LO QUE PUEDE PASAR.

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 30 de julio de 2017)

Ojalá no pase, pero puede que pase y puede que no pase. La cosa no es segura hasta que pasa, así como en el futbol el partido no termina hasta que termina. Pero si llegara a darse la fulana Asamblea Constituyente, es dable suponer que se darían dos cosas: una dictadura tropical y atrabiliaria en el corto plazo, y una refundación completa de la república en el mediano plazo.

Si la AC se instala, se acaban todos los poderes constituidos con anterioridad, incluido el Poder Ejecutivo, con Maduro a la cabeza. No hay desde ese momento más poder que la AC. Todos los otros poderes nacionales, regionales o municipales pasan a ser poderes delegados, es decir, solo pueden hacer y decir lo que la AC les permita. Puede incluso destituirlos y borrarlos del mapa institucional del país, sin más trámite. La AC no se instala para redactar una nueva constitución. Esa es una de sus funciones, pero no la única. Se instala, en lo inmediato, para constituir o reconstituir el país, como si se partiera de cero, y como si el país fuera una plastilina con el cual se puede hacer lo que se quiera, sin importar su historia ni nada de lo que se ha construido hasta este momento.

Y tal como se concibió esa Asamblea, habrá allí una sola fuerza o partido dominante, y el que domine al partido dominante, se convertirá en el dominador de la Asamblea y en el dominador de país. Y no es difícil suponer quien será – o quien aspira a ser – ese personaje dominante de la Asamblea y del país. No será un personaje querido por el pueblo, pero será el personaje más temido y más poderoso del país. Dios nos pille a todos confesados cuando eso suceda, incluido al propio Presidente Maduro que quedará en alta medida pintado en la pared.

Y después de ese período alegre y frívolo en que harán lo que quieran -y darán rienda suelta a sus odios y sus locuras - tendrán que redactar una nueva carta magna. Podrán hacer allí lo que se les ocurra. Desde instaurar una monarquía, o una presidencia vitalicia, o un partido único, o unas fuerzas armadas encargadas de tutelar la democracia, o una sociedad corporativa, o la supresión de la propiedad privada y de la ley de gravedad. Pueden decidir sobre todo. Hasta sobre el arroz con leche.

Y nadie piense que eso se puede revertir en el referéndum final en que se apruebe o se rechace la nueva constitución, pues esa votación sería igual o peor que la que daría origen actualmente a los constituyentistas, es decir, una votación hecha a la medida del PSUV. Tampoco se puede nadie consolar con que después vienen las elecciones de gobernadores y de alcaldes y allí los barrimos. No. Esas elecciones se harán con las nuevas reglas del juego que apruebe la AC, en las cuales quedará claramente establecido que el 20% gana y el 80 % pierde.

¿QUE MÁS PUEDEN INVENTAR?

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 23 de julio 2017)

A partir de  las facultades extraordinarias que el Tribunal Supremo de Justicia le entregó al Presidente de la República, para legislar en materia económica, las cosas se dan en el país más o menos de la siguiente manera: el gobierno puede hacer lo que se le ocurra en materia de presupuesto fiscal, en materia de manejo de la política monetaria, en materia de manejo de la política cambiaria, en materia de fijación de precios, en materia de expropiaciones, en materia de creación de misiones sociales, en materia de convenios internacionales, en materia de asociaciones petroleras, en materia de endeudamiento del país, en materia de control de los circuitos de comercialización interna, etc., etc.

Jamás, por lo menos en los últimos 50 años, un presidente gozó de tan omnímodos poderes. Pueden hace absolutamente todo lo que se les ocurra. Y no hacen nada. Por lo menos nada bueno. Se desenvuelven en la permanente reedición de políticas que han demostrado su fracaso y que no resultan ni resuelven nada. Se los consume la inercia, la ineficiencia, la corrupción, la ideologización, la incapacidad de corregir sus propios errores y el empate o equilibrio entre los grupos y subgrupos que constelan en torno al gobierno.

 Si todos los que están gobernando y/o han gobernado hasta hace poco se reúnen conformando una asamblea constituyente ¿qué otra cosa se les puede ocurrir? ¿Mas poderes para el Presidente Maduro? Es difícil concebir más poder. Ya hoy en día tienen todo el poder imaginable. Gobiernan sin parlamento que los controle y que discuta las locuras económicas antes de que se conviertan en leyes; no hay contraloría que controle, ni órganos judiciales que castiguen; ni prensa libre que opine; ni Banco Central que conserve un ápice de libertad de acción ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan para arreglar esto?

Lo incomodo de contar con todo el poder es que no hay nadie a quien echarle la culpa de nada. Si las cosas están como están es única y exclusivamente por obra y gracia de quienes han tomado las decisiones económicas en los últimos meses y en los últimos años. Cuando se tiene el poder total hay que asumir totalmente la responsabilidad por las decisiones tomadas.

La eventual asamblea constituyente, a lo más, se va a limitar a darle al Presidente Maduro, en forma permanente e inherente al cargo, las atribuciones que hoy en día tiene que solicitarle cada cierto tiempo al Tribunal Supremo de Justicia, o terminar de arrancarle al Banco Central las atribuciones que de hecho le han ido arrancando a pedazos, o incluso otorgarle al Presidente, de una vez por todas, la facultad de aprobar el presupuesto fiscal de cada año sin preguntarle a nadie. Es decir, legalizar los errores que ya están en curso, de todo lo cual no puede salir nada bueno.

¿CUANTOS PRODUCTOS SE EXPORTAN?

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 19 de Julio de 2017)

El Ministro de Comercio Exterior, Sr. Pérez Abad, hizo recientemente unas extrañas declaraciones. Dijo que el año pasado se exportaban 60 productos y que este año estamos exportando más de 180 rubros.

De acuerdo a las estadísticas internacionales publicadas por el Trade Map - pues en Venezuela todos los datos económicos han pasado a ser secretos de estado – en el año 2016 se exportaron más de 800 productos diferentes, si es que por productos se entiende una mercancía identificada con 6 dígitos en el arancel de aduanas. En realidad la cifra indicada podría ser ligeramente mayor, pero hay 800 productos de cada uno de los cuales se exportó al menos una cantidad igual o superior a los 12 mil dólares a lo largo del año. En ese listado, de los primeros 800 productos, el último de ellos es el identificado con el código arancelario 842131, que corresponde a “filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión.” Si la identificación de los productos se hiciera a 8 o a 10 dígitos, la cantidad de productos diferentes sería mucho mayor. Así, por ejemplo, el World Integrated Trade Solution, tomando mayor cantidad de dígitos identificatorios, indica 1.628 productos diferentes exportados por Venezuela en el año 2013, mientras que Colombia exportaba, en el mismo año, 3.385 productos diferentes y Chile 3.134. 

Si la identificación de los productos se hiciera por la vía de los capítulos del arancel – identificación a dos dígitos - se tendría que las exportaciones venezolanas, aun siendo modestas en su cantidad total, se ubican en 90 de los 97 capítulos en que se divide el arancel de aduanas. Hay capítulos tales como la seda, o el estaño, en los cuales no es dable esperar que Venezuela tenga oferta exportable, pero 90 capítulos es casi la totalidad de los 97 capítulos posibles.

Esta situación es bastante importante, pues indica que las exportaciones venezolanas son pocas como valor total, pero están compuestas en una gran cantidad de productos diferentes, lo cual es reflejo de que se mantienen activas una gran cantidad de iniciativas y emprendimientos exportadores, por parte de una gran cantidad de empresarios pequeños y medianos, que mantienen contactos e intercambios con el exterior, a pesar de las dificultades que en Venezuela existen para producir y para exportar. Esa gran cantidad de exportadores representan un capital empresarial y comercial del país y permiten sostener la esperanza de que la recuperación de las exportaciones no petroleras podría ser relativamente rápida, si el Gobierno venezolano decidiera realmente apoyar esa actividad.

CONSTITUCIÓN ¿SERÁ QUE APRENDIERON DE PINOCHET?

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 14 de Julio de 2017)

  

En Chile, una de las astucias perversas de la dictadura de Pinochet y de sus asesores más cercanos fue hacer aprobar una constitución que fuera muy difícil de modificar o de sustituir por un eventual gobierno democrático que asumiera posteriormente la conducción del país. Es decir, una constitución blindada. Así, la constitución pinochetista - que ha costado mucho esfuerzo y muchos años desmontar- establecía la figura de los senadores designados por las fuerzas armadas, con lo cual modificaba en el Parlamento las correlaciones políticas que emanaban de la soberanía popular; un sistema electoral que conducía a que la minoría obtuviera en el parlamento la misma representación que la mayoría, con lo cual era muy difícil que esta última pudiera obtener las mayorías calificadas como para reformar la constitución; la imposibilidad para el Presidente de la República de cambiar a los comandantes en jefe de las diferentes ramas de las fuerzas armadas; la necesidad de ley para conformar empresas públicas o para expropiar empresas privadas; la privatización de la electricidad, del agua, de la salud y de la educación, etc., etc.

Como la oposición democrática se planteó un camino democrático, pacífico y electoral, se vio en la necesidad de aceptar - aun cuando a nadie la gustara- la constitución de Pinochet. Distinto es el caso cuando la oposición toma el poder por la vía insurreccional, en que puede desde el inicio hacer caso omiso de la legalidad heredada del régimen anterior. Pero ese no era el caso en Chile, ni es el caso en Venezuela.

Cabe, por lo tanto, preguntarse si un gobierno como el actual, en Venezuela, que sabe que está condenado por la historia - y que tarde o temprano tendrá que ser reemplazado por un gobierno de talante democrático - quiere reformar la constitución antes de irse, para lograr conservar, en un contexto diferente, ciertos enclaves de poder que le sean de importancia estratégica.

Si así fuera, creemos que hay tres enclaves de poder que el gobierno tratará de blindar ante eventuales procesos de democratización. Primero, la estructura sectorial, comunal o corporativa de los órganos parlamentarios- nacionales, estadales o municipales-  incluyendo allí, desde luego, la representación corporativa de las fuerzas armadas. En segundo lugar, las funciones, atribuciones y poderes de las fuerzas armadas, su relación con el poder civil, y la forma de generación de sus autoridades. Intentarán lograr allí que estas últimas no puedan ser cambiadas, modificadas ni enjuiciadas por un eventual gobierno democrático, y que todo cambio del alto mando sea por cooptación y no por decisión de los responsables del poder civil. En tercer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia. Tratarán de lograr que ese órgano se autogenere, es decir, que la selección de sus miembros sea por cooptación de sus actuales órganos superiores, y no por de vía parlamentaria. Con todo eso el futuro gobierno quedaría más amarrado que una hallaca.

EXPERIENCIAS AJENAS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 13 de Julio de 2017)

En el año 1974 la dictadura militar que gobernaba Chile, encabezada por el general Augusto Pinochet, inventó un mecanismo llamado “opción de salida”, que consistía en sacar a los presos políticos que estaban en cárceles y campos de concentración a lo largo de todo el país, y enviarlos al exterior, en calidad de exiliados, impedidos de volver legalmente al país. No se nos dio la opción de negociar nada, pero si se nos dio la posibilidad de optar entre continuar presos por tiempo indefinido, sin juicio alguno, en cualquier cárcel o campo de concentración del país, o salir al exterior. Esa opción fue presentada originalmente a 100 presos político. Discutimos entre nosotros si aceptábamos esa opción o la rechazábamos. Hicimos también la consulta con las direcciones de los partidos, en la medida de lo posible, sobre si aceptábamos o no.

Todas las consultas y debates coincidían unánimemente en que era mejor salir. Primero, porque libres, aun en el exterior, podíamos ser más útiles en la lucha contra la dictadura que encerrados en cualquier punto del país. En segundo lugar, porque era mejor, desde un punto de vista personal, estar libres que estar encerrados, y eso tenía que ser respetado. No era posible para nadie levantar razones morales o políticas para decirle a un preso que rechazara condiciones de mejoría en sus condiciones personales para efectos de potenciar una determinada imagen negativa que se quisiera dar de la dictadura. La imagen de la dictadura no descansaba, por lo demás, en lo que hiciera a o dejara de hacer con ciertos presos políticos, sino que descansaba en las coordenadas básicas que definían su concepción de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Así que todos tomamos la decisión de salir del país, lo cual no solo definió los cursos posteriores de nuestras vidas, sino que probablemente significó, para muchos, la diferencia entre la vida y la muerte.

No pudimos volver al país hasta 1988, dos años antes de que terminara la dictadura de Pinochet. Si pudimos volver - los cientos o miles de exiliados o expulsados - fue gracias a una negociación – o quizás se pueda decir, para ser más diplomáticos, debido a las gestiones de alto nivel realizadas por el Vaticano ante el gobierno de Pinochet - en el contexto de la eventual visita del Papa a Chile. Esa negociación, si se le puede llamar así, fue positiva para Chile y para cada uno de los beneficiados.

No hubiera sido bueno para nadie continuar preso por una década más, ni hubiera sido bueno que el Papa no utilizara su capacidad de presión o de negociación para permitirnos volver a nuestra patria.

Ténganse presentes las experiencias ajenas, en el ámbito latinoamericano, en los análisis que se hacen del presente venezolano.

EL SISTEMA UNIVERSITARIO: ¿RECUERDOS DEL FUTURO?

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 6 de julio de 2017)

  

Cuando en Chile, en el año 1973, se impuso una dictadura militar - encabezada por el general Augusto Pinochet - una de las primeras medidas que se tomó fue el nombrar rectores militares en todas las universidades del país. No solo en las universidades públicas, sino también en las universidades privadas, incluida la muy Pontificia Universidad Católica de Chile, que tenía al Papa y al Cardenal como sus máximas autoridades.  Paralelamente se privó de sus cargos docentes a todos los profesores que estaban identificados con los ideales y con los afanes del Gobierno de Salvador Allende, y/o que eran claros exponentes de un pensamiento democrático. Muchos de ellos fueron directamente hacia las cárceles o campos de concentración. Para esos efectos se utilizaron las informaciones generadas por medio del espionaje o de las labores de inteligencia realizadas con antelación por los organismos encargados de esas funciones en el seno de las propias fuerzas armadas y/o por el soplonaje puro y simple de los arribistas que nunca faltan y que aspiraban a ascender en las instancias universitarias por medio de esa forma abyecta de congraciarse con las nuevas autoridades.

Los organismos gremiales o sindicales de profesores, empleados y estudiantes fueron, desde luego, clausurados o eliminados.

Se impuso de esa forma una institucionalidad universitaria que apuntaba hacia una forma única de ver y entender el país y el mundo, y hacia la negación de toda forma de libertad de pensamiento.

Desde un punto de vista presupuestario, las universidades - aun cuando dirigidas por generales y almirantes altamente afines con el gobierno militar - se vieron limitadas en sus asignaciones y se vieron empujadas rápidamente hacia el autofinanciamiento por la vía del cobro de elevadas matrículas que eventualmente permitieran el financiamiento pleno de las actividades universitarias. Eso era cónsono con la filosofía neoliberal que se impuso en todo orden de cosas en el país, que predicaba que todo servicio útil debería ser pagado por el usuario, y que las universidades públicas o privadas debían, por lo tanto, autofinanciarse. Obviamente, con ello los estudios universitarios quedaron solo accesibles para los sectores de más elevados ingresos en el seno de la sociedad y las universidades públicas - encabezadas por la Universidad de Chile, de la que fuera primer rector el insigne venezolano Don Andrés Bello - se apagaron como centros generadores de un pensamiento democrático y abierto a todas las corrientes de la cultura universal.  Ojalá que eso no vuelva a suceder en ninguna parte del nuestra América.

DEJA VU

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 4 de julio de 2017)

Si los organismos de seguridad del régimen lo estimaban conveniente cualquier ciudadano podía ser detenido en su casa, generalmente en horas nocturnas, o incluso en plena calle, a cualquier hora del día. Si tenía suerte, su detención era reportada y reconocida por el Estado. Si no, ese ciudadano pasaba a engrosar la lista abyecta y perversa de los desaparecidos, muchos de los cuales siguen hasta el día de hoy en condición de tal.  Otros podían aparecer después de semanas de detención y de tortura e iniciar su largo periplo como presos políticos. Otros también aparecían muertos en una playa o en una calle cualquiera, sin que nadie se molestara en iniciar una investigación judicial.

Los presos políticos podían pasarse días, semanas, meses o años en esa situación, sin acusación ni juicio alguno. Todo esto sucedía en Chile durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, pero también era parte del paisaje institucional en cualquiera de las dictaduras que han asolado nuestra América. Para ello el mecanismo “legal”, por lo menos en Chile, era muy fácil. Bastaba con declarar al país en estado de sitio, para que el gobierno se sintiera autorizado para detener, sin juicio alguno, a cualquier persona por tiempo indefinido, pues todas las garantías individuales y colectivas quedaban suspendidas. Y el estado de sitio, en ausencia de parlamento, lo decretaba el propio gobierno. Lo que quedaba de un sistema judicial se limitaba a observar toda esta situación, y a lo más agregaba una cuota de vesania al negarse a tramitar los recursos de habeas corpus que algunos abogados se atrevían a introducir. También se aplicó en forma masiva la medida de expulsión del país. Después de meses de cárcel, se enviaba a los detenidos al exterior, con prohibición de retornar al país.

 En síntesis, organismos paramilitares con licencia para matar, torturar y hacer desaparecer ciudadanos; organismos judiciales que supuestamente debían defender la vida y la libertad de todos los ciudadanos, y que se prestaban para el imperio del terror y del horror; y cárceles y campos de concentración por todo el territorio del país.

Todo ello generaba una atmósfera de miedo generalizado, además que se prestaba para todo tipo de denuncias y delaciones. El régimen se sentía seguro. No volaba una mosca sin que el gobierno se enterara. Incluso dentro de las propias fuerzas armadas parecía haber consenso y adhesión a un sistema como ese. Sin embargo, ese régimen cayó. Con todos sus defectos, impera en ese país, hoy en día, una institucionalidad en que las libertades públicas son respetadas y donde nadie puede ser detenido en forma ajena a la justicia, y menos aún puede ser torturado. La historia es implacable. Tarde o temprano esos regímenes que se basan en el asesinato, en el miedo y en la represión generalizada terminan siendo barridos por sus propios pueblos. Tarde o temprano la justicia llega y los culpables terminan pagando por los crímenes cometidos.