(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en la edición digital de ELMUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS
el día 25 de mayo de 2017)
El peligro
de la asamblea constituyente propuesta por el Ejecutivo no radica en que ésta
de origen a una nueva constitución. Ni siquiera en el hecho de que esa nueva
constitución no sea refrendada por el pueblo soberano en elecciones libres. No.
El problema no está allí. El peligro mayor es que la asamblea constituyente se
instale y asuma todo el poder en el país. Es decir, una asamblea constituyente
que se sienta depositaria del poder que le entrega el soberano, y por sobre el
cual no hay poder alguno. Así fue en tiempos de Chávez. La asamblea constituyente
se coloca desde el día uno de su instalación por sobre el poder ejecutivo, legislativo
y judicial, e incluso por sobre el poder regional. Asume todos los poderes del
Estado, los cuales, si sobreviven, lo hacen en forma de poderes delegados, subordinados
y transitorios.
Si la política
es - en el fondo de las cosas - una lucha por el poder, la convocatoria a la
asamblea constituyente es una forma de resolver el problema del poder. Es
reconocer, desde luego, que las protestas de los últimos 50 días han puesto en
jaque el poder que detenta el Presidente Maduro, y que tal poder, tal como se
expresa hoy en día, no es suficiente como para contener la arremetida nacional a
favor de la democracia. Se necesita -desde el punto de vista de Maduro y de los
estrategas nacionales y extranjeros que lo asesoran - un golpe que legitime el
poder actual o que genere un poder distinto pero parecido.
Una asamblea
constituyente - generada por el extraño e ingenioso mecanismo corporativo propuesto
por el Gobierno - asumiría integro todo el poder legislativo, cosa que no pudo hacer
la actual Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional
no solo se quedaría sin poder alguno, tal como está ahorita, sino que dejaría
de existir y cada diputado dejaría de ser tal.
Una asamblea
constituyente en los términos en que ha sido propuesta por el Ejecutivo podría
dejar también cesantes a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, aun
cuando los actuales podrían ser mantenidos en sus cargos en reconocimiento a
los servicios prestados.
Con respecto
al Ejecutivo, lo más probable es que la primera medida de la fulana asamblea
constituyente sea ratificar en su cargo al Presidente Maduro, con algunos cambios
en sus atribuciones -gobernar por decreto, por ejemplo – y en las atribuciones
de sus ministros y altos funcionarios, que podrían dejar de estar sujetos al molesto
control parlamentario. Sin embargo, puede suceder que algunos se pongan
creativos y propongan cosas diferentes. Diferentes a Maduro. Nunca se sabe.
¿Qué pasaría
con las Fuerzas Armadas? No hay dudas de que la institución armada tiene
reivindicaciones que le son propias, por ejemplo, en su permanente relación
conflictiva con el poder civil. También aspiraciones económicas y corporativas.
Todas esas demandas podrían ser aprobadas por la asamblea constituyente en el
día uno de su instalación, para poder de allí para adelante trabajar tranquilos
en otras cosas.
Todos esos cambios
se podrían hacer en dos fases: uno de hecho, basado en el poder que la asamblea
constituyente tendría mientras exista - por sobre cualquier otro poder existente
en el país - y otro por la vía de escribirlo en una nueva constitución, si es
que todavía fuese necesario.
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