(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 5 de Junio de 2013)
Los conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y los guerrilleros de las FARC han generado un primer nivel de acuerdo, referido a la política agraria que se debería llevar adelante en dicho país. No todo lo acordado se ha hecho público. Sólo se conoce un comunicado en que las partes informan sobre el hecho mismo de que ha habido un acuerdo, y de las líneas generales de este. Pero el acuerdo en toda su extensión es un texto mucho más voluminoso que probablemente no se conocerá sino al final de todo el trabajoso proceso de negociación.
Sin embargo, de lo poco que ha trascendido llama la atención un aspecto muy interesante: no se habla de la lucha contra el latifundio. Se habla de constituir un fondo de tierras, con las tierras que pertenecen al Estado, más aquellas que se recuperen como consecuencia de la normalización de las actividades bélicas. Hay que recordar que las actividades de todas las partes combatientes, incluidos los narcos y los contra, ocasionó no sólo el abandono de la tierra por parte de muchos miles de campesinos, en algunos casos en forma de expulsión forzada y otras veces como una mera actitud de sobrevivencia. Esas tierras fueron apropiadas por señores de la guerra, que ahora se ven presionados para que abandones las tierras usurpadas. Con esas tierras, más otras que se puedan comprar a sus legítimos dueños, se espera contar con tierras suficientes como para entregarlas a los campesinos sin tierra y/o a los campesinos que tienen un pedazo de tierra insuficiente como para constituir una unidad económica sostenible. El eje central de la nueva reforma agraria no es el ataque al latifundio, sino la entrega y el aprovechamiento de las tierras ociosas, que en su gran mayoría son tierras estatales o tierras sin dueños claros y reconocidos. Esto es un giro de gran importancia no sólo en el planteamiento doctrinario de la propia FARC - que se creó inicialmente con un gran contenido agrarista - sino que es un giro en el campo de las banderas y los planteamientos de muchos partidos y movimientos de izquierda en América – sobre todo los de base urbana- que han seguido durante muchos años apegados a la concepción de reforma agraria que se levantó – con mucha justeza en su momento- en décadas muy pretéritas. En Venezuela, sin embargo, la letra y el espíritu de la política agraria vigente descansa en la lucha contra el latifundio, sea o no productivo, lo cual ha sido causa, en gran medida, del déficit alimenticio que caracteriza hoy en día al país.
Parece que en la FARC y en otros sectores de la izquierda latinoamericana va tomando fuerza la idea de que no tiene sentido asumir como enemigos a los empresarios agrícolas que explotan su tierra con mediana eficiencia, sean chicos o grandes. Además, hay que tener en cuenta que hay cultivos en los cuales la productividad es mayor si se desarrollan en superficies relativamente extensas. Lo importante, al igual que en la industria, es que los empresarios respeten las leyes laborales, tributarias y ambientales y que hagan un uso lo más racional y productivo posible de los recursos que manejan.
Otro aspecto que aparece con fuerza en el documento colombiano es la entrega de títulos de propiedad a los pequeños y medianos campesinos que se beneficien de esta nueva versión de la reforma agraria, de modo que tengan seguridad jurídica y sean agentes económicos, crediticios y tributarios de pleno derecho. Este también es un hecho que merece destacarse, sobre todo en la medida en que se diferencia de las prácticas que se llevan adelante en Venezuela y en otros países del continente, donde los campesinos, aun habiendo recibido tierras en usufructo, no reciben jamás sus títulos de propiedad de pleno derecho. Reciben a lo más, cartas y papeles en que se les reconoce el rol de ocupantes con anuencia estatal, pero no de propietarios.
Repartir tierras a los que no la tienen o a los que tienen muy poca, entregarles títulos sobre la misma, y proporcionarles los apoyos económicos y sociales que se necesiten para que prosperen como productores, parecen ser las líneas centrales del acuerdo alcanzado. Hace algunas décadas atrás, más de algún observador, frente a un acuerdo de esa naturaleza, habría dicho que se camina hacia la consolidación de una burguesía agraria, intrínsecamente individualista y conservadora, y ajena a los grandes proyectos revolucionarios. Hoy en día, parece que las prioridades y los puntos de vista han cambiado. Por lo menos, para algunos.
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