sábado, 3 de marzo de 2018

DINERO ELECTRÓNICO Y DINERO LÍQUIDO


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 2 de Febrero2018)

Se considera dinero líquido a aquel consistente en billetes y monedas constantes y sonantes emitidas por el órgano emisor de un país - generalmente, hoy en día, los banco centrales - que tiene la cualidad de ser de libre circulación y que permite cancelar todo tipo de deudas.
El dinero electrónico es, hoy en día, el dinero que no tiene una existencia física, sino que está constituido por asientos contables en la contabilidad de los bancos y sobre los cuales se puede girar por la vía de tarjetas de débito u otros mecanismos electrónicos que no necesitan en ningún momento la conversión a dinero líquido. El crédito bancario, generado y movilizado por la vía de tarjetas de crédito, es también un mecanismo electrónico para crear y posteriormente movilizar dinero sin existencia física. 
En condiciones normales, el dinero líquido y el dinero electrónico se pueden convertir fácilmente, y sin costos, el uno en el otro, lo cual conlleva a que para todos los efectos prácticos se considere que uno es igual, en cuanto a valor y utilidad, que el otro.
Pero en la Venezuela actual se ha prácticamente eliminado la posibilidad de convertir el uno en el otro cuando y donde quieran los poseedores de dichos activos. El que tiene dinero en sus cuentas de ahorro o a la vista, no las puede convertir en dinero líquido. No se puede ir a un banco y emitir un cheque que le permita al titular de una cuenta sacar todo o parte de sus activos. Tampoco se puede sacar de los cajeros automáticos la cantidad que uno necesite de dinero líquido por la vía de debitar sus cuentas bancarias.
En la medida en que no hay conversión o arbitraje fácil y fluido entre el dinero líquido y el dinero electrónico, ambas manifestaciones del dinero, que antes se confundían en el concepto de liquidez monetaria, han pasado, en la práctica, a ser dos activos diferentes, con cualidades diferentes y con funciones de oferta y demanda también diferentes. Por ello, se ha roto la relación de 1 a 1 que siempre existió entre los valores de ambos activos.
Hoy en día el dinero líquido se oferta en muy pequeñas dosis por parte de los bancos, solo en taquilla, y nada por la vía de los cajeros automáticos. Su demanda, por otro lado, está dada por operaciones de baja denominación; transacciones entre personas más que entre empresas; o entre empresas y personas situadas ambas en el campo de la informalidad; y, en general, por operaciones comerciales en las cuales el vendedor carece de los famosos “puntos de venta”.
El dinero electrónico se oferta por parte de los bancos a todos los clientes que están en condicione de ser portadores de una tarjeta de crédito o de débito. Su demanda, a su vez, está dada por todos los venezolanos que optan libremente por esa forma de pago, más todos aquellos que careciendo de dinero líquido, tienen que hacer sus compras en aquellos lugares o comercios que tienen puntos de venta.
Los billetes -dado que las monedas han desaparecido en forma total y absoluta - y el dinero electrónico han pasado a ser activos diferentes y altamente incomunicados entre si en la economía venezolana actual. En esa medida, no es de extrañar que la relación uno a uno se haya roto, y que el dinero líquido, siendo más escaso, y teniendo una gran demanda, sea más caro, y que una unidad de dinero líquido tenga un valor superior a 1 en unidades de dinero electrónico. Más aun, la relación de valor entre dinero líquido y dinero electrónico queda sujeta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda de uno y otro activo. Esta es otra de las cosas insólitas-  e inédita en otras partes del mundo - que se ha generado por obra y gracia de la actual política económica. 


viernes, 2 de marzo de 2018

PRODUCCION Y CAPACIDAD PRODUCTIVA


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMIA Y NEGOCIOS el día 2 de febrero de 2018)

 Es ya un hecho suficientemente conocido el que en Venezuela la producción, medida por el PIB, ha decrecido en forma sostenida durante 4 años consecutivos, lo cual arroja la increíble realidad de que en el año 2017 el PIB fue aproximadamente un 40 % más bajo que en el año 2013. 
¿Qué ha pasado con las fábricas y demás instalaciones que hacían posible esos mayores niveles de producción de antaño? ¿Están las fábricas cerradas, pero intactas, a la espera de que la actividad productiva vuelva a reactivarse? ¿Están las tierras a la espera de las semillas vuelvan a caer en los surcos? ¿Están los tractores en sus galpones, esperando que los pongan nuevamente en marcha, para salir a roturar los campos? ¿Están las máquinas en las fábricas esperando que lleguen nuevamente hombres y materias primas para ponerse nuevamente en frenética actividad? ¿O acaso están las fábricas produciendo a un 30% o 40 % de su capacidad instalada, pero están en actividad, con hombres adentro de ellas, trabajando todos los días laborables del año? ¿Podrían esas fábricas pasar a producir a un 60% o un 70% de su capacidad instalada si tuvieran los insumos, las materias primasas, los hombres y los mercados como para llevar adelante una actividad económica exitosa?
Desgraciadamente es difícil responder afirmativamente a todos esos interrogantes.  Es probable que un porcentaje importante de las fábricas hayan tenido que cerrar. Y es altamente probable que la empresa que tuvo que paralizar totalmente sus actividades no pueda reiniciar la producción mediante una mera decisión voluntariosa - al mero toque del clarín - o incluso ni siquiera ante la presencia de un nuevo flujo importante de divisas para realizar las importaciones correspondientes de materias primas e insumos. Las fábricas, maquinarias y equipos – e incluso las tierras - se deterioran por la falta de uso. Hay un deterioro físico y una obsolescencia tecnológica. Hay perdidas de mercados. Hay desmantelamiento y venta de maquinarias y equipos para salvar lo que se pueda del capital inicial. También hay perdida del capital humano, que dominaba la técnica y que tenía la experiencia como para llevar adelante los procesos productivos.  
Es una visión muy idílica pensar que las fábricas, los hombres, las maquinas, los equipos, todo está en condiciones de volver a ponerse en movimiento conjunto, bajo las órdenes de gerentes emprendedores, para que todo vuelva a ser como antes.
La triste realidad es que ha habido, junto con la caída de la producción, una perdida grande de la capacidad productiva, que no está suficientemente cuantificada. Recuperar la pérdida de capacidad productiva, cuando ésta se ha perdido, es más difícil que recuperar los niveles de producción cuando la capacidad productiva se ha mantenido incólume. Para recuperar la capacidad productiva se requiere un esfuerzo muy grande de inversión financiera, inversión física e inversión en capital humano y se necesita tiempo. Por todo ello, se puede decir que el daño que la política económica le ha hecho al país es mucho más grande que lo que se mide por la vía del PIB y que la terapia de recuperación será mucho más dura y más larga que lo que puede suponerse a partir de la mera recuperación de la dotación de divisas con que cuente el país. 


martes, 27 de febrero de 2018

REPASANDO Y APRENDIENDO DE LA HISTORIA


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición  digital de TAL CUAL el día 28 de febrero de 2018)

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile, se realizaron cuatro consultas electorales o plebiscitarias a la población.
La primera de ellas fue para aprobar o rechazar la Constitución que había sido redactada en el seno del Gobierno; la segunda para consultar al país si estaban a favor o en contra   de la defensa de la soberanía nacional, frente a los ataques políticos de Estados Unidos; la tercera fue el plebiscito en el cual se decidía si Pinochet permanecía o no 8 años más en el poder; y la cuarta fue la elección presidencial en la cual fue elegido Patricio Aylwin como nuevo presidente de la Republica.
Los dos primeros sucesos fueron una farsa, una payasada, o en todo caso, eventos que nada tenían que ver con las justas democráticas que se desarrollan habitualmente en los países civilizados del planeta Tierra. No había posibilidades de plantear alternativas so riesgo de ser  detenido o desaparecido, no había posibilidad de que partidos o movimientos organizados pudieran hacer ver sus planteamientos adversos al punto de vista gubernamental, gran parte de los partidos políticos estaban ilegalizados y sus líderes perseguidos o encarcelados, no había acceso igualitario a los medios de comunicación social, no había libertad de pensamiento ni de expresión, habían cientos de presos políticos, habían millones de exiliados que no podían retornar a su patria ni siguiera para ejercer su derecho al voto, no había libertad para que fuerzas contrarias al gobierno se hicieran presentes formalmente en la mesas de votación, no había un poder electoral independiente, no había registro de posibles votantes,  etc. etc. Nadie en el mundo se tragó ni la forma ni el fondo de esos burdos shows montados por la dictadura. 
Los otros dos eventos - que signaron la etapa final de la dictadura, y sus grandes derrotas políticas -  fueron otra cosa. En el plebiscito de 1988 -  que fue el primero de estos dos últimos sucesos que estamos comentando – la oposición no tenía acceso igualitario a los medios de comunicación, y el gobierno hizo uso y abuso de los mecanismos de coacción de que dispone habitualmente una dictadura: presión a los empleados públicos, facilitación a sus adherentes para que se inscribieran en forma rápida y expedita en el registro electoral, dadivas y subsidios para comprar conciencias, control casi absoluto de los medios de comunicación, campaña del terror sobre lo que sucedería en el país si perdía el Gobierno, etc.
Pero la oposición contaba con varios puntos a su favor, en los cuales se hizo fuerte: unidad de la inmensa mayoría de los partidos y movimientos que habían liderizado la lucha contra la dictadura durante 15 años;  capacidad de contar con una cabeza pública que encabezara y movilizara la opción NO; apoyo y vigilancia internacional; fuerte y organizado apoyo en la población; capacidad de estar presentes y recabar actas del conteo de votos en todas la mesas de votación del país; capacidad de conteo paralelo y centralizado;  acceso parcial y modesto a la TV – quince minutos a las 12 de la noche- que se usó con excelencia y calidad.  Pero, aun así, no había seguridad alguna de que el triunfo sería de los demócratas, ni que ese triunfo sería reconocido y respetado. Habían indudablemente riesgos. Esos riesgos no se disiparon sino hasta las 2 de la mañana del día mismo del plebiscito, cuando finalmente los comandantes de las otras ramas las fuerzas armadas se negaron a apoyar a Pinochet en su intento último y desesperado de desconocer lo que ya todo el mundo sabía.
El resultado es conocido: Pinochet perdió el plebiscito y se vio obligado a dar curso, al cabo de un año, a una elección presidencial con alternativas plurales, en la cual la dictadura fue nuevamente derrotada, y se dio inicio a un proceso de transición a la democracia. La historia no se repite, y cada pueblo debe vivir su propia experiencia, pero siempre hay enseñanzas que son útiles de las experiencias ajenas.

jueves, 22 de febrero de 2018

UN POQUITO DE TRANSPARENCIA POR FAVOR


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 21 de febrero de )2018)

El Presidente Maduro, en su calidad de postulante a la reelección como Presidente de la República, ha dicho que de ser reelecto, él asegura la estabilización de la economía.
Esa aseveración es bastante interesante. En primer lugar, por cuanto es un reconocimiento expreso, del más alto nivel, de que la economía venezolana está “desestabilizada”, por decir lo menos. No se puede pretender estabilizar lo que ya está estabilizado. Solo la desestabilización presente amerita un proceso futuro de estabilización. 
En segundo lugar, si se parte de ese diagnóstico – la economía venezolana necesita de un programa de estabilización- ¿porqué no ponerlo en marcha de inmediato? ¿Por qué esperar tres meses más? Hay que recordar que aun cuando el Presidente Maduro perdiera las elecciones – lo cual es bastante difícil cuando uno compite solo- la entrega del mando solo se haría en enero de próximo año. Es decir, el Presidente Maduro, aun en el peor de los casos- para él - tiene 10 meses por delante como Presidente. ¿Por qué no poner en marcha desde ya el plan de estabilización que está prometiendo en su campaña presidencial?
El otro aspecto, quizás es el más importante, es informar al país sobre cuales son las líneas maestras de ese plan de estabilización que tiene en su programa presidencial. ¿Lo tiene listo? ¿Lo está diseñando? ¿Cuáles son las diferencias básicas con los muchos planes económicos que han visto la luz, con bombos y platillos, en los últimos cuatro años? ¿Hay algún diagnostico autocrítico respecto a porqué han fracasado los planes anteriores? ¿Hay un diagnostico autocrítico de que cosas se han hecho y se siguen haciendo mal? ¿Qué aspecto merecen la pena ser reformados? ¿Cuajes son los grandes virajes que caracterizan al nuevo plan? ¿O será más de lo mismo?
¿Pondrá orden en el déficit fiscal? ¿Pondrá al Banco Central a reducir la emisión monetaria desorbitada que lleva adelante hoy en día? ¿Ordenará las finanzas de Pdvsa de modo que su nómina mensual no dependa de la emisión del BCV? Si no pone orden en esos frentes, la hiperinflación seguirá su curso y el bolívar seguirá en caída libre.
En materia de régimen cambiario, se acaba de decretar el convenio cambiario número 39. ¿Se seguirá con lo que allí se establece, o el nuevo plan contempla algo nuevo al respecto? No parece que el convenio cambiario 39 haya detenido la devaluación sostenida del bolívar, con su consiguiente efecto inflacionario.  ¿El nuevo plan contempla algo nuevo en ese campo? Y si lo contempla, ¿porque no se estableció de una vez por todas aquello que se pretende establecer en materia cambiaria?
Un candidato que todavía no está al mando del coroto puede permitirse decir generalidades o expresar metas o aspiraciones generales sobre lo que piensa impulsar desde la presidencia, e incluso a ese tipo de candidato es dable exigirle un grado alto de concreción. Pero quien está al mando de la nación no puede permitirse esos mismos lujos. Tiene que decir en concreto que piensa quitar o poner a lo que ya ha venido haciendo en los últimos años. Más aun, no puede hacer campaña con planes de estabilización que están ocultos, pues el ciudadano de a o pie puede legítimamente sospechar que se trata de un programa que da miedo mostrarlo. Si es así, que Dios nos pille confesados.

sábado, 17 de febrero de 2018

LA DISCRECIONALIDAD COMO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 14 de febrero de 2018)

En los días finales del año 2017 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley denominada Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, la cual deroga en todas sus partes una ley sobre la misma materia que había sido dictada en el 2014 por el Presidente Maduro, en base a los poderes legislativos especiales y extraordinarios que detentaba en ese momento.  La ley de Maduro, a su vez, había derogado el decreto con fuerza de ley que había promulgado el Presidente Chávez en el año 1999. Es decir, se trata del tercer cuerpo jurídico relacionado con la inversión extranjera que se promulga durante el período bolivariano. En los tres casos, se trata de cuerpos jurídicos elaborados, aprobados y promulgado sin la debida discusión en los cuerpos legislativos existentes en la Republica.
La ley del 2017 merece ser analizada y debatida con profundidad por los agentes económicos y políticos del país, por la importancia que tiene la temática respectiva.  Pero hay un aspecto de esa ley que creo que debe ser conocido y subrayado desde el inicio.  La mayoría de las leyes y cuerpos jurídicos existentes en la inmensa mayoría de los países civilizados del planeta Tierra se establecen para generar disposiciones que sean de obligatorio cumplimiento por parte de todos los ciudadanos del país y/o por los extranjeros que se sometan a las leyes nacionales. Pero la ley de Inversión Extranjera Productiva establece en sus artículos 22 y 23 que los eventuales inversionistas extranjeros podrían ser objeto de una serie de tratos, beneficios e incentivos especiales según sea el criterio de las autoridades y órganos competentes.
El artículo 22 dice textualmente lo siguiente: “La inversión extranjera podrá gozar de condiciones favorables, beneficios o incentivos generales o específicos de promoción y estímulo según sean los intereses de desarrollo productivo del país”.  Esos beneficios especiales serán determinados por la vicepresidencia sectorial con competencia en materia económica.
Posteriormente, en el artículo 23, se especifica cuáles pueden ser esos beneficios especiales: desgravámenes, amortización acelerada, bonificación en impuestos, exenciones tributarias, exenciones arancelarias, condiciones crediticias especiales, acceso preferencial a insumos, tarifas especiales en servicios públicos y, como broche de oro, cualquier otro beneficio dispuesto por el Presidente de la República.
En pocas palabras, todo. Todo se puede conceder. Todo se puede hablar. Todo se puede solicitar. Si en esta materia imperará tanta flexibilidad ¿para qué era necesaria una ley? ¿Solo para derogar la ley anterior que era un poco menos elástica?

miércoles, 14 de febrero de 2018

EL PIB: NO GUSTA PERO ENTRETIENE


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS el día 8 de febrero de 2018)

En el Foro Mundial de Davos - donde se reúne la elite financiera y política del mundo actual - se ha lanzado un nuevo índice de crecimiento, denominado Índice de Crecimiento Inclusivo, que pretende medir una serie de aspectos de tipo cualitativo y cuantitativo que no son medidos adecuadamente por el Índice de Crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, que es el índice de crecimiento económico más universalmente utilizado para medir y comparar el resultado de la actividad económica de los diferentes países.
El malestar con el PIB no es nuevo. Ya años atrás, en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se ideó lo que se llamó el Índice de Desarrollo Humano, que también pretendía superar las limitaciones y deficiencias que acompañaban al PIB.  El Índice de Desarrollo Humano, que sigue publicándose y analizándose anualmente, incluye medidas como la evolución de la salud y de la educación, además de las medidas convencionales sobre ingreso, todas la cuales se suman en forma ponderada para generar el índice final.
El Índice de Crecimiento inclusivo incluye mediciones sobre las posibilidades de encontrar empleo, la esperanza de vida, el ingreso medio de los hogares, la tasa de pobreza, el peso de la deuda externa, e incluso sobre el grado en que se usa carbón en el seno de la economía y de las familias. Todo ello, debidamente ponderado, conduce al índice final.
El PIB parte de una idea central que es la fuente de su fortaleza y de su debilidad: el crecimiento de una economía se mide por la cantidad de bienes servicios que se producen en un territorio determinado, la cual a su vez se mide por el valor que estos presentan en el mercado. Hay algunos servicios - tales como los servicios gubernamentales, que no se venden en el mercado, y que no tienen por lo tanto un precio de mercado - que se valoran de acuerdo a ciertos procedimientos convencionales. Pero la idea fuerza fundamental sigue siendo que tiene valor todo aquello que se puede comprar y vender en los mercados. Este indicador, así concebido, no se mete a analizar si el ingreso está bien o mal distribuido, o si la gente está contenta, o se sirve o no lo producido para generar una vida sana y productiva.
Pero para bien o para mal, el PIB tiene detrás de sí un cuerpo de teoría económica de bastante peso, en la cual confluyen las corrientes de más relevancia en el campo de la ciencia económica en los últimos 100 años: el pensamiento neoclásico, por un lado, que aporta la concepción del valor, y la teoría keynesiana, por otro, que aporta la relación entre las variables macroeconómicas fundamentales. Aun siendo válidas las críticas que se le formulan a este indicador, los índices alternativos carecen de un fundamento teórico tan sólido y se limitan a incorporar aspectos cualitativos de la realidad social - que son necesarios de incorporar o de analizar en todo análisis de la realidad nacional - pero que no logran tener una base conceptual suficientemente buena.
En todo caso, el recientemente estrenado Índice de Crecimiento Inclusivo está encabezado por Noruega, y le siguen Islandia, Suiza y Dinamarca. Estados Unidos - icono del mundo occidental – se ubica en el lugar 23, dentro de los países desarrollados, en este índice elaborado por el Foro Económico Mundial. Entre los países en desarrollo, Panamá es el primer país latinoamericano que tiene figuración en este índice, ubicándose en el lugar 6 entre los países en desarrollo, seguido de cerca, por Uruguay, en el lugar 8, y por Chile en el lugar 9. Se analizan un total de 113 países, entre los cuales no figura Venezuela.

miércoles, 7 de febrero de 2018

LA ACEPTABILDAD DEL PETRO


(Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital de TAL CUAL el día 7 de Febrero de 2018)

¿Los tenedores de efectivo, aceptarán entregar divisas - dinero libremente convertible y aceptable a nivel internacional - a cambio de los petros que comenzó a emitir recientemente  el Gobierno de Venezuela?
Depende. Si los petros son nominados en bolívares, solo serán aceptados dentro de las fronteras de Venezuela, y eso incluso a regañadientes e imponiéndose una tasa de descuento por las dificultades que entraña esa generosa aceptabilidad, pues la credibilidad de las finanzas públicas venezolanas no está muy alta que digamos.  
Es posible que muchos agentes económicos internos se vean obligados a aceptar los petros a cambio de deudas que el Gobierno tenga con ellos -prestaciones, facturas impagas, amortizaciones de títulos, etc. - y en el esfuerzo por deshacerse de estos activos, sus nuevos y obligados dueños harán bajar rápidamente su precio de mercado.
Pero si los petros son nominados en dólares, entonces las cosas son diferentes. Se abrirían allí dos opciones, por lo menos. En primer lugar, que sean papeles nominados en dólares, pero vendidos en bolívares, con lo cual el Gobierno no ganaría ni un solo dólar - aun cuando recogería una buena cantidad de bolívares del mercado - y los compradores de esos títulos – básicamente venezolanos -  si tienen la paciencia y la confianza necesaria, habrán hecho al final del día una operación gananciosa, pues comprarán papeles baratos que se convertirán en dólares dentro de algunos años, siempre y cuando al gobierno le vaya bien política y económicamente.  
Pero un empresario o comerciante de cualquier lugar del mundo, que exporte mercancías a Venezuela, probablemente no aceptará a cambio de las mismas sino divisas libremente convertibles.  
Pero en el mercado internacional existe una fauna muy variada, entre la cual se cuentan aquellos que tienen la capacidad de comprar barato hoy en día papeles que el mundo entero desprecia, pero que al cabo de algunos años se convertirán a efectivo constante y sonante, si los vientos de la historia y de las finanzas soplan favorablemente para ellos. Son apostadores natos. Creo que esos serían los únicos que podrían comprar hoy en día los famosos petros. Los que tienen títulos y/o bonos de PDVA y/o del Gobierno venezolano no parecen estar en condiciones de aceptar que se les pague en petros. Las deudas con gobiernos - fundamentalmente los gobiernos ruso y chino - aun cuando son muy enigmáticos, difícilmente aceptarán petros a cambio de las deudas que se tiene con ellos, pues ya pasaron los tiempos en que se hacían favores con la capacidad financiera de esos países en nombre de la solidaridad internacional. Ahora hacen negocios. Así que la aceptabilidad internacional del petro se ve bastante oscura, por decir lo menos.