(Artículo de
Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 15 de julio
20104.)
Se habla
hasta por lo codos en toda América Latina de la importancia estratégica que
tiene la educación como elemento que define lo que los países podrían llegar a
ser en un futuro nada lejano. Sin
embargo, los gobierno - preocupados por lo general más por lo urgente que por
lo importante - no suelen entrar de lleno a
analizar las necesarias reformas en los sistemas educacionales, y
siguen, por lo tanto, en estas materias, avanzando en la misma senda que ya ha
sido definida hace varias décadas atrás.
Hasta ahora el gran indicador de lo que se
hace en educación ha sido el porcentaje de cobertura, es decir, medir cuantos
de los hombres y mujeres que de acuerdo
a su edad podrían o deberían estar inscritos en algún establecimiento educacional,
efectivamente lo están. Y en ese campo, los índices de cobertura que exhibe la
América Latina no son malos. Hay elevados índices de cobertura educacional tanto
en educación básica, media y universitaria. No es malo, desde luego, que la
cobertura educacional se eleve y se mantenga alta. No es malo que existan colegios,
liceos y universidades dislocadas en todo
el territorio nacional, en cada país de nuestra América. Pero es igualmente
importante que la educación sea de buena calidad. Y cuando el problema se
plantea en esos términos, se abren polémicas interminables, que muchas veces
terminan por paralizar las reformas que se intentaban realizar.
En Perú se
ha aprobado recién, a nivel parlamentario, una reforma universitaria cuya
columna vertebral está centrada más en la calidad de la educación que en la
mera extensión cuantitativa de la misma. Dicha reforma está conformada por un
conjunto de grandes ideas-fuerza, que puede que no solucionen de un plumazo
todos los problemas de la educación universitaria, pero que avanzan en la
dirección correcta. Veamos algunas de esas ideas.
En primer
lugar, impone la norma de que todos los profesores universitarios tienen que
tener el grado académico de master. Así de simple. Es decir, se elevan los requisitos
necesarios como para ejercer de profesor universitario. Ya no basta con ser
licenciado, sino hay que tener un nivel académico mas elevado aun. Es obvio que
el titulo de master puede haber sido adquirido en universidades de poco rigor
académico, y que ser master no asegura de por sí vocación académica ni docente.
Pero es mejor así que nada.
Otro
componente importante de esta reforma peruana es que se impone a todas las
universidades, públicas y privadas, tener un 25 % o más de su personal académico
en calidad de personal a jornada exclusiva. También, así de simple. Eso obliga
a que un porcentaje importante de la actividad docente sea realizada por profesores
que hacen de la docencia y de la investigación una actividad central de su vida
laboral y profesional.
Y para fomentar
la actividad investigativa en el seno de la universidades, precisamente por
parte de ese personal académico que trabaja en jornada exclusiva en el seno de
las universidades, se concede un 50 % más de remuneración a quien realice
investigación.
Otro asunto
importante es que se impone que todos los alumnos, para recibir el grado académico
que bachiller - correspondiente al bachelor
norteamericano - tengan que realizar un trabajo de investigación, es decir, que
no sea un titulo automático.
En aras de
mejorar la gestión administrativa de las universidades- que parece ser un punto
flaco de todas ellas en toda la América Latina- se establece que las universidades
tendrán que contar con una gerencia administrativa, encargada profesionalmente
de todos los aspectos que correspondan, y que sustituya por lo tanto, a los vicerrectorados
administrativos, que por lo general son docentes o investigadores prestados a
la actividad administrativa, sin mucho conocimiento ni continuidad en esas
labores.
No se trata,
obviamente, de reformas que sean la panacea universal. Dejan muchos problemas
sin resolver y su implementación requerirá de períodos de transición que hay
que definir en forma cuidadosa, para asegurar que la transición sea ordenada.
Pero se trata de cambios que se hacen con la mente del legislador más puesta en
el problema de la calidad que en la mera extensión cuantitativa de los sistemas
universitarios. Se trata de cambios que se orientan en la dirección adecuada.
sergio-arancibia.blogspot.com
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