jueves, 18 de agosto de 2016

BOFETADA FRONTERIZA


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 18 de Agosto de 2016)


El tránsito de miles de personas desde Venezuela a Colombia, por las aduanas terrestres del Estado Táchira, constituye un fenómeno económico que vale la pena de analizar.
Un primer punto que es importante subrayar es que los tachirenses van a comprar bienes a territorio colombiano por la sencilla razón de que esos bienes no se encuentran en el lado venezolano. En otras palabras, porque aquí hay escasez y muchas veces ausencia absoluta de determinados bienes, que pueden ser imprescindibles para el consumo diario, o pueden ser sencillamente gratos de consumir de vez en cuando. Queda nítido el hecho de que lo que los consumidores desean adquirir, no lo pueden encontrar en el territorio venezolano. Ni siquiera comprándolo en el mercado negro. Ni siquiera comprando caro. Sencillamente no hay. Peor aún: no se sabe cuándo van a aparecer esos bienes, ni a través de qué mecanismo se van a distribuir, ni a qué precio se van a ofrecer, y cuanto voy a poder adquirir de los mismos. Se ha caotizado totalmente el sistema de distribución de productos de primera necesidad en el seno de la economía venezolana.
Ese sistema recién inventado de distribución por la vía de los organismos políticos y/o sociales, con apoyo militar, en que los productos llegan de vez en cuando a casa de ciertos consumidores, tiene varias fallas importantes: primero, nadie sabe con qué periodicidad se van a conseguir los bienes de consumo. Segundo, no se sabe a qué precio los van a vender. Tercero, no se sabe a manos de quien va el dinero que se paga por la bolsa de comida, pues es mucha la gente que opera como intermediaria. No es cierto que se hayan eliminado los intermediarios. Se han multiplicado, reemplazando a los intermediaros privados, que saben hacer su actividad de comercialización, por intermediarios improvisados, que no saben mucho de contabilidad ni de legítima remuneración por una jornada de trabajo, y que no están sujetos a control ni auditoria alguna. Por último, hay discriminación política en la distribución de los bienes, dejando a muchos sin la bolsa de comida por la sencilla razón de que no son afectos al gobierno.
Si se le da a los consumidores la oportunidad de ir a comprar en Colombia, van a un mercado en que los precios son conocidos, no hay discriminación política, y se adquiere la cantidad que se puede con el dinero que se tiene. Se trata de un sistema que funciona. El otro sistema sencillamente no funciona. Es un caos, una anarquía y un desorden.
El otro asunto digno de destacar es que los ciudadanos tachirenses van a comprar a Colombia, si los dejan, porque allí los precios son más baratos. Hay allí varios aspectos que analizar. Primero, el artículo que no se encuentra, y que se necesita con urgencia, se compra a cualquier precio. Segundo, los bachaqueros venden a un precio dado por el costo de oportunidad, es decir, por el valor que para el ciudadano tiene el eventual tiempo perdido en una cola de varias horas y de inciertos resultados, no por la tasa de cambio del bolívar con tal o cual moneda extranjera. Tercero, si se introduce en el análisis la tasa de cambio, hay que recordar que en Colombia hay un mercado relativamente libre para comprar o vender dólares, y que por lo tanto las mercancías tienden a tener precios en el mercado interno que guardan relación con los precios internacionales. En Venezuela, los precios se configuran no de acuerdo a su eventual valor en dólares - traducidos a bolívares a una tasa de la cual no se puede hablar - sino a dos veces por lo menos lo que esa tasa indica. Es decir, la tasa de cambio oficial, o la otra, no sirven para valorar los precios de las mercancías. Si los precios en Colombia están alineados con el dólar y con el precio internacional, eso implica que en muchos bienes esos precios colombianos resultarán más baratos que el precio venezolano en los mercados que escapan al control oficial.
Otro aspecto que es importante analizar es qué harán los colombianos con los bolívares que recibirán por parte de los consumidores venezolanos. Esos bolívares solo sirven, en última instancia, para comprar bienes y servicios en Venezuela. Por lo tanto, si esos bolívares logran retornar a suelo venezolano, aquí se podrá adquirir con ellos una gran variedad de bienes muebles o inmuebles y de activos financieros. Casas o apartamentos, locales comerciales, tierras urbanas o rurales, servicios de todo tipo, acciones de empresas venezolanas, o incluso adquirir dólares. En otras circunstancias comprarían bienes exportables, para llevarlos a Colombia, pero como hoy en día eso no se puede hacer, y nadie en su sano juicio quiere acumular bolívares debajo del colchón - con una inflación superior a 500 % que se come minuto a minuto el valor de la moneda - entonces lo lógico es que esos bolívares emprendan rápidamente el regreso a su país de origen. Al final del día los colombianos habrán aumentado sus exportaciones y habrán acumulado una interesante cantidad de activos fijos y financieros en Venezuela. Todo ello es una bofetada en el rostro para quienes diseñan políticas públicas a este lado de la frontera. 





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