INTERROGANTES SOBRE EL ORDEN PÚBLICO

(Artculo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL CLARIN (Chile) el día 2 de febrero de 2020.


INTERROGANTES SOBRE EL ORDEN PUBLICO



No es difícil estar en contra de la violencia en el Chile de hoy y, más aun, de la violencia sin destinatario claro, sin objetivos percibibles y aceptables por la gran masa ciudadana y que genera grandes dificultades y contratiempos a una población de por si vulnerable y desasistida.  No se puede, por ejemplo, estar a favor de una violencia que agrede y que quema una estación de Metro, el museo Violeta Parra o la Universidad Pedro de Valdivia, la cual desprestigia a los que tienen legítimas razones para protestar por sus condiciones de desigualdad y de injusticia y que termina por llevar agua al molino de los que no quieren cambio alguno en la constitución actual.

Tampoco se puede, desde luego, estar de acuerdo con la violencia con que la policía ha enfrentado a manifestantes no violentos en la calles y plazas del país y que ha dejado varias decenas de ciegos, heridos o lesionados de diferente naturaleza.

Todo ello, desde luego, para hablar solo de la violencia física directa, ejercida sobre cosas o personas, sin meternos, por lo menos en este artículo, con la violencia institucionalizada que subyace en el ADN de ciertos regímenes sociales.  

Desde mi modesto punto de vista, una cosa es estar en contra de todas esas manifestaciones de violencia y otra cosa distinta es asumir una defensa irrestricta del orden público, a menos que tengamos muy claro que se entiende por este último concepto, cuestión que a mi juicio está bastante nebulosa. En todo caso, aun con lo poco claro de dicho concepto, creo que la experiencia muestra que no toda alteración del orden público deriva o se manifiesta en la forma de violencia física contra cosas o persona.

Si un grupo social o político se reúne en una plaza y lanza al aire sus consignas y sus cánticos, ¿eso puede considerase un atentado a la quietud que buscan algunos jubilados que suelen descansar en dicho lugar público? ¿Se está por ello violentando el orden público y sus protagonistas merecen todo el peso de la represión?

O si la CUT o la ANEF desarrollan una concentración en las puertas de un ministerio, o llevan adelante una marcha por ciertas calles céntricas de la capital, con sus pancartas y sus lienzos, ¿se está violentado el orden público? ¿Podría alguien argumentar que si el tránsito vehicular se caotiza parcialmente por una marcha de esa naturaleza merece ser disuelta a lumazo limpio?

O si se convoca a un mitin de ciertas fuerzas sociales o políticas, para brindar su apoyo a una causa que consideran justa ¿se está alterando el orden público pues se desordena el tránsito y la circulación peatonal y automovilista? ¿Merece por lo tanto, toda concentración, ser rechazada y reprimida? ¿O ser autorizada solo en los extramuros de la ciudad, por donde no moleste a nadie, pero no sea tampoco escuchada ni vista por nadie?

Si un grupo de trabajadores de una empresa que está en huelga se concentra en las afueras de ella para conversar con sus colegas y tratar de que no entren a trabajar, ¿se está trastocando gravemente el orden púbico? ¿Interrumpen el tránsito peatonal por esa vereda? ¿Merecen una bomba lacrimógena?

Si la Intendencia regional da autorización para una concentración o una marcha, ¿se está violentando el orden público, puesto que ella obligue a desviar el tránsito? ¿O toda petición de marcha o concentración debe ser denegada? ¿O la autorización convierte de por si a una marcha en una cuestión compatible con el orden público?

Condenar la violencia, pero suponer al mismo tiempo que toda alteración del orden público – en pocas palabras, que toda reunión de más de 100 personas – es una y la misma cosa que la violencia, es condenar a la desmovilización y a la resignación a grandes masas ciudadanas que tienen razones poderosas para no estar conformes con su situación actual. No hay que olvidar que las manifestaciones ciudadanas surgieron primero, y surgieron en forma pacífica – más de un millón de personas desfilaron en esa forma por las calles de Santiago – y que fue eso lo que asusto a la derecha y la hizo abandonar posiciones que habían sostenido durante 40 años. La violencia vino después sin que se sepa hasta el día de hoy quienes son sus protagonistas ni cuáles son sus objetivos.

En síntesis, violencia y alteración del orden público son cuestiones diferentes y merecen, por lo tanto, ser objeto de protocolos y tratamientos – y también de condenas y represiones – de diferente naturaleza.

LA IMAGEN INTERNACIONAL IMPORTA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en el periódico digital CORRIENTE ALTERNA el  día 14 de junio de 2018

Partamos con un ejemplo: Colombia acaba de ser aceptada como nuevo país miembro de la OCDE y también como socio extracontinental de la OTAN. Venezuela, en cambio acaba de ser calificada por la mayoría de los países de la OEA como un país regido por un gobierno que carece de legitimidad y que se encuentra sumido en una grave crisis política, económica y humanitaria. 

Ninguna de estas decisiones, en un caso o en otro, implican, en lo inmediato, un beneficio o un perjuicio para los ciudadanos de los respectivos países. Tanto los venezolanos como los colombianos seguirán despertándose a la hora acostumbrada y dirigiéndose a sus respetivos trabajos, donde realizarán durante la jornada diaria más o menos el mismo trabajo habitual. Sin embargo, más allá de las apariencias o de los efectos de corto plazo, las consecuencias de mediano y largo plazo son de alta importancia para cada país.

Tener una buena imagen internacional es un activo de un país. Eso se traduce en beneficios financieros, comerciales y políticos. Los grandes poderes financieros del mundo contemporáneo estarán dispuestos a conversar, a negociar y eventualmente a apoyar y a comprar los bonos emitidos por un país que goza de buena reputación como país económicamente solvente y regido por buenas prácticas administrativas y gubernamentales. Eso incluye la seriedad de sus estadísticas económicas, la permanencia de los equilibrios macroeconómicos, y la transparencia de sus operaciones públicas y privadas. Si las decisiones de esos agentes financieros internacionales están permeabilizadas por la política o por la visión de los países desarrollados, es bueno que un país en desarrollo tenga el aval, en cuanto a buenas prácticas económicas, de los países que más peso tienen en la política y en la economía contemporánea. 

Un indicador económico que muestra en forma muy clara la imagen que se tiene internacionalmente de un país, es la tasa riesgo país. La tasa EMBI  - Emerging Market Bond Index – calculada por el JP Morgan Chase, es la más conocida y reconocida internacionalmente. Para el día 6 de junio, esa tasa era de 193 puntos para Colombia y de 465 para Argentina, país este último que ya había manifestado su necesidad de conseguir un crédito del FMI. Eso significa que Colombia debe pagar, en el mercado internacional de bonos soberanos, una tasa 1.93 % puntos más elevada que la tasa que pagan los bonos del Tesoro norteamericano, y Argentina debe pagar 4,6 puntos más que esta última.   Venezuela, en cambio presenta una tasa riesgo país para el mismo día, de 4466 puntos, es decir, que sus bonos deben pagar casi 45 puntos más que la tasa del Tesoro norteamericano para poder venderse en el mercado. Esa es una tasa absolutamente impagable. Significa, por lo tanto, que sus bonos están fuera del mercado financiero internacional.

También los agentes ligados al comercio internacional, de cualquier país del mundo, pero especialmente los más cercanos, estarán dispuestos a vender o comprar mercancías, provenientes o destinadas a un país que goza de buena capacidad de pago, que no está sumido en una crisis de su balanza de pagos, y que está inserto en los circuitos bancarios internacionales que hacen fluidas, transparentes y seguras las operaciones de pago. También la reputación como buen actor del comercio internacional hace suponer que se respetan las normas técnicas, sanitarias y aduaneras de mayor aceptabilidad internacional. 

En materia de inversión extranjera directa - que es un flujo que a los países les interesa que sea de gran volumen y de buena calidad, pues incrementa la disponibilidad de capitales y de tecnologías que están disponibles en el seno del país - también la imagen país es de gran importancia. La mayoría de los capitales que buscan en el mundo oportunidades de inversión aspiran a contar no solo con altas rentabilidades inmediatas, sino con estabilidad de las reglas del juego, sobre todo en lo que dice relación con las tasas cambiarias a las cuales podrán convertir en dólares sus ganancias en moneda local, y la libertad de que gozarán para remesar aquello a los países de origen. Obviamente les interesa también tener la certeza de que sus activos no serán expropiados, y en caso de serlos, recibirán una justa compensación. No es una buena imagen, en esta materia, carecer de libertad de cambios y tener más de media docena de casos conflictivos pendientes de resolución en el CIADI, que es la instancia donde las partes generalmente aceptan dirimir conflictos de esa naturaleza. Venezuela no goza en este campo de buenas estadísticas, pues muchas de las operaciones de este tipo carecen de la transparencia necesaria. Es dable suponer, en todo caso, que algunas inversiones extranjeras directas logran captar, pues, mal que mal, en el campo internacional hay empresas que son capaces de cualquier cosa con tal de obtener ganancias grandes y rápidas y salir corriendo, sobre todo cuando el país receptor tiene necesidad urgente de unos pocos dólares más.    

Venezuela no goza hoy en día de buena reputación como país económicamente solvente, ni como una democracia que respete las normas y derechos universalmente requeridas para calificar como tal. Sus relaciones políticas son malas con Estados Unidos y la mayoría de los países de la América Latina han criticado las prácticas económicas y políticas imperantes en Venezuela. Los europeos también hacen críticas en el mismo sentido. Puede que todas esa criticas sean falsas y mal intencionadas. Se puede polemizar hasta el cansancio sobre esos aspectos, y no es el objeto de este artículo. Pero lo seguro es que todo ello le hace mal a cualquier país que goce de esa imagen internacional. Si esa imagen es falsa, entonces estamos en presencia de una mala diplomacia y de una mala campaña de comunicación internacional. Si esa imagen corresponde con la realidad, entonces estamos en presencia de una crisis interna, que se agrava y se autopotencia por la imagen que proyecta internacionalmente. 

De nada vale consolarse diciendo que se goza de la amistad de países lejanos pero poderosos como China, Rusia, India o Turquía. Esos países no están presididos por ángeles ni por querubines, sino por gobernantes que buscan defender los mejores intereses de sus respectivas naciones. Los tiempos de la solidaridad internacional y del internacionalismo proletario ya quedaron atrás. Y todos y cada uno de esos países negociarán de forma diferente con un país aislado y que goza de mala imagen internacional – que carece en el fondo de real capacidad negociadora - que con un país que tiene buena imagen y que goza de alta aceptabilidad económica y política internacional. El aislamiento y la mala imagen tienen, por lo tanto, consecuencias económicas y políticas negativas para quien sufre esa situación y termina perjudicando a los ciudadanos de a pie de los países correspondientes.

CRISIS PETROLERA, POLÍTICA Y MORAL

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en el periódico digital CORRIENTE ALTERNA el día 11 de junio del 2018)

La situación que exhibe hoy en día Pdvsa - que se encuentra altamente endeudada y produciendo menos de 1 millón y medio de barriles diarios - pone de relieve varios otros aspectos de la situación nacional que han llevado al estado actual en que se encuentra la principal empresa exportadora del país. No queremos en este artículo analizar las consecuencias de la crisis petrolera - que son dramáticas - sino incursionar en sus causas.

En la actividad petrolera solo impera una empresa productiva, Pdvsa. No hay, por lo tanto, allí empresarios privados que puedan haber conspirado - con siniestros propósitos-  para no invertir y para hacer bajar artificialmente la producción, con el objetivo de perjudicar por esa vía al gobierno nacional. No. Allí todo lo bueno y lo malo que pueda haber sucedido es consecuencia del accionar del Gobierno, de su Ministerio de Petróleo y de la alta gerencia de la misma PDVSA, todos los cuales son rojos-rojitos. Toda la responsabilidad política y operativa es íntegramente de ellos.

La política de poner a Pdvsa como caja chica del gobierno, que la obligaba a asumir gastos sociales de todo tipo a lo largo del territorio nacional, demostró que termina por agotar las finanzas y la capacidad gerencial de una empresa que nació por y para producir petróleo y no para construir plazas ni para pintar escuelas. Se concibió a la empresa petrolera como una vaca lechera que se podía ordeñar sin descanso alguno, incluso sin proporcionarle alimento ni reposo. Esa concepción pasaba, entre otras cosas, por suponer que no se necesitaban de inversiones ni de mantenimiento alguno, pues la posibilidad de extraer petróleo era un regalo de los dioses que siempre iba a estar disponible.

La política de asociación con empresas extranjeras que llevó adelante el gobierno  - que siempre es una expresión de las modalidades que se quieren implementar en cuanto a inserción en las cadenas y los circuitos tecnológicos, financieros y comerciales del mundo globalizado de hoy en día -  demostró ser un rotundo fracaso. Se rompió con empresas extranjeras que estaban empujando la producción petrolera nacional hacía arriba, para sustituirlas por otras asociaciones realizadas sin estudios, condiciones, ni licitaciones previas y que no se tradujeron en más y mejores inversiones, ni en mayor producción, ni en incremento de las exportaciones.

La política de más que duplicar la nómina de la empresa petrolera, presidida por el clientelismo político, generó baja de la productividad y convirtió a la industria petrolera en un elefante pesado y adiposo. Además, esa política de contrataciones corre a parejas con la política de olímpico desprecio a todo lo que huela a meritocracia. El principio rector era que no se necesita de conocimiento ni de experiencia previa en la industria petrolera para ser parte de la gerencia media o alta. Solo se necesita lealtad política. Toda esa concepción demostró que conduce también a un rotundo fracaso. Pero ese mismo principio se emplea, desgraciadamente, en toda la administración pública y en todas las empresas estatales. 

Muchos elementos de esa gerencia media y alta de la empresa petrolera concibieron su nominación en tales cargos como un regalo personal que les permitiría enriquecerse en forma rápida, por la vía de cobrar comisiones a contratistas y proveedores, y gozar sin freno de todos los beneficios que ofrecía ser parte de una empresa grande y rica. Asumieron sus cargos por y para enriquecerse, sin ninguna vocación ni formación de servicio público. Por la vía de encarcelar y/o perseguir judicialmente a varias decenas de ex altos funcionarios de la empresa petrolera, se ha puesto de manifiesto hoy en día el ambiente moral que presidía esa actividad.

La caída de la producción no es, por lo tanto, ni un castigo de los dioses ni una mala jugada de la naturaleza. Es la consecuencia de una política miope que suponía que la renta petrolera iba a durar toda la vida, y de una actitud inmoral de muchos ejecutivos, que suponían que esa riqueza era suficientemente grande como para robarle una tajada sin que nadie lo notara ni lo lamentara. Basado en esas ideas se llevó adelante una política sectaria y clientelista de contrataciones, pues la industria no estaba al servicio del país, sino de los amigos y militantes. En la selección de la plana gerencial se despreció la calificación profesional. No se invirtió, ni se reparó, ni se hizo mantenimiento a la infraestructura productiva. Se rompieron los lazos con las empresas extranjeras que podían aportas capitales y tecnologías. Se concibió a la empresa petrolera como una piñata que había que reventar cuanto antes. Por todo eso, y mucho más, Pdvsa está como está. Pero lo más terrible de toda esta situación es que gruesa parte del aparato del Estado se maneja con los mismos criterios. Por eso el país está como está. 

EL DINERO Y LAS PARTES QUE LO COMPONEN

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 13 de junio de 2018)

El dinero no es una categoría económica muy simple ni muy fácil de entender.

En algunos libros de texto se define el dinero como el o los activos que son de más alta liquidez en el seno de una economía determinada. Tener alta liquidez es más o menos lo mismo que decir que tiene un alto grado de aceptabilidad. En otras palabras, los activos que tienen alta liquidez son aceptados por todos los agentes económicos a cambio de los bienes y servicios que entregan, pues todos ellos están convencidos, a su vez, de que cualquier agente económico les aceptará esos activos a cambio de los bienes y servicios que ellos quieran adquirir. Cada uno acepta esos activos – dinero -porque están convencido de que todo el mundo se los aceptará a ellos. Ese pacto implícito en la aceptabilidad del dinero es lo que en última instancia mantiene al sistema monetario en funcionamiento.

Pero los activos de más alta liquidez no son solo los billetes y monedas en circulación. Hay bienes y servicios que no se pueden comprar ni vender en billetes, tales como un carro, o una casa, o un pasaje en avión.  Para comprar activos de esa naturaleza es necesario un cheque de gerencia, una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito o de débito. Es decir, hay que pagar con activos diferentes a las monedas y billetes. Esos otros activos son, en última instancia, asientos contables en la contabilidad de los bancos, que pueden traspasarse de un agente económico a otro, según un sistema de órdenes que son claras, fáciles y transparentes.

Entonces, se acepta en Venezuela, y prácticamente en todo el mundo, que la composición del dinero no son solo los billetes y monedas sino también los saldos en cuenta corriente del público en el sistema bancario. Hay otros activos que también se incluyen dentro de la definición de dinero, pero dejemos por ahora las cosas hasta aquí. En los sistemas bancarios modernos, aun en los países más subdesarrollados, hay un alto grado de convertibilidad entre esos dos componentes del dinero. Los depósitos bancarios se pueden convertir en efectivo, y el efectivo se puede convertir en depósito bancario, mediante una relación de 1 a 1:  una unidad monetaria en efectivo se transforma en una unidad monetaria en depósito bancario, y viceversa.

Pero en nuestra original e insólita revolución, los depósitos en cuenta corriente no se pueden convertir en efectivo a voluntad del propietario de esos activos. Eso da lugar a que los depósitos, por un lado, y los billetes constantes y sonantes, por otro, se hallan convertido en la práctica en dos bienes diferentes, con roles y con valores diferentes. Un bolívar en cuenta corriente no vale lo mismo que un bolívar en billetes. Este último vale casi el doble que el primero.

En esas circunstancias, el aumentar la cantidad de puntos de venta no es la solución de nada. Si se aumentan los puntos de venta aumentará el uso de las transferencias bancarias y del uso de las tarjetas de crédito y de débito, lo cual es bueno. Pero si no se incrementan los billetes y monedas en la cantidad necesaria – en la cantidad que los agentes económicos consideren necesaria para llevar adelante sus transacciones habituales - la distancia entre ambos activos se seguirá ampliando, y el activo más escaso - los billetes, - se hará necesariamente más caro, aun cuando eso se condene y se reprima. Pero sucede hoy en día - y seguirá sucediendo – que los bienes escasos aumentan su precio con relación a los bienes más abundantes. Esa es una de las pocas leyes de universal aceptación que podemos encontrar en la ciencia económica.  

SER PRESO POLÍTICO.

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 7 de Junio de 2018)

Todo aquel que en algún momento de su vida ha pasado por la circunstancia de estar preso por sus ideas políticas, se siente solidario con todos los presos políticos del mundo, sin importar si sus opresores se dicen de izquierda o de derecha.

Todo aquel que ha estado preso por razones políticas conoce la angustia de no saber cuánto tiempo se prologará su cautiverio, ni en que condiciones se desenvolverá. El que ha sido juzgado, en cambio, por delitos contemplados en los códigos, y que ha sido condenado a una determinada pena, sabe a que atenerse respecto a su futuro. Aun cuando piense que la condena es injusta, sabe cuánto tiempo durara, y sabe la razón de su encierro. Y aun cuando esté preso, tiene determinados derechos que la sociedad le asegura, por lo menos en los países medianamente civilizados.  El preso político no sabe nada de aquello. Estará preso hasta que su carcelero lo estime conveniente y las condiciones de su encierro pueden cambiar de la noche a la mañana. Carece de todo derecho.

Todos los derechos más elementales que le dan sentido y dignidad a la existencia humana quedan sujetos a la arbitrariedad de su carcelero. Este puede alimentarlo o no; puede permitirle ver a sus hijos o a sus esposas o no permitirlo; puede torturar su mente o su cuerpo o dejarlo tranquilo; puede permitirle literatura o correspondencia o dejarlo sin ellas.  

No hay defensa ni apelación posible cuando se desconoce la acusación. No hay alegato posible cuando no hay juez ni tribunal. Nada de lo que haga o de lo que diga puede determinar sus condiciones de existencia cotidiana ni su cercanía con la libertad. Su impotencia es total. Su situación no es solamente una situación distinta a la del ciudadano que camina por las calles. Es la negación misma de toda ciudadanía. Al preso político todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución de su país y en los demás códigos legales le han sido negados. Todos los avances de la humanidad a lo largo de los siglos, en el campo de los derechos humanos, se han esfumado para el preso político. La civilización no solo se detuvo para él, sino que retrocedió unos cuantos siglos.  No tiene derecho a nada. Depende en forma absoluta de la arbitrariedad de su carcelero.  Queda sujeto a la incertidumbre total sobre su presente y su futuro. No tiene, para soportar todo aquello, sino el cariño incondicional de sus familiares más cercanos, la solidaridad de sus compañeros de dentro o de fuera de la cárcel, la fuerza de sus ideas y la certeza de que el futuro pertenece a los justos, a los demócratas, a los que tienen hambre y sed de justicia y a los que creen en la fraternidad entre todos los hombres. 

Me alegro, por lo tanto, por cada preso político menos que haya en nuestra América.  Me alegra más aún si varios de ellos han recuperado su libertad. Me alegra también que la sociedad no se olvide de los que están en la terrible circunstancia estar preso por sus ideas políticas. 

PROVENEZUELA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición  digital de TAL CUAL el día 5 de junio del 2018)

El gobierno de Venezuela acaba de crear un nuevo organismo estatal denominado ProVenezuela, que se define como una “agencia de promoción de inversiones y exportaciones”. Esta es una buena iniciativa. En realidad, muchos países de América y del mundo tienen organismos similares, y en nuestra región tenemos ProColombia, PromPerú, ProChile, ProMéxico, etc. Se trata, en todos los casos, de organismos especializados, de alta capacidad profesional, que asumen la compleja tarea de promover, en beneficio de un país determinado, las inversiones y las exportaciones en el plano internacional. Hay, por lo tanto, una experiencia acumulada, que debe ser aprovechada, de modo de no intentar inventar nuevamente la rueda, y de no cometer errores que se han cometido en otras circunstancias.

Lo primero que se debe tener en consideración es que un organismo de esa naturaleza no puede convertirse en un mero organismo de propaganda y de agitación internacional del gobierno de turno, cualquiera que este sea. Muy por el contrario, tiene que ser un organismo que lleve adelante políticas de estado, que sean de largo plazo, y que reúnan detrás de si a todos los sectores políticos, económicos y sociales. Y para llevar adelante políticas de estado hay que generar consensos respecto a lo que el país quiere en materia de inversiones y en materia de exportaciones, o en otros términos, respecto a las metas y las modalidades a través de las cuales el país pretende integrarse a las grandes corrientes comerciales y financieras del mundo contemporáneo.

No puede ser lo mismo, por ejemplo, un organismo que asume como meta que el país se vincule a la economía internacional vendiendo recursos naturales con poco valor agregado, que si asume como propósito de largo plazo potenciar las exportaciones manufactureras o las ventas de bienes y servicios de alta tecnología. En síntesis, las metas de largo plazo determinan lo que ese naciente organismo puede llegar a ser, así como los agentes económicos con los cuajes se relacionará dentro y fuera del país.

El ser un organismo que lleve adelante una política de estado debe conducir, entre otras cosas, a convocar en su seno, como personal técnico y gerencial de planta, a los mejores economistas, licenciados en comercio exterior o egresados de carreras afines de nuestras universidades, y que preferiblemente tengan experiencia en el campo empresarial y del marketing y que sean elegidos por medio de concursos abiertos y transparentes.  No se puede cometer el mismo error que se cometió en la industria petrolera, donde se hizo cuestión de honor poner en cargos directivos a gerentes medios y altos que nada sabían de la actividad petrolera, y cuyo único mérito era tener un alto grado de lealtad hacia el gobierno rojo rojito y hacia el dinero fácil. 

Toda vez que la idea central tiene que ser organizar, capacitar y apoyar la actividad exportadora de las empresas nacionales, hay que convocarlas a todas ellas a las actividades que se lleven adelante desde ProVenezuela -  desde integrarse a comités de exportadores, hasta participar en ferias o misiones comerciales, o a ser beneficiados de la inteligencia comercial que se genere. No se puede actuar con el criterio sumamente erróneo de trabajar con empresas que no tienen ninguna capacidad exportadora, pero están vinculadas al accionar gubernamental, y por ello se les proyecta como cartas de presentación del país en el plano internacional. Tampoco se debe dejar de trabajar con empresas que tienen capacidad exportadora, o que pueden llegar a tenerla en un futuro cercano, y se les deja fuera por consideraciones políticas.

Aprender a generar y a asumir una política de estado no es una cosa fácil, pero es quizás el primero de los grandes desafíos que debe enfrentar esta naciente institución.

CONTRA LA CORRIENTE: CAIDA DE LAS EXPORTACIONES

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 30 de mayo de 2018)

Según un reciente informe elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID -titulado Termómetro del Comercio Internacional -  las exportaciones de la América del Sur crecieron en el transcurso del primer trimestre del 2018 en un 10.4 % con relación a lo sucedido en el mismo período del año anterior. Se trata, indudablemente de una buena tasa de crecimiento para cualquier país y para cualquier región del planeta.

Los países que lideran esa expansión de las exportaciones son Chile, con una tasa de 24.3 %, Bolivia, que crece a un ritmo de 21.9 %, Uruguay que lo hace a una tasa de 16.1 % y Colombia que incrementa sus exportaciones a una tasa de 13.9 %.

En toda la América del Sur hay solo dos países que no incrementan sus ventas al exterior, en el período analizado, sino que incluso decrecen en lo que respecta a este indicador: se trata de Paraguay, cuyas exportaciones cayeron en un 6.7 % en el primer trimestre de este año, y Venezuela, que presenta una baja de 7,8 %.  Obviamente, cuando de promedios se trata, la fuerte caída de uno de los países considerados, hace disminuir el promedio para todos. Por lo tanto, sin Venezuela y Paraguay, el crecimiento regional sería mejor aún que ese 10.6 que ya hemos mencionado.

¿Porque decrecen las exportaciones venezolanas? No se trata de las exportaciones no petroleras – que es un indicador que se suele y se debe analizar – sino de las exportaciones totales, compuestas en un 90 % o más por petróleo. Si las exportaciones totales decrecen en un 7.8 % no puede sino significar que las exportaciones petroleras han caído en una tasa cercana, sin perjuicio de que también hayan caído las exportaciones no petroleras. Como el petróleo ha experimentado un leve incremento en su precio internacional a lo largo del presente año, solo queda llegar a la conclusión – dos más dos son cuatro - de que el volumen de exportaciones petroleras ha disminuido. En otras palabras, que ha caído la extracción, la producción, la refinación y a exportación de petróleo.

Más claro aún: han llevado a la principal industria del país prácticamente a la peor situación de su historia. Eso es consecuencia de la política miope que suponía que la renta petrolera no se iba a acabar nunca, pues era un regalo de los dioses, y que no dependía de las inversiones, ni de la reposición, ni del mantenimiento, ni de nada. Ordeñaron a la industria petrolera sin compasión. Metieron a más de 100 mil trabajadores en su nómina. Hicieron descender violentamente la productividad. La obligaron a meterse en negocios y actividades que nada tienen que ver con la actividad petrolera ni energética. Ahuyentaron a las empresas extranjeras que podían aportar capitales y tecnologías. Despreciaron la capacidad técnica o profesional de los gerentes medios y altos, valorando solo la lealtad política. Muchos de ellos se enriquecieron por medio de prácticas comerciales ilícitas, y están prófugos o en la cárcel. En síntesis, no dejaron error que no cometieron. 

En nada de todo esto tiene responsabilidad alguna el resto de la sociedad civil, política o económica del país. Se trató siempre, hasta el día de hoy, de un coto cerrado del gobierno y de los rojos rojitos, que cargan con toda la responsabilidad de tener a Pdsa y al país en la situación en que se encuentra.