(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y
NEGOCIOS el día 14 de Julio de 2017)
En Chile, una
de las astucias perversas de la dictadura de Pinochet y de sus asesores más
cercanos fue hacer aprobar una constitución que fuera muy difícil de modificar
o de sustituir por un eventual gobierno democrático que asumiera posteriormente
la conducción del país. Es decir, una constitución blindada. Así, la constitución
pinochetista - que ha costado mucho esfuerzo y muchos años desmontar- establecía
la figura de los senadores designados por las fuerzas armadas, con lo cual modificaba
en el Parlamento las correlaciones políticas que emanaban de la soberanía popular;
un sistema electoral que conducía a que la minoría obtuviera en el parlamento
la misma representación que la mayoría, con lo cual era muy difícil que esta
última pudiera obtener las mayorías calificadas como para reformar la constitución;
la imposibilidad para el Presidente de la República de cambiar a los comandantes
en jefe de las diferentes ramas de las fuerzas armadas; la necesidad de ley
para conformar empresas públicas o para expropiar empresas privadas; la
privatización de la electricidad, del agua, de la salud y de la educación,
etc., etc.
Como la oposición
democrática se planteó un camino democrático, pacífico y electoral, se vio en
la necesidad de aceptar - aun cuando a nadie la gustara- la constitución de Pinochet.
Distinto es el caso cuando la oposición toma el poder por la vía insurreccional,
en que puede desde el inicio hacer caso omiso de la legalidad heredada del régimen
anterior. Pero ese no era el caso en Chile, ni es el caso en Venezuela.
Cabe, por lo
tanto, preguntarse si un gobierno como el actual, en Venezuela, que sabe que
está condenado por la historia - y que tarde o temprano tendrá que ser reemplazado
por un gobierno de talante democrático - quiere reformar la constitución antes
de irse, para lograr conservar, en un contexto diferente, ciertos enclaves de
poder que le sean de importancia estratégica.
Si así fuera,
creemos que hay tres enclaves de poder que el gobierno tratará de blindar ante
eventuales procesos de democratización. Primero, la estructura sectorial, comunal
o corporativa de los órganos parlamentarios- nacionales, estadales o
municipales- incluyendo allí, desde luego,
la representación corporativa de las fuerzas armadas. En segundo lugar, las funciones,
atribuciones y poderes de las fuerzas armadas, su relación con el poder civil,
y la forma de generación de sus autoridades. Intentarán lograr allí que estas
últimas no puedan ser cambiadas, modificadas ni enjuiciadas por un eventual gobierno
democrático, y que todo cambio del alto mando sea por cooptación y no por
decisión de los responsables del poder civil. En tercer lugar, el Tribunal Supremo
de Justicia. Tratarán de lograr que ese órgano se autogenere, es decir, que la
selección de sus miembros sea por cooptación de sus actuales órganos superiores,
y no por de vía parlamentaria. Con todo eso el futuro gobierno quedaría más
amarrado que una hallaca.
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