(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y
NEGOCIOS el día 11 de mayo de 2018)
No parece
que le haya ido bien a Venezuela en materia de inversión extranjera directa.
Esta categoría económica internacional mide el grado en que una economía logra
nutrirse de aportes de capital provenientes del extranjero, que lleguen para
levantar empresas en las cuales los mismos tengan un grado de control importante.
En otras palabras, se trata de fondos provenientes de exterior que vengan a
correr riegos, a levantar empresas, a producir bienes y servicios, a contratar
mano de obra, a aprovechar recursos naturales existentes, a potenciar
exportaciones y/o a aportar tecnologías.
Según datos
recientes de Cepal – que en lo que respecta a Venezuela solo alcanzan hasta
2015- se muestra que en ese año, la inversión extranjera directa en todo la América
del Sur -desde la frontera colombo panameña al sur - conformada por 10 países, alcanzó a 131 mil millones
de dólares. De esa cantidad Venezuela captó un porcentaje cercano al 1 % -
1.383 millones de dólares - lo cual es manifiestamente un porcentaje que no se
corresponde con su peso demográfico, geográfico ni económico. Los países que captaron
los mayores porcentajes fueron Brasil – con el 56.7 % - Colombia -con el 10.3 % - Chile – con el 9,2 %
y Perú – con 5.2 % - es decir, países a los cuales les va bien en lo económico.
Venezuela
tiene hoy en día condiciones económicas que podrían interpretarse como muy favorables
para el inversionista extranjero. En este país, con un millón de dólares es posible
comprar más activos económicos – empresas, departamentos, tierras, vehículos –
que en cualquier otro país de América del Sur. Con 100 millones de dólares es
posible comprarse una cantidad de activos considerables. Todo lo que se quiera
comprar sale aquí más barato que en otros países de la región. Además, la mano
de obra es barata, y las leyes existentes en materia de IED dejan abierta la
puerta como para negociar condiciones especiales cuando se crea que las circunstancias
lo ameriten.
¿Por qué la
inversión extranjera, entonces, no llega? ¿Por qué el famoso arco minero no atrae
a empresas nuevas que quieran incursionar en la minería del oro o de los diamantes?
¿Por qué las miles de fábricas que han cerrado sus puertas no son inmediatamente
adquiridas por capitalistas extranjeros, a precio de gallina flaca?
Hay, al
menos, dos respuestas a esos interrogantes: las IED no llega por las
condiciones políticas y por las condiciones legales. La mayoría de los inversionistas
extranjeros son empresas que hacen cálculos de largo plazo. No son aventureros que
vengan por un año o dos, a ganar lo que se pueda y salir cuanto antes, aun
cuando éstos también existen y se hacen presentes. Pero el que quiera venir por cinco o más años
necesita seguridad jurídica y seguridad política y parece que ninguna de esas
dos condiciones están presentes en la Venezuela de hoy. Y no nos referimos a
que un mismo equipo gobernante se mantenga en el poder, sino a que exista una
institucionalidad que sea aceptada y apoyada por los actuales gobernantes y por
sus opositores, de modo que esa institucionalidad se mantenga, aun cuando
cambien los gobiernos. Pero nada de eso existe. Así que solo nos quedamos con
el 1% de las inversiones extranjeras de la región y con una buena cantidad de
aventureros.
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