NEGOCIAR CON CHINA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 28 de octubre de 2016)

La política más corriente que impera a nivel internacional, en materia de aranceles aduaneros, es ponerle aranceles elevados a los productos manufacturados y aranceles sustantivamente más reducidos a las materias primas.  Eso se supone que potencia las importaciones de materias prima, y protege la producción manufacturera interna. Es una forma de decirle al resto del mundo, sobre todo a los países en desarrollo, que se espera de ellos que continúen en su rol tradicional de productores y exportadores de materias primas pero que no intenten producir bienes manufacturados, pues la entrada de estos últimos a los grandes mercados consumidores les será sumamente difícil.

China no es una excepción en esta materia. Un reciente informe del BID expone que los bienes manufacturados tienen en ese país un arancel aduanero promedio de 11 %, mientras que los bienes intermedios solo pagan en aduana un arancel de 4.9 %. Las materias primas, a su vez, pagan un arancel aduanero promedio de 1.09 %.

América Latina ha exportado a lo largo del siglo XXI una gran cantidad de productos primarios al mercado chino: hierro, petróleo, cobre, soya, entre otros. Eso fue un buen negocio para los países latinoamericanos mientras estos productos tuvieron altos precios en el mercado internacional. Hoy en día, con precios deprimidos, se descubre una vez más que ese esquema de división del trabajo en el comercio internacional no es una buena cosa para los países en desarrollo.  Sería mucho mejor si los productores de cobre, de petróleo o de soya pudieran exportar esos mismos bienes pero con un mayor valor agregado, es decir, con un mayor grado de manufacturación. Pero esos productos tendrían que vencer una barrera arancelaria más alta si pretenden entrar al mercado chino y/o de la mayoría de los grandes mercados internacionales.

Una solución a esta situación es negociar tratados de libre comercio con China, lo cual permitiría entrar a ese mercado con productos con mayor grado de manufacturación que no pagarían arancel alguno. Ese es el camino que han emprendido países latinoamericanos como Chile, Perú y Costa Rica. Pero eso implica – como reciprocidad- que los países latinoamericanos tienen que abrir en mayor medida sus mercados a las mercancías provenientes de China, que es una cosa que muchos países temen. En realidad, poner a los productos chinos a competir en nuestros mercados con los productos europeos o norteamericanos no es necesariamente una mala cosa.

Venezuela - que ha exhibido tradicionalmente una antipatía visceral a los tratados y acuerdos de libre comercio – se encuentra en una situación muy peculiar como para negociar comercialmente con China. El comercio entre ambos países ha llegado a ser elevado y Venezuela necesita con desesperación mercados hacia donde canalizar sus intentos de incrementar sus exportaciones. Sin embargo, existe un problema: ya Venezuela ha entregado todas las pruebas de amor que se le han solicitado y tiene poco que negociar que los chinos no hayan ya conseguido. Pero quizás todavía es tiempo de poner orden en esa situación y negociar una situación de ganar-ganar.

LOS COMPROMISOS PENDIENTES CON EL MERCOSUR

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 26 de octubre d 2016)

Los cuatro países fundadores del Mercosur han hecho saber que esperan que en diciembre  culmine el proceso de adhesión de Venezuela a todos los acuerdos y protocolos que el Mercosur ha ido aprobando a lo largo de su existencia. Para bien o para mal, no parece posible adherir a todos esos acuerdos por la vía de un solo y único acto jurídico o político. Cada acuerdo requiere de una decisión específica de los órganos estatales venezolanos que correspondan para que pase a estar plenamente vigente dentro del orden legal de este país y/o para que Venezuela adquiera la totalidad de los deberes y derechos establecidos en la estructura legal del Mercosur.

Luce obvio que todos los países miembros de una agrupación como el Mercosur deben tener los mismos deberes y derechos, tener disponibles los mismos instrumentos y actuar en el campo del comercio internacional en base a los mismos compromisos. Eso es lo serio. Pero hasta hace uno o dos años atrás esas cosas no importaban demasiado pues Venezuela siempre fue un socio un tanto especial en el seno del Mercosur.  Brasil y Argentina nunca le exigieron que se pusiera al día en materia de vigencia de todos los acuerdos que estar en el Mercosur entrañaba. Lo importante era ser un buen socio político, para actuar como aliados en otros foros internacionales y/o para fijar posiciones comunes en los temas que la realidad ponía sobre el tapete de los debates latinoamericanos. Por otro lado, ser un importante y generoso mercado, que compraba de todo, en grandes cantidades, que tenía gran capacidad de pago, y que realizaba compras por la vía de organismos estatales, en las cuales los precios, las cantidades, las condiciones de pago y el país desde donde se importaban las mercancías eran cuestiones que en última instancia se decidían políticamente. Era bueno para Argentina y para Brasil tener un socio de esa naturaleza, aun cuando no estuviera al día en la puesta en vigencia de todos los acuerdos del Mercosur.

Pero como las cosas cambiaron, ahora hay que ponerse serios. Ahora la billetera fácil ya se agotó, los chistes ya no parecen tan graciosos, y ha ganado espacio el deseo de no aparecer en la misma foto con quien está acusado de ser tan poco respetuoso de los derechos civiles y políticos y de los preceptos establecidos en su propia constitución.  La diplomacia basada en las buenas relaciones personales entre unos pocos gobernantes, está tratando de ser sustituida por normas claras que presidan en forma permanente e impersonal las relaciones y compromisos que se establezcan en el seno del Mercosur.

Ahora los aspectos jurídicos del Mercosur y el respeto a los derechos democráticos en todos y cada uno de los países miembros han pasado a tener una ponderación mayor. Y la diplomacia proporciona hoy en día herramientas y procedimientos como para conseguir ciertos objetivos sin ni siquiera mencionarlos. En otras palabras, la presión a Venezuela para que mejores sus estándares en materia de derechos civiles, derechos humanos y respeto a la constitución, puede llevarse a cabo sin mencionar directamente esos temas. Basta con poner en el centro del debate, la adhesión de Venezuela a los diferentes acuerdos e instrumentos del Mercosur.

En materia de adherir a los acuerdos del Mercosur Venezuela ha puesto en vigencia muchos acuerdos de este organismo. Pero hay un acuerdo, el Acuerdo de Alcance Parcial 18, que es la real acta constitutiva del Mercosur. Allí están presentes con total claridad los deberes y derecho que adquieren los países que son o pasan a ser socios del Mercosur. En el momento en que ese AAP18 se firmó, su estructura era más simple. Hoy en día se le han ido agregando cientos de protocolos adicionales, sobre aspectos administrativos, sanitarios, técnicos, etc.  que también han pasado a formar parte del AAP 18.

¿Y porque Venezuela se ha demorado tanto en adherir a ese AAP 18? Hay varias razones, o por lo menos varias hipótesis que pueden explicar esta situación.  La primera, es que Venezuela ha adquirido muchos y muy desordenados compromisos comerciales con diferentes países - los cuales implican diferentes tasas de cambio, tasas arancelarias, formas de pago, créditos, rebajas, preferencias, normas técnicas, normas sanitarias, etc. -   todo lo cual es difícil de introducir y de ordenar en el cuerpo normativo del Mercosur. Una segunda razón, es que hasta hace un par de años atrás, esas diferencias en cuanto al momento en que se pondría en vigencia tal o cual norma jurídica se resolvía con una llamada telefónica entre los presidentes, sobre todo con quienes gobernaban en Brasil y en Argentina, cada uno de los cuales tenia razones poderosas como para no estar molestando a Venezuela y a sus gobernantes con ese tipo de minucias. Eso generó la mala costumbre de no pararle mucho a las cuestiones jurídicas. 

Probablemente la presión a Venezuela para que cumpla prontamente con poner en vigencia, en su propio ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico del Mercosur no llegue a concretarse en una expulsión. Expulsar a Venezuela sería una derrota también para el propio Mercosur, pero está claro que esta agrupación sub regional quiere dejar de ser un mero club de amigos y avanzar en el terreno de la institucionalidad interna y de la mayor homogeneidad democrática. 

COMIDA A PRECIOS INTERNACIONALES

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 20 de octubre de 2016)

 Permitir que ciertos agentes económicos puedan comprar en el mercado internacional ciertos bienes alimenticios y puedan posteriormente venderlos en el mercado nacional, tomando el precio internacional como el costo de referencia para calcular el precio de venta, es lo más natural del mundo.  Es lo que sucede en la mayor parte de los países civilizados del planeta tierra. Pero en la Venezuela actual el sistema se ha anunciado como si fuera algo parecido a la llegada de los marcianos. Y tienen razón en anunciarlo en esa forma, pues aquí todo lo normal se vuelve complicado, y el agua tibia se descubre por lo menos dos o tres veces por año. Tanto es así, que esa operación, que debería ser lo más natural del mundo, motiva en la cabeza del observador de a pie una serie de dudas y suspicacias.

Así, por ejemplo, no está claro quiénes son los agentes económicos que están autorizados para protagonizar este tipo de operación comercial. ¿Es el gobierno únicamente?  ¿O son agentes privados autorizados por el gobierno? ¿Y en este último caso, de donde se sacarán los dólares para comprar aquellos bienes importados? ¿Serán dólares que el gobierno facilitará para estos efectos? ¿O serán dólares que cada uno sacará de donde pueda? ¿Y cuáles serán los requisitos para poder optar a estos dólares, si es que los vende el gobierno? ¿A qué precios se venderán esos dólares a los eventuales importadores?

Si es que los dólares no los venderá el gobierno - sino que cada uno los sacará de donde pueda - entonces viene la duda respecto a las opciones que se abren con respeto a los bolívares que se obtendrán como resultado de toda esta operación. ¿Podrán volver a convertirse en dólares? ¿A través de que mecanismo? ¿A qué precio? ¿O el que gasta sus dólares en esta operación se quedará con bolívares de ahí para adelante? ¿Y al que saca dólares de alguna parte y participa en este negocio, no le preguntará en Seniat de dónde sacó los dólares? ¿Y los bolívares que obtenga podrán ser utilizados con entera libertad para comprar de ahí en adelante lo que se estime conveniente en el mercado nacional?

¿Y qué pasará con los empresarios que producen bienes similares a esos que serán importador y vendidos a precios internacionales? ¿A qué precio podrán vender? ¿Seguirán vendiendo a precio nacional? ¿O tendrán su veranito en el cual podrán vender a precio internacional, independientemente de los costos en que haya incurrido para producir aquellos bienes? ¿Hasta cuándo? ¿De ahí para adelante, o solamente los fines de semana que al gobierno se le ocurra?

Esta dolarización parcial y ocasional de la economía nacional puede que sirva para dar un respiro a los mercados, y para que aparezcan ciertos bienes alimenticios o medicinales que están perdidos hace mucho tiempo. Obviamente esos bienes llegarn a los anaqueles a precios elevados, con lo cual el ingreso real de los trabajadores que viven de un sueldo fijo - el cual obviamente no está dolarizado -sufrirán un nuevo golpe cochinero.

Si el sistema permite algún respiro, ¿por qué no puede mantenerse por tiempo indefinido? Volvemos al principio. Si toda esta operación es con dólares oficiales, la respuesta es que no hay dólares suficientes, por lo menos a la tasa oficial.  Si toda la operación es con dólares particulares, la respuesta es que el juego durará mientras dure la conveniencia de ciertos agentes económicos de convertir dólares en bolívares. En ese campo, hay que tener en cuenta que las leyes contra las operaciones en dólares y contra el lavado de dinero hacen que sea muy peligroso el invertir mil dólares en traer papas o azúcar desde Colombia, pues puede que a algún funcionario ingenioso se le ocurra expropiar los dólares y/o la mercancía y de ñapa meter preso al protagonista de toda esta operación. Pero, aun así, es posible que muchos empresarios se sientan interesados en participar en el sistema. Más aun, hay muchos agentes económicos - empresarios o no - que pueden pensar que este ingenioso sistema se creó precisamente para sacarles las patas del barro a ellos.

La realidad de las cosas es hay una estrechez muy grande de liquidez monetaria en el mercado monetario y hay muchos ciudadanos que tienen compromisos en bolívares - sobre todo con la banca - que solo se podrían solventar por la vía de vender algunos dólares que hoy en día reposan en el extranjero. Si en vez de traer dólares traen mercancías, se incrementa más aun lo que se puede obtener en bolívares, y las urgencias de pagos en bolívares se pueden solucionar, por lo menos hasta una próxima oportunidad. Además, si traen directamente sus dólares desde el exterior, tratando de venderlos dentro del país, harían bajar el precio de esa divisa, lo cual no es necesariamente un objetivo que todo el mundo comparta. Al traer mercancías, la liquidez monetaria que enfrenta el sistema no sufriría modificación, pero se daría una redistribución de esa masa monetaria, permitiendo a algunos el pago de sus deudas y posibilitando a todos los ciudadanos que vuelvan a encontrar en los anaqueles mercancías que se habían perdido de vista desde hace mucho tiempo, sin necesidad de hacer colas.

CHILE: LA JUSTICIA TARDA PERO LLEGA

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en ELMUNDO ECONOMIA Y NEGOCIOS el día 19 de Octubre del 2016)

La lucha por la democracia en Chile no pasó por el establecimiento de una justicia transicional. Todos los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos en el período dictatorial quedaron sometidos a los tribunales normales, que durante 17 años fueron absolutamente obsecuentes y complacientes con las decisiones anti jurídicas de los gobernantes.  Esa situación fue vista incluso como una concesión dolorosa por muchos luchadores por los derechos humanos, o por muchas víctimas de violaciones a los derechos humanos, que vieron en esa situación prácticamente la imposibilidad de lograr justicia con el advenimiento de la democracia.

Sin embargo, aun cuando en forma lenta, parcial, tardía y/o dificultosa, elementos de justicia se han hecho posible desde los años iniciales del retorno a la democracia. Pero una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile es posible que amplíe en forma sustantiva la posibilidad de hacer justicia en relación a los casos que fueron objeto de juicios y sentencias de los Consejos de Guerra, sobre todo en los años iniciales del gobierno de Pinochet. 

La sentencia del 3 de octubre del 2016 de la CSJ se refiere en particular al Consejo de Guerra llevado adelante en los años 1973, 1974 y 1975 titulado La Fuerza Aérea de Chile vs Bachelet y otros, rol 1-73, el cual sentenció como traidores a la patria a varios oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Esa sentencia de ese Consejo de Guerra queda anulada a partir de la sentencia de la CSJ de fecha 3 de octubre de 2016.

Los argumentos para anular la sentencia del caso 1-73 son varios. El primero de ellos dice relación con la comprobada presencia de torturas en contra de los procesados, la cual es una situación contraria a todos los tratados internacionales sobre la materia. La presencia de tortura para obtener declaraciones usadas posteriormente en el mismo proceso anula este último en su totalidad, aun cuando esta anulación tenga lugar 42 años después. La honra de los militares y civiles involucrados queda restablecida: jamás fueron traidores a su patria ni a su institución armada, ni tuvieron validez ninguna de las acusaciones que se les imputaron.

En segundo lugar, los Consejos de Guerra, en cualquier caso, tienen que hacerse siguiendo determinados procedimientos que están claramente establecidos en los Códigos Militares. La presunción de inocencia, la formulación formal de cargos, la debida defensa asistido por un abogado, la presentación de testigos, etc., no se pueden obviar por muy militar que sea el juicio que se lleva adelante. Nada de eso se respetó en los Consejos de Guerra que se llevaron adelante desde el 11 de septiembre de 1973, en los cuales la arbitrariedad era la única norma. La debida comprobación de estos antecedentes lleva también, 42 años después, a justificar la anulación del Consejo de guerra que hemos mencionado.

Una tercera razón que justifica la anulación de la sentencia condenatoria es el hecho de que esos Consejos actuaban, supuestamente, en tiempos de Guerra, situación que no estuvo nunca configurada, pues jamás existieron “fuerzas rebeldes o sediciosas militarmente organizadas”. En carencia de lo anterior la sentencia última de la CSJ deja establecido que “la declaración jurídica de guerra actuó como una ficción legal”.

Otro argumento poderoso de la sentencia reciente de la CSJ es que los Consejos de Guerra establecidos después del 11 de septiembre de 1973 se dedicaron a juzgar de hechos reales o ficticios acaecidos antes de la fecha mencionada, lo cual es también contrario a toda la norma universalmente válida respecto  a la no retroactividad de la ley.

Las víctimas de estos Consejos de Guerra, nunca contaron con una instancia de revisión de sus sentencias, pues la CSJ de Chile se declaraba sistemáticamente sin atribuciones como para ello. El cambio parcial de la Constitución acaecido en Chile en el año 2005 introdujo modificaciones en esa situación, y colocó a la Corte Suprema en situación de revisar lo sentenciado por los Consejos de Guerra, máxime cuando el Comandante de las Fuerzas en Estado de Guerra había dejado ya de actuar y de tener atribuciones como única instancia revisora de las sentencias mencionadas.

A todo lo anterior se agrega una sentencia expresa y obligante de la Corte Interamericana de Justicia, que sentenció que Chile debía generar una instancia de revisión de las sentencias de los Consejos de Guerra, todo lo cual dio lugar a la sentencia anulatoria por pate de la Corte Suprema.

Esta decisión de la CSJ, referida a la Causa Fuerza Aérea vs Bachelet, hace justicia, con 42 años de retardo, a varias decenas de oficiales que jamás aceptaron ser considerados traidores a la patria, aun cuando fueran posteriormente amnistiados, sino que dieron incansables batallas legales, morales y políticas para limpiar su nombre y su honra militar. Pero también esta decisión de la CSJ deja abierto el precedente como para que todas las víctimas de los Consejos de Guerra realizados en los años posteriores al golpe militar apelen de esas sentencias, por causas o argumentos absolutamente similares a la ya analizados, y vean su nombre y su honra plenamente reivindicadas. Todo este capítulo de la historia de Chile y de América es un ejemplo grandioso de como la justicia y la verdad terminan por abrirse paso, de cómo las aberraciones jurídicas llevadas adelante por gobiernos de facto terminan por ser debidamente condenadas y de cómo la fe, la constancia y la valentía de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos se convierten en un activo de toda una nación.

DUDAS SOBRE LA PRODUCCION QUE IRA A LOS CLAP.

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 14 de octubre de 2016)

Hay varias dudas que surgen de la medida anunciada por el Presidente Maduro en el sentido de que los productores agrícolas y agroindustriales tendrán que entregar el 50 % de su producción al Estado para que éste distribuya aquello por la vía de las CLAP. Algunas de esas dudas son las siguientes:

Si cada productor agropecuario debe entregar al estado el 50 % de su producción, solo podrá entregar a la agroindustria una parte del 50 % restante. La agroindustria, a su vez, entregará al estado el 50% de aquello que logre producir con aquella parte de los insumos que logre comprar en el mercado. En síntesis, si cada eslabón de la cadena productiva entrega al estado el 50 % de su producción, el estado captará, en principio, el 50 % de lo producido por cada eslabón, aun cuando lo producido por los eslabones aguas abajo será cada vez menor, pues dependen para producir de lo que logren comprar en el mercado de una producción que será canalizada en un 50 % hacia los circuitos estatales de distribución.

¿A qué precio pagará el estado aquella producción que se le entregará obligatoriamente? ¿A precio oficial? ¿A precio de mercado? ¿A precio internacional? ¿Y se pagará al contado? ¿O a crédito? ¿O con bonos? ¿De dónde sacará la plata el estado para pagar inicialmente ese 50 % de la producción agropecuaria que comprará? Si los precios que se le paguen al agricultor resultan ser artificialmente bajos, los precios a los cuales se venderá la producción restante, en los mercados relativamente libres, será sumamente mayor, para poder resarcirse. También es probable que se produzca un masivo proceso de ocultamiento de la producción, para no entregar al estado, a precio de gallina flaca, exactamente la mitad de lo producido. Es decir, es altamente probable que el mercado negro resurja en gloria y majestad. ¿Cómo harán para lograr que los campesinos declaren una cantidad cercana a la verdad en relación a cuanto ha producido cada predio? ¿Cómo harán para obligar a los campesinos y a los empresarios del campo para que vendan la mitad - y no menos -  de lo producido?

¿Que mecanismo contralor o contable se implementará -tanto en el presente como a futuro- para asegurar que lo que el consumidor final pague por su bolsa de comida CLAP sea efectivamente lo que se canalice hacia arriba? ¿Cómo asegurar que no hallan pérdidas o filtraciones en lo que cada familia pague por su bolsa de comida? ¿Hay algún recibo, alguna factura, algún papel que dé cuenta de cuanto reciben en dinero efectivo los improvisados comercializadores de las bolsas CLAP? No hay que perder de vista que ese sistema de comercialización eliminó totalmente de su seno al comercio minorista y mayorista y que el sistema de distribución ha sido reemplazado por un sistema donde el control, los registros y las auditorias, son casi imposibles.  Todo queda librado a la moral, no siempre rígida, de los hombres nuevos.

EL FMI, UNA VEZ MAS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 13 de Octubre de 201

El Fondo Monetario Internacional ha publicado recientemente sus proyecciones sobre el crecimiento de los países de la América Latina para los años 2016 y 2017. Este organismo no es indudablemente un oráculo infalible, entre otras cosas porque él futuro siempre es incierto y, además, porque el FMI ha acumulado en el pasado una cierta masa crítica de errores, tanto en sus previsiones como en sus recomendaciones de política, lo cual hace que sus proyecciones o previsiones económicas se tomen hoy en día con cierta cautela. Pero aun con todo ello, el FMI es un organismo serio que intenta mostrar una panorámica lo más ajustada posible a las metodológicas usualmente utilizadas internacionalmente para medir el desempeño económico de los países.

A todo lo anterior se suma el hecho de que Venezuela ha dejado de publicar estadísticas económicas que sean oportunas y que sean creíbles, razón por la cual hay que echar mano a lo que exista. Las estadísticas del Banco Central de Venezuela suelen hacerse públicas con uno o dos años de atraso, cuando ya han perdido toda su utilidad como herramientas para la toma de decisiones económicas y, además, se suelen presentar rodeadas de una cuota muy alta de sospechas sobre la seriedad y la veracidad de lo que muestran.

Las estadísticas recientes del FMI muestran, con relación a Venezuela, una realidad que no nos sorprende: no hay ningún país de la región que muestre un desempeño peor que el de nuestro país. Si se toman lo datos disponibles sobre el crecimiento del PIB en el año 2015, más lo que se visualiza que sucederá en el año 2016, y las previsiones sobre el año siguiente, se puede decir que no hay ningún país latinoamericano que sume tres años seguidos de caída de la producción, tal como lo muestra Venezuela. Una caída ya suficientemente consolidada de 6.2 % en el año 2015, una caída posible de 10. % en el año en curso, y una previsión de una nueva caída de 4.5 % en el año próximo. En total, si todo ello resultara cierto - o cercano a la verdad - se terminaría el año 2017 con un PIB menor en un 22 % al PIB del año 2014. En promedio cada venezolano sería un 22 % por pobre que hace tres años atrás. Es difícil que un gobierno exhiba un cuadro económico tan malo como este.

No se le puede echar toda la culpa al petróleo. Países que también hacen del petróleo su principal producto de exportación, tales como Ecuador o Colombia decrecerán poco, o incluso crecerán, a pesar de que sufren las mismas condiciones adversas del mercado internacional petrolero. Ecuador, por ejemplo, creció poco, un 0.3%, en el 2015, se visualiza que caerá en un 2.3 % en el presente año y que volverá a caer en un 2.7 % en el año siguiente. Colombia, en cambio creció en un 3.1 % en el 2015, y crecerá en un 2.2 % en el 2016 y volverá a crecer en un 2.7 en el año 2017. Chile, que ha visto caer los precios del cobre, ha crecido en un 2.3 % y en un 1.7 % en los años 2015 y 2016 y se espera que crezca en un 2.0 % en el año 2017. Toda la América del Sur se espera que decrezca en un 2.0 % en el año en curso, pero que supere su decrecimiento, y vuelva a crecer en el 2017, a una tasa de 1.1 %. Solo Venezuela ha decrecido en el pasado reciente, está decreciendo en el presente y seguirá decreciendo en el futuro cercano.

¿Porque Venezuela presenta una situación tan mala como la que se deduce de las estadísticas mencionadas? La respuesta oficial, que satisface a la fanaticada, es que Venezuela enfrenta una guerra económica que le han declarado el imperio, los países vecinos, el Mercosur, los empresarios internos, la Asamblea Nacional, la banca internacional y media humanidad más. Si esa hipótesis fuera cierta, habría que decir, con la mano en el corazón, que no se están cosechando éxitos en esa guerra, sino todo lo contrario. Pero esa hipótesis es poco convincente. El mundo comercializa con Venezuela todo lo que Venezuela está en condiciones de comprar o de vender. No le venden a precios más caros ni le compran a precios más baratos. Le venden y le compran a precios internacionales. Los negocios son los negocios. Lo que sí ha sucedido es que no es fácil encontrar alguien que le venda a crédito a Venezuela- al gobierno o a las empresas privadas - pues las condiciones de pago no son muy seguras, sino que son un tanto riesgosas, así que prefieren vender al contado, lo cual es una práctica enteramente usual y corriente en el mercado internacional. Tampoco hay muchos agentes financieros internacionales dispuestos a facilitarle fondos a Venezuela, a menos que este país acepte pagar una tasa de riesgo país extraordinariamente elevada. Pero eso es culpa, en última instancia, de la carencia de un presupuesto ordenado y creíble de ingresos y gastos en dólares. El mercado financiero internacional, contrariamente a lo que se cree, no está constituido por agentes osados y atrevidos, sino por ciudadanos sumamente cautelosos, que no corren riesgos en forma gratuita, que gustan de la transparencia y que quieren todo tipo de seguridad en sus inversiones antes de soltar un dólar.

En síntesis, los problemas de Venezuela, que nos llevan a ser la peor economía en toda la región, son consecuencia de lo que este gobierno y el anterior han hecho y de los malos cálculos que hicieron sobre el futuro.

EL COMERCIO DE VENEZUELA CON USA TAMBIEN VA PA´ BAJO

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 06 de octubre de 2016)

La Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, en su boletín estadístico de septiembre, publicó una serie de interesantes estadísticas sobre el comercio de Venezuela con Estados Unidos, que son importantes de conocer y de difundir.

En primer lugar, se destaca que las exportaciones venezolanas hacia Estados Unidos han caído en el primer semestre del presente año en un 57.5 % con relación al primer semestre del año anterior. En el primer semestre del año 2015, a su vez, se había presentado una caída de 25.9 % con relación al primer semestre del 2014. Estas caídas en las exportaciones venezolanas afectan tanto a las exportaciones petroleras como a las no petroleras.

En el primer semestre del presente año, las exportaciones totales de Venezuela hacia Estados Unidos ascendieron a 4.815.656 miles de dólares. De esa cantidad, 4.604.71 miles de dólares, es decir, el 95.61 % de las ventas a Estados Unidos están constituidas por petróleo. En su estructura o composición, el mercado norteamericano no es cualitativamente diferente a lo que el conjunto del mercado mundial representa para las exportaciones venezolanas. El hecho de que ese país sea el principal mercado para los productos no petroleras, no implica que la proporción de lo no petrolero sea mayor que hacia otros países. Más aun, hay varios países latinoamericanos hacia donde las exportaciones no petroleras, son en proporción, mayor que en los envíos hacia Estados Unidos.

Del total de los envíos hacia Estados Unidos, lo no petrolero ascendió a 497.011 miles de dólares en el primer semestre del año 2015, cantidad que bajó a 211.285 miles de dólares en el primer semestre del año presente. Se trata de una baja de 53.5 %, lo cual muestra claramente que la baja en las exportaciones nacionales no se debe única y exclusivamente a la caída en los precios internacionales del petróleo.

En lo que dice relación con las importaciones realizadas desde Estados Unidos hacia Venezuela es interesante destacar que el principal rubro de ese comercio es nuevamente el petróleo.  Estados Unidos no solo es el principal comprador del petróleo venezolano, sino que también es un proveedor importante del petróleo que Venezuela necesita importar. En el primer semestre del presente año esas ventas petroleras norteamericanas a Venezuela alcanzaron a 696.315 miles de dólares, lo cual representa una baja de 45 % con respecto a los 1.256.86 miles de dólares vendidos en el primer semestre del año 2015. Es dable suponer que en ese bajón influye fundamentalmente el factor precio que afecta tanto las compras como las ventas petroleras de Venezuela.

En lo que respecta a las importaciones totales realizadas desde Estados Unidos estas presentaron un monto total de 2.633.113 miles de dólares en el primer semestre del 2016, lo cual contrasta con el total de 4.532.025 miles de dólares que se presentaron en el mismo período del año 2015.

¿Cómo entender todas las cifras presentadas? ¿Estamos frente a una expresión más de la guerra económica del imperialismo mundial contra la revolución bolivariana? ¿Si vendemos menos y compramos menos, estamos ganando o perdiendo la guerra? ¿Está Estados Unidos vendiendo petróleo a Pdvsa de puro perverso que es, o se trata de operaciones comerciales que son usuales entre ofertantes y demandantes en el mercado mundial?