(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 23 de julio
2017)
A partir
de las facultades extraordinarias que el
Tribunal Supremo de Justicia le entregó al Presidente de la República, para legislar
en materia económica, las cosas se dan en el país más o menos de la siguiente
manera: el gobierno puede hacer lo que se le ocurra en materia de presupuesto
fiscal, en materia de manejo de la política monetaria, en materia de manejo de
la política cambiaria, en materia de fijación de precios, en materia de expropiaciones,
en materia de creación de misiones sociales, en materia de convenios internacionales,
en materia de asociaciones petroleras, en materia de endeudamiento del país, en
materia de control de los circuitos de comercialización interna, etc., etc.
Jamás, por
lo menos en los últimos 50 años, un presidente gozó de tan omnímodos poderes. Pueden
hace absolutamente todo lo que se les ocurra. Y no hacen nada. Por lo menos
nada bueno. Se desenvuelven en la permanente reedición de políticas que han
demostrado su fracaso y que no resultan ni resuelven nada. Se los consume la
inercia, la ineficiencia, la corrupción, la ideologización, la incapacidad de corregir
sus propios errores y el empate o equilibrio entre los grupos y subgrupos que
constelan en torno al gobierno.
Si todos los que están gobernando y/o han gobernado
hasta hace poco se reúnen conformando una asamblea constituyente ¿qué otra cosa
se les puede ocurrir? ¿Mas poderes para el Presidente Maduro? Es difícil
concebir más poder. Ya hoy en día tienen todo el poder imaginable. Gobiernan
sin parlamento que los controle y que discuta las locuras económicas antes de
que se conviertan en leyes; no hay contraloría que controle, ni órganos judiciales
que castiguen; ni prensa libre que opine; ni Banco Central que conserve un
ápice de libertad de acción ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan para arreglar
esto?
Lo incomodo
de contar con todo el poder es que no hay nadie a quien echarle la culpa de
nada. Si las cosas están como están es única y exclusivamente por obra y gracia
de quienes han tomado las decisiones económicas en los últimos meses y en los
últimos años. Cuando se tiene el poder total hay que asumir totalmente la
responsabilidad por las decisiones tomadas.
La eventual
asamblea constituyente, a lo más, se va a limitar a darle al Presidente Maduro,
en forma permanente e inherente al cargo, las atribuciones que hoy en día tiene
que solicitarle cada cierto tiempo al Tribunal Supremo de Justicia, o terminar
de arrancarle al Banco Central las atribuciones que de hecho le han ido arrancando
a pedazos, o incluso otorgarle al Presidente, de una vez por todas, la facultad
de aprobar el presupuesto fiscal de cada año sin preguntarle a nadie. Es decir,
legalizar los errores que ya están en curso, de todo lo cual no puede salir
nada bueno.
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