dable espera de la increíble política económica que lleva adelante el actual gobierno venezolano.

Esas discrepancias estadísticas pueden obedecer a varias causas. En primer lugar, al hecho de que cada organismo que trabaja con estadísticas tiene metodologías diferentes, y por lo tanto llegan a resultados que no son necesariamente iguales. Por ello es importante que casa organismo que emite estadísticas - en Venezuela o en cualquier otro país -   explicite sus criterios metodológicos.

En segundo lugar, Venezuela ha dejado de hacer públicas sus estadísticas económicas más importantes. Al no haber estadísticas ni datos macroeconómicos oficiales, cada organismo se ve en la necesidad de echar mano a fuentes muy indirectas para realizar sus proyecciones. Hay que tener en cuenta que normalmente los organismos internacionales no levantan directamente estadísticas económicas sobre los países que analizan, pues esa es una tarea que corresponde a los organismos oficiales de cada país. A partir de la información oficial entregada por cada gobierno se hacen posteriormente las compatibilizaciones internacionales y las correcciones metodológicas que se estiman necesarias para llegar a cifras que tengan sentido sobre todo en el campo de la comparaciones internacionales. Pero los organismos públicos de Venezuela – especialmente el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas -  no entregan cifras ni a la opinión pública venezolana y mucho menos a la opinión pública internacional. Silencio absoluto. La política del avestruz llevada al campo de la política económica. Metiendo la cabeza debajo de la tierra, se asume que los problemas no existen.

La otra razón que puede existir para estas discrepancias respecto al bajón venezolano es que la política económica que se lleva adelante en el país es heterodoxa en  tan alto grado, que echa por  tierra toda la capacidad de la ciencia económica contemporánea - basada en alta medida en la racionalidad de los actores políticos y económicos - para poder predecir que sucederá en el futuro cercano. Con cuatro tipos de cambio, una inflación de 150 % o más, cierres  fronterizos para impedir las exportaciones, controles de precios que nadie respeta y controles de todo tipo no hay modelo estadístico ni econométrico que pueda captar toda la rareza de lo que está sucediendo en Venezuela. Lo único claro es que vamos “cuesta abajo en la rodada” como dice el viejo tango gardeliano.  Sobre todo lo demás hay debates y legítimas discrepancias.     

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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 9 de Octubre de 2015.)

La Asamblea Anual de las Naciones Unidas tuvo este año tantos protagonistas relevantes  - y cada uno de ellos tenía tantos temas importantes que poner encima de la mesa-  que quedó parcialmente eclipsado lo que se suponía iba a ser el tema central de esa magna reunión de alrededor de 150 jefes de estado y de gobierno. Nos referimos a la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son el mapa de ruta, o las metas conjuntas de toda la humanidad contemporánea,  en lo que se refiere a desarrollo social, para los 15 años que van desde el 2015 hasta el 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS, son la segunda parte, o la continuación, de los Objetivos del Milenio, que se aprobaron también en Naciones Unidas, en el 2000, y que eran un conjunto de metas u objetivos que debían los diferentes países alcanzar  en los quince años siguientes.

Las Metas del Milenio tuvieron como primer gran merito, el merito de existir. El hecho de que todos los jefes de estado y de gobierno de los países que conforman la geografía política del mundo contemporáneo se pongan de acuerdo en un conjunto de metas a ser conseguidas en el transcurso de una década y media, es un hecho de inmensa trascendencia. Refleja que por sobre las inmensa diferencias de intereses y de culturas, los temas de la pobreza, de la educación, de la salud, etc., son preocupaciones compartidas por parte de todos, y que hay en cada una de esos campos avances que se pueden lograr cuando todos empujan en la misma dirección.

El otro hecho significativo es que dichas metas del milenio se alcanzaron en una  alta proporción.  Uno de los logros más  significativos fue que la pobreza extrema logró reducirse en más de un 50% en el transcurso de esa década y media. En el año 1990  existían  en el mundo alrededor de 1.920 millones de personas que vivían en condiciones de extrema pobreza, caracterizada ésta por la sobrevivencia con un ingreso igual o inferior a 1.25 dólares diarios. Actualmente, esa cifra ha bajado a 836 millones de personas.

La meta que los pueblos del mundo se plantean hoy en día es eliminar totalmente la pobreza extrema en los próximos quince años. La segunda meta es eliminar el hambre, que está muy relacionada con el problema de la extrema pobreza. Desde un punto de vista cualitativo, si se  pudo reducir en más de mil millones la cantidad de los extremadamente pobres en el lapso de 15 años, no debería ser imposible reducir los 836 millones que todavía quedan en esa categoría social en los 15 años venideros. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo, la tarea es más difícil, pues se trata de la pobreza más dura o más  consolidada, y que es por lo tanto más resistente al cambio. Para los países de la América- que es una de las zonas del mundo que presentó más avances en esta meta de reducción de la extrema pobreza en la primera quincena del siglo - la segunda quincena se anuncia mas difícil que la segunda, pues sus tasas de crecimiento económico se visualizan más modestas que hace 10 o 15 años atrás. Más aun, hay países en la región, como Venezuela, en que ya se deja ver una regresión o un incremento en las tasas de extrema pobreza que se habían alcanzado. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, no deja de ser un hecho auspicioso el que los gobernantes del mundo coincidan en una meta tan ambiciosa como tener en 15 años, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, un planeta sin el drama de la extrema pobreza. 

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SIDOR Y LAS CABILLAS IMPORTADAS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 7 de Octubre de 2015.)

Hay un par de  noticias que han aparecido por separado en la prensa nacional pero que están íntimamente relacionadas. La primera de ellas es que Venezuela acaba de importar 3.500 toneladas de cabillas procedentes de Costa Rica, que es un país pequeño, con poca capacidad industrial, aun cuando ordenado, democrático, serio y con un gran y continuado esfuerzo en materia ecológica y turística. Que ese país tenga la capacidad de proveer a Venezuela de cabillas es una situación que no puede dejar de llamar la atención. Es muy bueno y habla muy bien de Costa Rica, pero no habla muy bien de Venezuela, que tiene una gran producción de hierro y una siderurgica que se  construyó pensando en abastecer plenamente el mercado nacional y en generar paralelamente un gran volumen exportable.

La segunda noticia es que Sidor, la gran empresa siderúrgica venezolana, nacionalizada por el gobierno chavista, paralizará sus operaciones por dos semanas para hacer una jornada integral de mantenimiento. La práctica normal de las empresas, grandes o chicas, es hacer mantenimiento precisamente para mantener el nivel operativo de la misma, y no tener que parar. Se invierte en mantenimiento precisamente para no pagar posteriormente el elevado costo de tener que parar la producción de la planta. Pero en la extraña lógica con que funciona la economía nacional en el día de hoy, la mayor planta siderúrgica del país se paraliza por dos semanas para hacer mantenimiento, lo cual indudablemente afecta la producción que se alcanzará durante el año en curso. Ya en el año anterior Sidor produjo solamente 1.03 millones de toneladas de acero líquido, el peor nivel presentado desde 1980.

La primera noticia queda en alta medida explicada por la segunda. Hay que importar cabillas porque Sidor no está en condiciones de producirlas. No solo por la comentada paralización para hacer mantenimiento, sino por la situación general y sostenida de la empresa en los últimos años. La gerencia de los últimos años no ha sido capaz de aumentar la producción. La política de precios impuesta por el gobierno no permite generar ganancias como para realizar inversiones y aumentar la producción. El populismo dentro de la empresa – aumentando extraordinariamente la nómina de trabajadores – y el populismo fuera de la empresa- manteniendo bajo los precios de lo producido – generan una caída de la productividad, altos costos y elevado endeudamiento. La política en relación a la inversión extranjera que impera en el país, que permite a los capitales entrar al país, pero no permite sacar posteriormente del país las utilidades legítimamente obtenidas, y además, el desprecio olímpico que se cultiva por todo lo que huela a eficiencia y a tecnocracia, llevan a que no sea posible para la empresa nacionalizada contar con la participación de eventuales socios extranjeros. Todo ello lleva a que las exportaciones bajen, con el consiguiente menor aporte a las alicaídas disponibilidades de dólares del país. En síntesis, menor producción, menores exportaciones, menores ganancias, mayores costos, mayor nómina.

Desgraciadamente lo que sucede con  Sidor sucede con la inmensa mayoría de las empresas nacionalizadas. No se ha logrado exhibir aumentos de producción,  ni de productividad, ni en el  petróleo, ni en el hierro, ni en el aluminio, ni en el cemento, ni en casi ninguna de las empresas nacionalizadas. 

¿Es posible revertir esta situación en un futuro cercano? Si, es enteramente posible. No se trata de un dato de la naturaleza ni de una maldición divina. Para revertir esa situación hay que tener, en primer lugar, metas claras que en muchas de las empresas básicas son fundamentalmente sustituir importaciones  - de cabillas desde Costa Rica, o de productos similares procedentes de cualquier otro país – , aumentar la producción y aumentar las exportaciones tanto como sea pueda. Pero para ello hay que hacer inversiones, hacer reingeniería, bajar costos, atraer socios extranjeros que puedan aportar capitales y tecnologías - quizás en las mismas condiciones contractuales que en la actividad petrolera actual - y reinsertar a dichas empresas en los circuitos internacionales de comercialización de los productos respectivos, para ganar y mantener mercados. La eficiencia tiene que dejar de ser una mala palabra, en el petróleo, en las  empresas básicas y en todo el país. Pero los aumentos de productividad, la reducción de costos y la reingeniería de sistemas y de procesos requieren de la participación organizada y responsable de los trabajadores de las empresas afectadas. Sin populismo, pero sin represión.  

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LA IMPORTANCIA DE PARAGUACHON

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 2 de Octubre de 2015.)

La aduana terrestre de Paraguachon – que une a Colombia y Venezuela por la zona del Zulia – es una aduana de alta importancia para el comercio bilateral entre los dos países mencionados. En el año 2013 – último año sobre el cual hay estadísticas relativamente completas -  las exportaciones totales de bienes desde Colombia hacia  Venezuela sumaron 2.255 millones de dólares. De esa cantidad, aproximadamente la mitad, es decir 1.105 millones de dólares ingresaron a  Venezuela por la aduana de Paraguachon. Ingresaron en forma clara, transparente, legal, con todos sus papeles en regla, dejando huellas y registros en ambos países. Todo el 50 % restante de bienes importados desde Colombia entra a Venezuela por las otras aduanas terrestres y por la vía marítima y aérea. La vía terrestre es abiertamente la preferida, porque comunica más directamente con los grandes centros poblacionales e industriales de Colombia, y porque el comercio por vía marítima es más complicado y más caro. 

Obviamente no todas esas mercancías que entran por Paraguachon van con destino al comercio o a las industrias localizadas en el Estado Zulia. Se trata de bienes finales y de insumos y materias primas para comercios y empresas que se ubican en Caracas o en cualquier otro punto del territorio venezolano. El cierre total o parcial de Paraguachon afecta por lo tanto al conjunto del país. A los consumidores los afecta dos veces: por un lado, porque no encontrarán  en los anaqueles aquellas mercancías importadas desde Colombia, y también porque escasearán, o serán más caras, las mercancías venezolanas que utilizan insumos o materias primas importadas desde Colombia.

Por el lado de las exportaciones venezolanas las cosas son relativamente similares. Las exportaciones totales hacia Colombia  - en claro descenso a lo largo de los últimos años - llegaron en el año 2013 a la cifra de 454 millones de dólares. De esa cantidad, 89 millones de dólares en bienes no petroleros salieron del país por la vía de Paraguachon. El Instituto Nacional de Estadísticas, y la propia PDVSA, no suelen publicar las ventas internacionales de petróleo que hacen a cada uno de los países de destino. Esos 89 millones de dólares que figuran en las estadísticas oficiales venezolanas son solo bienes no petroleros. Pero como a Colombia se le venden ciertas sumas no especificadas de petróleo y de gasolina, que también pasan en forma legal, clara y transparente por Paraguachon, es posible llegar a la conclusión de que por lo menos unos 100 millones de dólares pasan por esa aduana desde Venezuela a Colombia. Es decir, aproximadamente un 25 % de las exportaciones totales de Venezuela a Colombia. El resto pasa por las otras aduanas terrestres y/o por vía marítima o aérea.

Si se cierra total o parcialmente esa aduana terrestre, eso tiene que afectar inescapablemente a las exportaciones venezolanas, reduciéndolas en forma sustantiva.  Esas menores exportaciones se traducen en menos producción, menos empleo y menos dólares.

Luce evidente que el cierre de la frontera no le hace bien a ninguno de los dos países. A Venezuela en particular la obliga a buscar proveedores en otros países para las mercancías que hoy en día compra en Colombia, que obviamente existen, pero serán proveedores más caros o de peor calidad. Si fueran más baratos o mejores, se les habría elegido a ellos desde un comienzo y no a los colombianos. Igualmente, tendrán que buscar otros mercados para los bienes que hoy en día se exportan a Colombia, lo cual no es fácil para un país como Venezuela que casi se podría decir que hace lo posible por obstaculizar las exportaciones no petroleras y por perder competitividad  internacional. 

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