LA POLÍTICA Y LA ECONOMÍA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 22 de junio del 2017)

  

La política y la economía no son dos esferas independientes en el seno de una sociedad. Aun cuando hay ciertos grados de autonomía, ambas, en última instancia, marchan tomadas de la mano, y la una y la otra no pueden caminar en direcciones muy opuestas. El caso venezolano lo demuestra con claridad.

Aquí se ponen en práctica locuras económicas que ya no se aplican, no se estudian ni se pregonan en ninguna parte del mundo: realizar expropiaciones masivas de fundos y empresas para condenarlas posteriormente a la ruina y al abandono;  acabar con una industria petrolera bien administrada y que era una fuente de importantes ingresos al país; gastar, durante más de una década los ingresos por concepto de exportaciones en alegres importaciones masivas y baratas; generar dos o tres mercados cambiarios que actúan en forma simultánea, con  asignaciones altamente centralizadas; implementar  controles generalizados de precios; ahuyentar a los inversionistas extranjeros; poner trabas y controles a las exportaciones no tradicionales. Cada una de esas medidas es portadora de caos, y todas juntas conducen a una gigantesca y dramática destrucción de un país.

Pero nada de ello podría haberse llevado a cabo sin haber introducido - en forma previa o por lo menos paralela - cambios radicales en las instituciones políticas del país. Un parlamento, funcionando en forma relativamente normal, con representación plural de las mayorías y las minorías políticas, y con responsabilidades en la generación de leyes y en el control del ejecutivo, no habría sido jamás compatible con la perpetración de las locuras que se han llevado a cabo en la economía venezolana.

La inmensa mayoría de las medidas de política económica que se han aprobado e implementado en el país solo han podido hacerlo en la medida que el parlamento no existe, o ha sido castrado en sus responsabilidades, o se le han cercenado una parte de sus atribuciones al entregar poderes legislativos extraordinarios y absolutos -  por la vía de tortuosos procedimientos institucionales - al ejecutivo o a otros órganos del Estado a los cuales no les corresponden atribuciones legislativas.

En democracia el gobierno está, por lo general, limitado en su capacidad de protagonizar locuras, robos, corrupciones y negociados, pues existe un grado importante de control en su accionar por parte de los otros poderes del estado, de la prensa libre y de los partidos de oposición que tienen canales institucionales abiertos como para intentar desplazar al gobierno de turno. Esos mecanismos algunas veces fallan, desde luego, pero incluso esas fallas se detectan y se corrigen rápidamente. En ausencia de democracia, en cambio, el poder y la impunidad absoluta llevan a locuras absolutas y sostenidas.