FRONTERAS INTELIGENTES

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 24 de Septiembre de 2015)

Colombia sufre un intenso contrabando de extracción. Miles de ciudadanos provenientes de ciudades fronterizas van semanalmente a Colombia a realizar allí sus compras domésticas habituales - además de ropa y electrodomésticos - pues los precios son allí más baratos que en el país vecino. Colombia no parece estar particularmente preocupada por esta situación por varias  razones. Por un lado, por qué esas compras le dejan  aproximadamente 3.7 millones de dólares por mes a la economía de las ciudades fronterizas. Además, desde el punto de vista formal eso constituye una exportación de mercancías, que es precisamente lo que Colombia intenta llevar adelante en la mayor cuantía posible. La devaluación de la moneda colombiana en lo que va corrido de este año, y los esfuerzos institucionales del gobierno y del empresariado, desde hace varios años a esta parte, van encaminados a exportar tanto como sea posible, a los países vecinos o a los países de cualquier rincón del planeta. Así que Colombia no tiene problema alguno con este “contrabando de extracción”. No se trata, desde luego, de productos subsidiados, sino de bienes que se venden en las ciudades de la frontera al mismo precio que en todo el  resto del país, es decir, al precio de mercado. En estricto sentido, si esas ventas no se hicieran el detal, sino que se hicieran al mayor, deberían venderse a un precio menor que el precio interno, pues cabria descontar el IVA y también, si es que cabe, los impuestos arancelarios que se pagaron cuando se internaron al país los insumos importados que puedan estar presentes en esas mercancías. Así se hace en una inmensa mayoría de los países del globo. La política, claramente permitida en los convenios internacionales, es no exportar impuestos.

Si algún país se ve afectado por estas compras en territorio colombiano, dicho país tiene todo el derecho del mundo a evitar que esas mercancías entren libremente al territorio de su propio país, pero no tiene por que reclamarle a Colombia que venda en su territorio lo que alguien quiera comprarle.  Además, se trata de compras realizadas con dólares contantes y sonantes, legalmente adquiridos y canjeados en las casas de cambio legalmente existentes para tales fines.

Todo esta situación descrita en las líneas anteriores es la que caracteriza el comercio transfronterizo entre Ipiales, en el sur de Colombia, y Tulcan, en el norte del territorio ecuatoriano.

Ecuador tiene todo el derecho del mundo a tratar de evitar por vías administrativas, o por las vías de los incentivos económicos, que esta situación se mantenga, pues implica una salida de dólares que ya adquiere una magnitud significativa. Tiene incluso el derecho a cerrar su frontera e impedir que sus connacionales viajen a Ipiales, si así lo estimase conveniente. Pero el gobernó ecuatoriano no ha actuado de esa manera. Ha tomado medidas que parecen bastante inteligentes. Se trata en lo sustantivo, de cobrar aranceles a las mercancías que entran por  tierra, al igual como lo hacen las mercancías que entran por vía aérea o marítima al territorio ecuatoriano. Una medida de esa naturaleza encarece en esa zona fronteriza el producto proveniente de Colombia, protege un tanto la producción y el comercio local, y  evita la salida de dólares. Parte de la siempre complicada economía de las zonas fronterizas se manifiesta también entre Ipiales y Tulcan por el hecho de que el petróleo es más barato en el lado ecuatoriano, lo cual provoca, que en este particular producto, las compras se hacen por parte de colombianos que viajan al lado ecuatoriano a abastecer los tanques de sus vehículos. 

Solución ecuatoriana: cobrar, en esa zona,  un precio más caro a la gasolina que se expende a los vehículos con matrícula o placa extranjera. Colombia, le gusten o no le gusten esas medidas, no tiene derecho a reclamar por ellas.  

El secreto del éxito parece ser que cada uno despliegue todas las medidas que entran dentro del campo de su soberanía y del mejor servicio a sus intereses, y cada uno respete, al mismo tiempo, las decisiones soberanas del otro, sin que ninguno pretenda imponer al otro su propia política económica, cambiaria, aduanera, monetaria o social. 

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