(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 6 de julio
de 2017)
Cuando en
Chile, en el año 1973, se impuso una dictadura militar - encabezada por el
general Augusto Pinochet - una de las primeras medidas que se tomó fue el
nombrar rectores militares en todas las universidades del país. No solo en las
universidades públicas, sino también en las universidades privadas, incluida la
muy Pontificia Universidad Católica de Chile, que tenía al Papa y al Cardenal
como sus máximas autoridades. Paralelamente
se privó de sus cargos docentes a todos los profesores que estaban identificados
con los ideales y con los afanes del Gobierno de Salvador Allende, y/o que eran
claros exponentes de un pensamiento democrático. Muchos de ellos fueron
directamente hacia las cárceles o campos de concentración. Para esos efectos se
utilizaron las informaciones generadas por medio del espionaje o de las labores
de inteligencia realizadas con antelación por los organismos encargados de esas
funciones en el seno de las propias fuerzas armadas y/o por el soplonaje puro y
simple de los arribistas que nunca faltan y que aspiraban a ascender en las
instancias universitarias por medio de esa forma abyecta de congraciarse con
las nuevas autoridades.
Los organismos
gremiales o sindicales de profesores, empleados y estudiantes fueron, desde
luego, clausurados o eliminados.
Se impuso de
esa forma una institucionalidad universitaria que apuntaba hacia una forma
única de ver y entender el país y el mundo, y hacia la negación de toda forma
de libertad de pensamiento.
Desde un
punto de vista presupuestario, las universidades - aun cuando dirigidas por
generales y almirantes altamente afines con el gobierno militar - se vieron
limitadas en sus asignaciones y se vieron empujadas rápidamente hacia el autofinanciamiento
por la vía del cobro de elevadas matrículas que eventualmente permitieran el
financiamiento pleno de las actividades universitarias. Eso era cónsono con la
filosofía neoliberal que se impuso en todo orden de cosas en el país, que
predicaba que todo servicio útil debería ser pagado por el usuario, y que las
universidades públicas o privadas debían, por lo tanto, autofinanciarse.
Obviamente, con ello los estudios universitarios quedaron solo accesibles para
los sectores de más elevados ingresos en el seno de la sociedad y las universidades
públicas - encabezadas por la Universidad de Chile, de la que fuera primer
rector el insigne venezolano Don Andrés Bello - se apagaron como centros generadores
de un pensamiento democrático y abierto a todas las corrientes de la cultura
universal. Ojalá que eso no vuelva a
suceder en ninguna parte del nuestra América.
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