(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMIA Y NEGOCIOS el día 3 de junio de
2015)
Venezuela
contó durante muchos años con una ley de
promoción y protección de la inversión extranjera – promulgada en 1999- con la cual
se pretendía atraer y dar seguridad jurídica
a los eventuales capitales extranjeros que se radicasen en el país. Esa ley -
que en realidad era un decreto presidencial con rango y fuerza de ley - fue
promulgada por el ex Presidente Hugo Chávez en uso de las primeras facultades extraordinarias que le concedió el
parlamento venezolano. No se trataba, por lo tanto, de una imposición del
órgano legislativo – como a veces sucede en democracia - sino de una decisión libre
y soberana del poder ejecutivo. Además, estaban vigentes en el país las
disposiciones que en esta materia había acordado la Comunidad Andina de
Naciones.
A pesar de
ello, las cosas en materia de relaciones con los inversionistas extranjeros tuvieron
en los años posteriores una evolución un tanto conflictiva. Por un lado, se protagonizaron
una serie de expropiaciones o nacionalizaciones en las cuales se han visto
involucradas varias empresas extranjeras con inversiones en Venezuela. Muchas
de esas empresas, amparándose en la ley decretada por el Presidente Chávez,
apelaron al CIADI, organismo de arbitraje que forma parte de la institucionalidad
del Banco Mundial, donde se llevan adelante hasta el día de hoy varios juicios
o arbitrajes para dirimir los eventuales montos de indemnización que el Estado
venezolano debería pagarle a las empresas en cuestión. Posteriormente, Venezuela decidió salirse del
Ciadi, para evitar que los futuros afectados tuvieran una instancia, supuestamente
parcializada, donde apelar en caso de expropiación. Ese abandono del Ciadi no
impide, en todo caso, que este organismo mantenga su rol como árbitro frente a
los casos que se presentaron a su consideración en los períodos en que Venezuela
todavía estaba sujeta a su autoridad. La ley misma, promulgada por el Presidente
Chávez, donde se establecía la competencia del Ciadi, fue derogada y
reemplazada por un nuevo decreto con fuerza y rango de ley con fecha de
noviembre de 2014. Hoy en día, los
nuevos inversionistas que decidan radicarse en Venezuela no tienen sino los tribunales
venezolanos como órganos judiciales a los cuales recurrir en caso de que tengan
conflictos con el ejecutivo.
Todos estos
antecedentes vienen al caso pues las últimas estadísticas publicadas por la Comisión Económica para
América Latina, CEPAL, muestran que en el año 2014 Venezuela recibió una
cantidad sumamente modesta de inversión extranjera. Escasamente 320 millones de
dólares. Los países de la región que en
mayor medida fueron receptores de inversión extranjera directa fueron Brasil,
con 63.996 millones de dólares, México con 22.795 millones de dólares, Chile
con 19.268 millones de dólares y Colombia con 16.054 millones de dólares. En la
América del Sur, los receptores más modestos son Paraguay con 236 millones de
dólares, y Venezuela, con la cantidad ya mencionada. Incluso en la América
Central países más pequeños en dimensiones
geográficas, económicas y demográficas, como Guatemala o Panamá, recepcionaron
montos de 1.396 millones de dólares y 4.719 millones de dólares respectivamente.
Hay que tener en cuenta, para entender cabalmente
esas cifras, que las utilidades que las empresas extranjeras no remesan a sus países
de origen, sino que las reinvierten en el país sede, son contabilizadas también
como nueva inversión extranjera. En Venezuela, como las empresas extranjeras han
tenido dificultades para obtener los dólares que les permitan remesar sus utilidades,
muchas de ella optan por reinvertirlas en el país –para no tener ese dinero
ocioso y en proceso de desvalorización – lo cual pasa en muchos casos por la
compra de de apartamentos de lujo y/o la construcción de centros comerciales.
En los
últimos días el Presidente Maduro ha informado al país que Rusia llevará adelante
grandes inversiones en Venezuela. Se habría convenido un monto de 14 mil
millones de dólares para llevar adelante inversiones en petróleo y gas, con lo cual
se espera duplicar en un futuro cercano la producción de petróleo. La
información de prensa sobre esta materia es breve y no indica la cantidad de
años en la cuales se materializará esta voluminosa inversión rusa. Es dable suponer
que no será un año o dos, pues la economía nacional y la propia industria
petrolera no siempre están en condiciones de digerir un volumen tan grande de
nueva inversión extranjera en un período breve de tiempo. Siendo esta una noticia sin duda positiva,
cabe sin embargo preguntarse si esas cuantiosas inversiones en el ámbito petrolero
y gasífero fueron objeto de una licitación
internacional, abierta y transparente
o, tal como parece, fue objeto de una mera negociación directa de país a
país. Y aun cuando así sea, ¿es posible conocer el texto de dicha negociación? También cabe preguntarse por las condiciones que
se le aseguran a dichos inversionistas rusos. Por ejemplo, es lícito
preguntarse si los capitales que ellos traigan al país se liquidarán a tasa
Simadi, o a alguna tasa particular que se establezca para estos efectos.
Igualmente, si las remesas que esa inversión quiera, al cabo de los años correspondientes,
remesar a su país de origen serán objeto de la misma tramitación que cualquier
otra inversión extranjera, es decir, largas esperas para obtener los dólares
correspondientes, o gozaran de mecanismos más expeditos. ¿Vendrán a asociarse
con Pdvsa en proyectos extractivos y/o productivos? ¿Cuánto capital tendrá que
poner Pdvsa para hacer de contraparte del capital ruso? ¿Cuáles serán las proporciones
entre capital ruso y venezolano en las nuevas empresas que se establezcan?
¿Será rusa la gerencia general? ¿Serán inversiones fundamentalmente en petróleo
o en gas? ¿Hay cláusulas respecto al destino del petróleo o del gas que se
produzca a partir de estas nuevas inversiones?
Siendo Venezuela
un país que recibe tan poca inversión extranjera directa, tal como muestran las
estadísticas regionales, la recepción de un volumen tan grande es algo que no
puede menos que llamar la atención y sobre lo cual el país debería ser cabalmente
informado.
sergio-arancibia.
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