LO BUENO, LO MALO Y LO DUDODO

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 3 de Febrero de 2016.)

El alto gobierno ha tenido en las últimas semanas  varias reuniones con diferentes grupos de empresarios en las cuales se han abordado los problemas más importantes que aquejan actualmente a la economía del país en general y de cada sector en particular. El hecho de generar ese tipo de reuniones es indudablemente positivo. No es usual ni cotidiano que el gobierno genere y participe en reuniones de esta naturaleza, en las cuales los empresarios plantean con mucha sinceridad y claridad los problemas que los aquejan y las posibles soluciones.

En esas reuniones no ha estado, sin embargo, todos los que deben estar. El gobierno ha invitado a las empresas y /o a los gremios empresariales con los cuales está dispuesto a conversar. El gobierno ha elegido a sus interlocutores. No son los empresarios los que han elegido a sus representantes ante este diálogo con el gobierno. Pero como las invitaciones y las reuniones han sido bastante masivas, en el fondo los asuntos planteados por unos y por otros terminan aireándose, analizándose y discutiéndose en el seno del conjunto de los empresarios. El gobierno parece que hace cuestión de honor no conversar con Fedecámaras. Con  ello paga peaje a sus sectores más duros existentes en su seno. Es bueno que Fedecamaras y los empresarios no hagan cuestión de honor de esa situación e impulsen y apoyen la participación de todos los que tienen la suerte de ser invitados. 

El gobierno ha escuchado y ha recogido algunas de las proposiciones que le han sido formuladas, lo cual se ha plasmado en disposiciones gubernamentales que son bien recibidas por los empresarios. A decir verdad, no son muchas las medidas tomadas por esta vía, pero algunas medidas se han tomado. Ejemplo de ello son, en el caso del sector exportador, el permitir que la liquidación de divisas de exportación se haga no a la desaparecida tasa Sicad II, sino a la nueva tasa Simadi. Eso es positivo. También se ha recogido la idea de que las empresas básicas entreguen  las materias primas que necesitan las empresas que están en condiciones de transformar esos insumos y exportar en esa forma  productos de mayor valor agregado. 

Sin embargo, un conjunto de acciones, por abundantes y positivas que ellas sean – lo cual no es exactamente el caso presente-  no necesariamente generan un plan macroeconómico global, coherente y creíble. Eso es lo que falta. Se pueden seguir tomando medidas puntuales, cada una de las cuales – con un poco de buena voluntad y de optimismo -puede llegar a calificarse como positiva: entre  que se tomen esas medidas, y no se tomen, es mejor que se tomen. Pero eso no necesariamente soluciona los problemas económicos actuales del país. Hace falta, por ejemplo,  un plan creíble de ajuste presupuestario, que indique al país la voluntad de reducir el déficit fiscal y que asuma prioridades, metas, acciones y herramientas concretas encaminadas en esa dirección. Se pueden anuncian medidas de recorte de tal o cual gasto, sin que su real significado pueda ser cabalmente comprendido a menos que exista un marco o un plan en el cual  insertar esa medida. Por ejemplo, la medida de no seguir subsidiando a cuantas empresas expropiadas, ineficientes y quebradas existan en el país, las cuales  absorben una parte sustantiva del erario fiscal.  O el eterno problema de  subir el precio interno de la gasolina.  Esas medidas pueden ser consideradas positivamente, siempre y cuando sean partes de un plan integral de saneamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, solas, aisladas, carentes de otras medidas complementarias, pueden ser medidas de poca significación y alcance y cuyo aspecto positivo termina siendo absorbido o inhibido por el contexto negativo en que se insertan. Lo importante, por lo tanto, sería contar con un conjunto de medidas que se integren las unas con las otras en forma coherente, conformando  de conjunto - y solo de conjunto -  un plan conducente a reducir el déficit fiscal, por lo menos en una cuantía medible y creíble. No es fácil que un conjunto de  medidas, aparentemente aisladas y anunciadas una a una, sean visualizadas como constitutivas de un todo positivo y coherente. Es decir, que se llegue a un plan, por la vía de la suma de sus partes. Pero tampoco es totalmente imposible. Es como si se terminara conversando con Fedecamaras no por la vía de invitar a conversar a su directiva, sino por la vía de ir invitando  a todas las empresas que son parte de ese organismo gremial.  Se salvan así las formas, se mantiene el culto a los iconos sagrados,  y puede que se consiga un resultado positivo. Puede ser un camino novedoso y heterodoxo que no se puede descartar.

Pero más allá de las formas o de los caminos, el fondo de las cosas es que la situación económica actual reclama un plan creíble de ajuste presupuestario, que fije objetivos, metas y acciones en materia de ingresos y gastos gubernamentales. Se necesita, igualmente, un plan global, coherente y creíble de uso de las divisas con que cuenta el país, que tenga también objetivos, metas y acciones claras en materia de ahorro de divisas y de fomento de las exportaciones no petroleras. Ojala esta forma curiosa de proceder en materia de búsqueda de diálogos  y consensos  sea meramente una cuestión de método y se termine llegando, antes que sea demasiado tarde, a ese plan global que la realidad reclama.   

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LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL, el día 28 de Enero de 2016.

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

La política de sustitución de importaciones no es nueva en Venezuela ni en América Latina. Se aplicó en casi todos los países de la región, en uno u otro momento de su historia. Fue ampliamente difundida y sistematizada por Cepal y por una pléyade de excelentes economistas latinoamericanos. Tuvo su época de oro en la segunda mitad del siglo XX, pero, como muchas otras cosas en la vida, mostró finalmente sus limitaciones, entró en decadencia,  y terminó siendo modificada o descartada en todos los países donde se venía desarrollando.

En su versión más simple, la política de sustitución de importaciones se basaba en la idea de que en vez de importar los bienes finales que se demandaban en los mercados internos de los países de la región, era mejor que se importaran primero las maquinarias y equipos  necesarios como para producir internamente esos bienes, y después, en forma regular, importar las materias primas e insumos necesarios para  mantener esas instalaciones en buen nivel de funcionamiento. Se asumía que importar materias primas e insumos era siempre más barato que importar el bien terminado. Había una fase de producción y de agregación de valor que se hacia dentro del país, con recursos y mano de obra locales.

El problema es que si no hay exportaciones que alimenten al sistema con un volumen creciente de divisas, se llega rápidamente a una situación en la cual todas las  divisas disponibles están ya comprometidas con las importaciones necesarias como para mantener al aparato productivo en un determinado nivel de funcionamiento, pero no se puede aumentar la producción a menos que haya nuevas fuentes de divisas. En otras palabras las divisas tradicionales quedan comprometidas y no hay nueva generación de divisas en la medida en que las nuevas empresas que se generan no tienen capacidad exportadora, básicamente porque sus niveles de excelencia  y de competitividad internacional no son  altos.

Si la política de sustitución de importaciones no va estrechamente ligada a una política de exportaciones no tradicionales, el conjunto del  proyecto económico queda supeditado a los niveles de actividad del sector exportador tradicional.

Por ello, en la nueva etapa de sustitución n de importaciones que se pretende llevar adelante en Venezuela -como forma de enfrentar la carencia de divisas ocasionada por la improvisación y el despilfarro oficial y por la caída en los precios internacionales del petróleo - hay que relacionar desde el principio la eventual mayor producción nacional con la capacidad de exportación. Hacer que las nuevas industrias, o las viejas industrias que se quieren reactivar,  generen las divisas que ella mismas, o el conjunto del país, necesitan para mantener el esquema en funcionamiento. Sin esto, el programa de sustitución de importaciones no durará ni un año.  

Para promocionar  e incentivar nuevas exportaciones hay que derribar todas las barreras absurdas que hoy en día limitan las exportaciones, como si estas fueran una forma maligna de desviar la producción hacia fuera del país pudiendo canalizarse hacia la satisfacción de las  demandas internas. Esa concepción errónea hay que sustituirla por la idea de que solo exportando se podrá sostener el programa de sustitución de importaciones. Hay, por lo tanto, que poner la promoción de exportaciones en el centro de la política económica, y generar todos los estímulos económicos e institucionales que correspondan. En ese campo, por lo demás, no es necesario inventar demasiado, pues hay muchos ejemplos exitosos en esa materia en la propia América Latina.

La política de sustitución de importaciones, como toda política económica, tiene costos.  En este caso, esos costos  dicen relación con el crecimiento de los precios de ciertos bienes importados, y con un cierto grado de desabastecimiento de los mismos. Los precios de los productos importados tienen que ser elevados, porque el dólar con que se pueden comprar se adquiere caro en el mercado interno o local, lo cual a su vez constituye un estímulo para que los empresarios  locales produzcan tanto como puedan, incentivados por esos precios elevados. Las consecuencias sociales de este problema económico hay que paliarlas con programas sociales de emergencia específicamente destinados  y localizados en la atención de los sectores más vulnerables. La otra consecuencia  poco simpática de la sustitución de importaciones  es que muchos productos importados dejan de estar presentes en el mercado interno, pues los pocos dólares que existan deben dedicarse a importaciones esenciales.

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PLANIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 27 de Enero de 2016)

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Hubieron momentos en el pasado reciente en que el Presidente Chávez se ufanaba de que la política petrolera que él y su gobierno llevaban adelante había posibilitado que los precios petroleros estuvieran por sobre los 100 dólares por barril en el mercado internacional correspondiente. Hoy en día los precios internacionales del petróleo han  descendido por bajo los 30 dólares por barril, lo cual para Venezuela significa un precio que ha llegado en la segunda quincena de enero a los 24 dólares por barril, o incluso menos ¿Significa ello que Venezuela cambió de política, y que ya no lleva adelante la política que fue tan exitosa en épocas recientes? ¿O significa que los socios de la OPEP dejaron de hacerle caso a Venezuela y por eso todos están pagando las consecuencias? ¿O quizás la razón de toda esta situación está en que en el mercado petrolero internacional gravitan fuerzas en las cuales en ningún momento Venezuela ha tenido mayor influencia, aun cuando haya tratado con soberbia y con buen humor de  atribuirse la responsabilidad cuando las cosas andaban bien?

Hoy en día, con un precio de 24 dólares por barril – o menos-  la situación es dramática para Venezuela.  Es una autentica situación de crisis o de emergencia nacional. Es dramática por cuanto más allá, de las declaraciones de rigor, en la realidad de las cosas Venezuela no ha hecho nada sustantivo en los últimos 15 años para romper con la dependencia petrolera. Cuando los precios del  petróleo estuvieron más elevados que nunca en el mercado petrolero era el momento oportuno como para canalizar gruesa parte de esa renta petrolera extraordinaria para generar un aparato productivo no petrolero con capacidad de competir internacionalmente. Pero no se hizo nada. La inmensa masa de petrodólares que se han volcado sobre el país en los últimos 15 años se han hecho sal y agua. Se los comió el despilfarro, la generosidad internacional, la ineficiencia, la corrupción y la repartidera con fines electorales. Venezuela no tiene la culpa de que los precios del petróleo hayan bajado a los niveles actuales, como tampoco tenía la culpa cuando los precios estaban por sobre los 100 dólares por barril. Pero Venezuela sí que tiene toda la culpa de haberse farriado esa riqueza cuando ella existió. No se ahorró nada para los años de vacas flacas. Lo que se acumulaba en el Fonden o los milloncitos que le traspasaba generosamente el Banco Central al Ejecutivo Nacional, se gastaron alegremente. Se actuaba con el criterio de que la riqueza petrolera iba a durar eternamente. Ahora, cuando se ha demostrado claramente que esos eran supuestos erróneos, no puede Venezuela limitarse a ir a llorar p´al monte. Hay que tomar medidas para enfrentar la crisis. No tomar medidas y dejar que el mercado encuentre por sí solo la solución a  la crisis es la más neoliberal de las políticas económicas que se pueden tomar y, curiosamente, es en alta medida lo que ha venido haciendo el gobierno en el transcurso del los últimos meses.

¿Qué hacer frente a la situación presente? Lo primero de lo primero es tener un diagnostico claro de la situación, No se puede seguir jugando con un presupuesto  nacional en el cual no están claras las cantidades de petróleo que se pueden producir y exportar y donde no son creíbles las cifras sobre el precio probable al cual se va a vender cada barril. Hay que construir pronósticos creíbles respecto a cuántos dólares tendrá  disponibles el país. El Banco Central de Venezuela tiene que informar al Parlamento y al país de esa situación.

Lo segundo, es genera un plan en que se establezca cual es la forma más conveniente de utilizar esos dólares de los cuales se dispone. Hacer un presupuesto de divisas. Saber en qué cosas se van a gastar los dólares y en cuáles no. Es posible y deseable que una gran cantidad de importaciones que no son necesarias – que son claramente prescindibles - se dejen de importar, o por lo menos no lo hagan con dólares oficiales. Pero es necesario saber cuánto es lo que puede estar disponible para cada uno de los sectores productivos del país, de modo de que las empresas sepan a qué atenerse. Es imprescindible terminar con el secretismo y el amiguismo en la asignación de las divisas. Donde hay secretismo hay la posibilidad de corrupción, y eso genera, a su vez, la imposibilidad de generar consensos y acuerdos sobre esa posible distribución de las divisas. Un aspecto que  no es marginal en este campo es que Cencoex, que es el organismo encargado de la asignación de las  divisas, se encuentra adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva del país, que es un órgano básicamente político, y no a la Vicepresidencia Económica ni a ninguno de los ministerios relacionados con la economía.

La producción de petróleo y las divisas que esta actividad genera han sido y siguen siendo no solo la columna vertebral de la economía nacional, sino también de la política nacional. En alguna medida se podría decir que la política venezolana gira desde hace 80 años en torno a cómo repartir o repartirse la renta petrolera. Un programa económico nacional debe dejar claro eso: cómo repartir lo que va quedando de la renta petrolera entre los diferentes sectores de la economía nacional. Si alguien cree que esa renta es de él y la reparte como quiera, entonces esto no tiene solución cercana.

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¿PERTENECE VENEZUELA AL MERCOSUR?

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de TAL CUAL el día 22 de Enero del 2016)

Venezuela es miembro pleno del Mercosur, pero en realidad es más miembro que pleno. Venezuela ha contado con el acuerdo de tres de los cuatro socios originales del Mercosur para ingresar a ese bloque subregional. El cuarto miembro, Paraguay, estaba suspendido de su membrecía cuando se tomó esa decisión, pues el resto de los socios había objetado la forma como los paraguayos se habían sacudido de un Presidente de la Republica que había dejado de contar con la confianza de los otros órganos estatales de ese país. Posteriormente Paraguay se ha reintegrado al Mercosur, acatando las decisiones tomadas en su ausencia, pero sin tener que realizar expresas declaraciones o tomas de posición sobre ellas. Esa situación le permite a Venezuela participar de todas las instancias decisionales del Mercosur, en particular en las cumbres  presidenciales. Pero en la realidad de las cosas, Venezuela ha venido postergando tomar las decisiones que permitirían homologar su legislación interna a las decisiones y normativas que están vigentes en el seno del Mercosur. Es decir, Venezuela está en una situación extraña, puesto que es miembro del Mercosur, pero no se rige en muchos aspectos por la normativa que es común a todos los países miembros del Mercosur. Veamos algunos aspectos de esa situación.

El documento en que se establecen los compromisos originales contraídos por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al momento de constituirse el Mercosur, es el Acuerdo de Complementación Económica 18, suscrito e inscrito bajo el paraguas legal de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi. Venezuela debe suscribir ese ACE 18, pero todavía no lo ha hecho. En el ACE 18 y en sus protocolos adicionales - que ya suman más de 100 - se establece la uniformidad de las normas de origen, las estructuras arancelarias comunes, las normas aduaneras, las normas de liberación del comercio, el tratamiento de las zonas francas, etc. Al suscribir formalmente ese ACE 18 - y todos sus anexos actuales -  esa normativa pasaría a tener la misma fuerza jurídica que cualquier otra norma legal interna y seria de obligatorio cumplimento para Venezuela y para todas sus instancias estatales e institucionales. Esa es una materia pendiente para Venezuela, que puede ser en cualquier  momento materia de reclamo por parte de los otros socios del Mercosur, pues no tiene sentido que en el seno de ese bloque existan socios que adhieren plenamente a toda la normativa Mercosur y  otros que no lo hacen. Visto desde un punto de vista interno, el adherir a ese ACE  18 permitiría ordenar la normativa interna en materia de comercio exterior y servir de barrera de contención a las ocurrencias circunstanciales - supuestamente geniales - de algunos funcionarios, que a veces terminan por convertirse en leyes y normas internas.

Otro aspecto importante son los Acuerdos de Complementación Económica que el Mercosur ha contraído, como cuerpo, con otros países, con anterioridad a que Venezuela fuera miembro de este bloque, pero que al ingresar al mismo, debe adherir a ese patrimonio histórico del cuerpo al cual pasa a pertenecer. Entre eso acuerdos cabe mencionar  el Acuerdo para la conformación de una Zona Libre Comercio entre Chile y Mercosur. (ACE Nº 35).; el Acuerdo para establecer una Zona Libre Comercio entre Bolivia-Mercosur (ACE Nº36); el acuerdo para establecer una Zona Libre Comercio entre México-Mercosur. (ACE Nº54);

el acuerdo para establecer una Zona de Libre Comercio para el Sector Automotor entre México-Mercosur. (ACE Nº55). Cada uno de esos acuerdos establece procesos de desgravación arancelaria que son de obligatorio cumplimiento para las partes, pero que Venezuela no ha incorporado todavía a su propia legislación, lo cual convierte a nuestro país en un miembro con deberes y derechos diferentes al resto de los países participantes del Mercosur.

Finalmente cabe mencionar que en el seno de Mercosur se han aprobado en las instancias decisivas correspondientes varios cientos de decisiones, resoluciones y directrices, sobre temas muy variados, pero que también deben incorporarse a régimen legal interno. Entre ellos, el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.

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LAS AGENCIAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición impresa de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 20 de Enero de 2016)

Casi todos los países han creado en las últimas décadas, dentro de su institucionalidad estatal o para estatal, agencias u organismos especializados en la promoción de exportaciones. En América Latina algunos de esos organismos han sido particularmente exitosos, entre los cuales se puede mencionar a ProMéxico, a ProColombia y a ProChile, cada uno de los cuales ha sido un apoyo importante en el proceso de internacionalización de las respectivas empresas nacionales.

El Real Instituto Elcano, de España, en su último boletín de diciembre, publicó un interesante artículo del Dr. E. Fanjul, en el cual se reflexiona sobre la efectividad de las agencias de promoción de exportaciones existentes en el mundo. Gruesa parte del artículo se basa, a su vez, en un estudio realizado al respecto en la Universidad de Ginebra, en el cual se pasa revista a la experiencia de aproximadamente 100 de estas agencias a nivel mundial. La idea central al cual se llega en el estudio de la Universidad de Ginebra y en las reflexiones del Dr. Fanjul es que las agencias de promoción de exportaciones son efectivas. En otras palabras, que un dólar invertido en promoción de exportaciones, por la vía de estas agencias estatales o paraestatales, tiene un efecto multiplicador sobre las exportaciones: un dólar invertido en promoción de exportaciones se traduce en más de 10 dólares de incremento en las aquellas exportaciones que constituyen el universo meta de dichas agencias de promoción.    

Se llega también a la conclusión de que estas agencias son más efectivas en la medida en que su universo meta sean las empresas medianas. Es decir, no las muy grandes ni las muy pequeñas. Las primeras tienen sus propios contactos y relacionamientos internacionales y tienen la capacidad financiera como para llevar adelante, con sus propios recursos, las actividades de información o de promoción que estimen conveniente realizar. Convertir a ese tipo de empresas en receptoras de la ayuda estatal se constituye en una subvención que no incrementa lo que de todos modos éstas realizarían por sí mismas. Las empresas muy pequeñas, a su vez, suelen no tener las condiciones tecnológicas ni administrativas como para generar la competitividad propia de la internacionalización, y las posibilidades de fracaso son muy altas. Un eventual fracaso puede incluso tener efectos letales sobre algunas empresas pequeñas que se arriesguen en un terreno para el cual no están cabalmente preparadas.

Otra conclusión que fluye de este artículo que comentamos  es que las agencias de promoción de exportaciones son más efectivas en la medida en que el sector privado participa en los respectivos consejos de administración y en la medida, también, de que el sector empresarial asume una parte significativa de los gastos que van implícitos en las operaciones de promoción de exportaciones. La subvención pura y simple, por parte de los organismos de promoción de exportaciones, de todos los gastos y de todas las operaciones que se llevan adelante en ese campo, no parece generar los incentivos suficientes como para que las empresas involucradas hagan todos los esfuerzos que exportar implica. Así por ejemplo, llevar empresarios a eventos feriales en el exterior, con todos los gastos pagados, genera muchas veces una desatención de los respectivos stand y una escasez de contactos comercialmente útiles.

El pensamiento liberal, pasado o presente, no ve con mucha simpatía la existencia de estos organismos o agencias especializadas en la promoción e exportaciones. Postulan que son meros mecanismos para subvencionar actividades que las empresas pueden realizar por sí mismas y que no hay razones como para que ellas se lleven adelante con fondos de todos los contribuyentes, en circunstancias que la apropiación posterior de los beneficios es enteramente privada. En realidad, la existencia de lo que los economistas llaman los fallos del mercado, justifican plenamente la realización de ciertas actividades por la vía de la acción gubernamental. En el campo del comercio internacional se hace evidente que la información que se necesita para hacerse presente en un mercado determinado no es transparente, es decir, que no está al alcance, por igual, de todos los que eventualmente pueden necesitar de dicha información para participar en ese mercado. Y participar sin la adecuada información es participar con menores probabilidades de éxito. 

Cualquiera que sea el producto que se analice, no hay acceso a información relevante sobre precios, ofertas, demandas, calidades, tecnologías, permisologías  y estructuras del mercado, en cualquier parte del mundo. 

Y conseguir esa información, por parte de cada uno de los posibles interesados en la misma, actuando cada uno por su cuenta, tendría mayores costos que si la misma se consigue en forma centralizada y compartida. Igualmente la promoción de una imagen país a nivel internacional es una actividad que solo puede hacerse en forma centralizada. Otro ejemplo: la participación en eventos feriales a nivel internacional se lleva adelante con mejores resultados y con menores costos si se tiene un pabellón nacional, que cobija a varias empresas con real capacidad competitiva, que si cada empresa levanta y paga su propio stand.

Pero la actitud displicente con respecto a los organismos de promoción de exportaciones no proviene solo del pensamiento liberal. En Venezuela se han sumado tradicionalmente a esa postura todos aquellos que han visto en la actividad petrolera una fuente inagotable de riqueza y de exportaciones para el país, lo cual desalienta el estar asumiendo inversiones y preocupaciones encaminadas a buscar otras actividades de exportación, cuando con el petróleo basta y sobra. A  esta altura de los tiempos ya no vale la pena estar argumentado en contra de ese punto de vista. Luce demasiado evidente - además de dramáticamente urgente - el promover las exportaciones no petroleras.         

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LA LIBRE COMPETENCIA GANA ALIADOS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 13 de Enero de 2016.)

Los cables internacionales hicieron circular por el mundo - entre Navidad y Año Nuevo - una noticia relativa a China, que habría provocado grandes debates  políticos e ideológicos hace unos 30 años atrás, pero que  hoy en día es tomada con entera tranquilidad. Se trata de que los organismos estatales chinos encargados de velar por la libre competencia y  de luchar contra los monopolios y la colusión empresarial han castigado con una fuerte suma de dinero – más de 60 millones de dólares - a ocho navieras internacionales que habían establecido acuerdos entre sí para fijar precios y repartirse clientes y zonas de influencia en los últimos años.

El libre comercio es una de las piedras angulares del  comercio internacional  contemporáneo y es parte constitutiva de la normativa de la Organización Mundial de Comercio. Todos los países miembros de esa organización internacional – que son la inmensa mayoría de los países que conforman la geografía política mundial – han aprobado esos acuerdos y  se supone que se rigen por ellos en su accionar en el campo del comercio internacional. Ello implica, entre otras cosas, la condena a los subsidios gubernamentales en el campo de los bienes manufacturados y  a las colusiones empresariales.  El libre comercio, o el libre mercado, asume que cada agente económico o comercial actúa en el mercado compitiendo  – en forma despiadada o caballerosa, pero compitiendo al fin y al cabo - con todos los otros agentes de la misma especie. No hay que confundir esa figura con el mercado de competencia perfecta, que es una figura o modelo teórico diferente, en el cual se asume que cada agente económico tiene una serie de características o virtudes  - pequeño tamaño, transparencia, libre movilidad, etc.- que llevan a que el mercado en su conjunto conduzca a situaciones de máxima producción y máxima eficiencia.

¿Es el libre comercio una postura doctrinaria de la dirigencia china actual? ¿No violenta aquello la prédica doctrinaria tradicional presente en ciertos círculos marxistas – de ayer, fundamentalmente,  pero todavía de hoy- en el sentido de que el libre comercio es un invento malévolo de los círculos imperialistas para explotar a los pueblos de menor desarrollo relativo? ¿No se imprimieron cientos o miles de páginas en la segunda mitad del siglo XX en las cuales se hablaba del intercambio desigual y de la vigencia de la ley del valor en el campo del comercio internacional? ¿No sería mejor adherir al comercio administrado y negociado mediante acuerdos de gobierno a gobierno? 

Es difícil que alguien crea hoy en día que los intercambios internacionales conduzcan  a situaciones de óptimo por el simple hecho de que se realicen respetando los principios básicos del libre comercio. Pero si parece haber cierto consenso en que en las condiciones de la globalización contemporánea -  en que cualquier mercancía o cualquier servicio tiene miles de eventuales productores, y miles de eventuales compradores,  dislocados todos a lo largo y ancho de la geografía mundial – es mejor,  o es menos malo, si esos productores de bienes y servicios compiten entre ellos que si se ponen de acuerdo para fijar precios y para repartirse mercados.  Es obvio que esas ocho navieras no se coludieron para imponer en el mercado precios más baratos, sino precios más elevados. En otras palabras, es mejor que compitan y no que se asocien.

La postura del gobierno chino es pragmática: es lo mejor para China. Pero también implica una concepción sobre cómo debe funcionar el comercio internacional en el mundo contemporáneo: es mejor que las grandes empresas trasnacionales compitan entre sí tanto como se pueda y no que se  pongan de acuerdo. Un mundo con esos grados de competencia es mejor, para grandes y chicos, que un mundo con todo tipo de acuerdos subterráneos entre los más poderosos. 

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HAY INJERENCUAS E INJERENCIAS

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 14 de Enero de 2016)

Un país no tiene derecho a inmiscuirse en la política interna de otro.  Ese es un principio muy importante del derecho internacional contemporáneo. No puede, por lo tanto, un país,  estar opinando sobre las diferentes cuestiones que se discuten en el Parlamento de otro, ni debe apoyar política ni mucho menos financieramente a otras fuerzas políticas amigas en un país extranjero, ni puede actuar en forma alguna para incidir en el resultado de las elecciones que en otro país se desarrollan Todo eso es obvio. El problema es que esa obligación de no meterse en los asuntos internos de otro país tiene sus límites: el límite es el respeto a los derechos humanos, y a una cierta categoría de derechos civiles y políticos. Cuando los derechos humanos están siendo violados, pisoteados o no respetados en un país determinado, todo país tiene el derecho y la obligación moral de desplegar todas las formas que la diplomacia y la política aconsejen para poner fin a ese estado de violación de derechos humanos que han pasado a ser derechos defendidos por la comunidad internacional, de acuerdo a tratados y convenios claramente establecidos sobre estos asuntos. También acuerdos como la cláusula democrática presente en el Mercosur, defienden internacionalmente la vigencia de los derechos civiles y políticos en todos y cada uno de los países miembros.

En las últimas décadas el  derecho internacional - que originariamente era el derecho de los estados - ha pasado a ser un derecho que defiende y protege también a  las personas, precisamente de actos realizados contra ellas por parte de los estados. Una manifestación concreta de ello es la existencia y funcionamiento del Tribunal Internacional para juzgar de crímenes de lesa humanidad, aun cuando esos crímenes estén amparados por leyes que los mismos criminales han redactado y aprobado.  

Venezuela tiene una honrosa tradición de injerencia en otros países en defensa de los  derechos humanos. Pongamos algunos ejemplos. Cuando en el sur del continente - básicamente en Argentina, en Uruguay y en Chile – imperaban dictaduras claramente violadoras del derecho a  la vida y de todos los derechos civiles y políticos, Venezuela desarrolló activas formas de solidaridad con las victimas de esas violaciones a los derechos humanos y de apoyo a  quienes defendían y trataban de ampliar los escasos espacios de libertad que lograban sobrevivir en medio de esa barbarie.  Abrió sus embajadas, para que se asilaran allí los perseguidos  políticos, o sus familiares, y el que escribe este artículo no tiene ninguna duda de que sus hijos lograron sobrevivir gracias al apoyo prestado por la Embajada de Venezuela, primero para que se asilaran en su sede, y posteriormente para que abandonaran el país, bajo protección diplomática,  y pudieran llegar a  territorio venezolano.   Venezuela, a través de su gobierno, de su parlamento y de todas las fuerzas políticas, prestó apoyo irrestricto a los que buscaron asilo en este país, y condenó a las dictaduras sureñas en cuanto foro internacional se discutió la situación de las mismas, incluida la asamblea anual de las Naciones Unidas. Desde Caracas esas  fuerzas políticas democráticas desarrollaban todo tipo de actividades en solidaridad con las fuerzas anti dictatoriales internas, con pleno apoyo de todas las fuerzas políticas venezolanas. Dentro de los países gobernados por estas dictaduras los diplomáticos venezolanos sumaban sus esfuerzos, a veces discretos, a veces más abiertos, para apoyar los procesos democratizadores y para salvar vidas de las garras de los verdugos. El agradecimiento hacia Venezuela, de parte de chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños, por nombrar solo a algunos pueblos latinoamericanos, es y será enorme y eterno. Se trató de una injerencia que enaltece a Venezuela.    

Una injerencia de otro tipo, más discutible en sus motivaciones y en su justificación moral, es cuando aviones oficiales sirven para trasladar miles de dólares de dudosa procedencia para apoyar a los candidatos amigos en procesos electorales internos que se desarrollan en otros países.  O cuando se apoya y se financia a un presidente depuesto en Centroamérica, o cuando presidentes de otros países participan en Venezuela en mítines y actos electorales como si fueran miembros activos de los partidos organizadores del mitin correspondiente, o cuando embajadores venezolanos participan en actos electorales en plena campaña presidencial de otros países, levantando la mano de los candidatos amigos.

En síntesis, la no injerencia absoluta, o el derecho de todo gobierno a hacer lo que se le de la gana dentro de su territorio, es una cosa del pasado. Tampoco la injerencia puede quedar librada a los intereses y puntos de vista coyunturales de gobierno extranjeros, que tienen un largo historial de intervenciones nefastas en América Latina y en el mundo. Pero hay una abundante legislación internacional - consensuada, aprobada y conocida - que se amplía y se profundiza cada día más, en materia de la defensa internacional de los derechos humanos, civiles y políticos, todo la cual no puede sino ser considerado como un avance de la humanidad contemporánea. 

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