POBRE MARGARITA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 13 de Noviembre de 2015.)

En la segunda mitad del siglo pasado se pusieron de moda los puertos libres como mecanismos de desarrollo regional. Como la política económica que imperaba en esos años se caracterizaba por altos aranceles para proteger la industria nacional, era altamente ventajoso para un determinado puerto - y para la ciudad aledaña – que las mercancías extranjeras que entraban por ese punto portuario no pagaran arancel. Se generaba por esa vía una sustantiva diferencia de precios entre el producto que pagaba arancel, en el resto del territorio nacional, y la mercancía que no pagaba arancel, en ese punto privilegiado del mapa aduanero y tributario del país. Con aranceles elevados, el no pago de arancel podía dar origen a diferencias de 50% o más entre el puerto libre y el resto del mercado nacional. Eso beneficiaba no solo a los ciudadanos que vivían en ese tipo de ciudad-puerto, sino que beneficiaba a todos los ciudadanos del país que podían ir de vez en cuando a esos pequeños paraísos comerciales a proveerse de bienes importados baratos. Todo ello ayudaba no solo al desarrollo comercial, turístico y de servicios de esas ciudades, sino que incluso a su desarrollo industrial, en la medida que se produjeran allí bienes por la vía de importar insumos y materias primas baratas.

Pero con la tendencia mundial – a la que no es ajena Venezuela- de ir reduciendo el nivel de los aranceles – por la vía unilateral o por la vía de los acuerdos o convenios comerciales de carácter regional o mundial – la diferencia entre el producto que paga arancel y el producto que no lo hace no es tan elevada como antes. En Venezuela el arancel promedio esta por bajo el 10%. Ya no se genera, por lo tanto,  por vía de la liberación del pago de aranceles, una diferencia sustantiva de precios, que sirva de base a flujos comerciales desde o hacia el puerto libre. En otras palabras, el no pago de arancel ha dejado de ser una herramienta para efectos del desarrollo regional. Frente a esa situación se ha buscado mantener una cierta ventaja comparativa por la vía de permitir que en la ciudad puerto no solo no se paguen aranceles, sino que tampoco se pague el impuesto al valor agregado por parte de las operaciones de compra y venta que se hacen en el territorio correspondiente. Se puede agregar así un nuevo diferencial de precios, favorable a los artículos que se venden en la ciudad puerto,  cercano al 10 %, con relación a  los precios de los artículos de la misma naturaleza que se venden en el resto del territorio nacional y que sí deben pagar integro del impuesto al valor agregado. Pero aun sumando ambas preferencias – la arancelaria  y la tributaria- los precios relativos de los bienes en la  ciudad puerto ya no son tan bajos como lo eran anteriormente.

Si a lo anterior se agrega que en el puerto libre y en el resto del  territorio nacional imperan tres o cuatro tasas de cambio diferentes, con dificultades para accesar a una o a  otra, y con grandes ganancias en los procesos de arbitraje entre ellas, y con controles generalizados sobre los precios y las tasas de ganancia, entonces los márgenes de preferencia que privilegian los precios de los puertos libres se reducen casi hasta cero. La posibilidad misma de importar, y las ganancias que de ese comercio se derivan, quedan libradas a las decisiones, muy dosificadas, que se tomen sobre asignación de divisas, y a las decisiones sobre precios máximos y precios justos. Lo más probable es que en estas nuevas circunstancias las condiciones favorables de tipo arancelario - y las ventajas que esto inducia en el comercio y los servicios locales - se terminen haciendo sal y agua. 

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