(Articulo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA
Y NEGOCIOS el día 28 de de Enero del 2015.)
A eso hay que agregar que el Gobierno tiene control sobre
las tasa de interés, tanto por la vía de las atribuciones del Banco Central de
Venezuela, como por la vía del control de gruesa parte de las instituciones
bancarias y crediticias del país, con lo cual tiene control de los montos y de los precios del crédito bancario.
A lo anterior hay que sumar que el gobierno fija periódicamente los niveles de
los salarios mínimos y con ello, los niveles de muchos salarios que sin estar
en el nivel mínimo se ajustan en función de este último. También al actuar como
empleador de varios millones de venezolanos fija salarios de referencia que
condicionan la escala de salarios del conjunto del país. En síntesis, están
controlados los precios de dos insumos fundamentales: el crédito bancario y la
fuerza de trabajo, además de los precios de los insumos y materias primas de
origen nacional. Pero como el Gobierno tiene controlado el acceso a las divisas
- y el precio a las cuales se accede a ellas - entonces podemos decir que todos
los insumos importados – así como también todos los productos de consumo final de
origen importados – tiene también controlado el precio y el monto que de ellos se puede importar. Más
aun, de hecho, una parte importante y creciente de las importaciones son
realizadas directamente por el Gobierno.
A todo lo anterior se suma que el mover los productos de un
punto a otro del territorio nacional, es también una cosa que está sometida a
fuertes controles: hay que pedir permiso para la movilización de mercancías e
informar al Estados del monto y del destino de las mismas.
Si quien genera ciertos productos dentro del país es un
inversionista extranjero - además de ver controlada su tasa de ganancia, sus
precios, el costo del crédito, el costo de la mano de obra, y la libertad de
mover sus mercancías hacia uno u otro de los mercados locales – tiene que pedir
permiso y esperar durante meses o años para poder remesar a la casa matriz las
ganancias legítimamente obtenidas en el territorio nacional.
Toda esta red de controles está supuestamente encaminada a
imponerle a la economía la voluntad de los gobernantes, que inspirados supuestamente
en los más altos valores humanistas, quieren impedir todos los males que el
capitalismo hace recaer sobre los hombros de los trabajadores. Sin embargo, aun
suponiendo que eso sea verdad – y que los gobernantes y sus amigos no actúan
con ninguna intención de enriquecerse – la verdad verdadera es que los
resultados son catastróficos: la producción disminuye, tanto en las empresas
públicas como en las privadas, los precios suben, los productos, tanto de origen nacional como
extranjeros, escasean cada vez más, y
los consumidores deben hacer largas colas para comprar artículos que antes eran
de fácil acceso. Además, de ello, el mercado
negro florece en artículos cuya cadena de producción y comercialización está
dominada tanto por el estados como por los agentes económicos privados.
Frente a ello hay al menos dos actitudes posibles. Una es
asumir que los controles tienen que extenderse y profundizarse, pues todavía no
se controla todo lo controlable. Hay que caminar hacia un modelo en que el
Gobierno controle la propiedad de los todos factores de producción, la forma en
que se usan, los niveles de producción, los montos de importaciones, los
precios de cada bien, las ganancias de cada empresa, la forma en que estas se
usan, la distribución de los ingresos, y los canales de comercialización. Se postula en este esquema que la economía
funciona mal no por culpa de las decisiones gubernamentales ni por el asfixiante
grado de control, sino por la guerra
económica que llevan adelante los sectores que todavía dominan aquellos pocos
espacios que el Estado no ha podido
controlar. La solución, por lo tanto es más control, lo cual se asume como
elemento esencial del modelo político y económico que se aspira instaurar.
La otra alternativa es reconocer que el intento de
controlarlo todo genera ineficiencia y
corrupción y que la solución es caminar en un sentido presidido por una menor
cantidad de controles. Sin caer en el dogmatismo de los neoliberales - que pretenden someter todas las decisiones
a las no tan ciegas fuerzas del mercado - hay que reconocer que hay que
controlar solo lo imprescindible – como lo hacen la mayoría de los países
exitosos del planeta - y que hay que dejar que los agentes económicos tengan
elevados grados de libertad para decidir sobre producción precios, salarios,
ganancias y canales de comercialización, dentro de normas conocidas,
impersonales y permanentes. Eso es lo
que significa, en última instancia, el cambio del modelo.
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